En representación del estudiantado las universidades, Central, Santa María, y Católica, Marco Aurelio Quiñones, secretario General del Centro de Estudiantes de Economía de la UCV, entregó hoy un documento en la Defensoría del Pueblo en el que solicita la nulidad de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia planteada por el gobierno. "Hoy nuevamente nos vemos acechados por este Gobierno autoritario que de manera sectaria, y siguiendo su modelo castrista, pretende meternos esta ley de contrabando".

Recordó que el 2 de diciembre de 2007 el pueblo dijo que "No quería ver vulnerada la Constitución Nacional", sino que se respetaran sus artículos. "¿Y qué es lo que vemos hoy? Que esta ley afecta directamente el derecho a la información".

Ejemplificó que este derecho se ve cercenado cuando se especifica en el artículo 19 que los mecanismos de investigación que se hagan "sólo pueden ser hechos por los institutos de inteligencia del Estado".

"Es decir que si el día de mañana el Gobierno obvia otro tema como el caso del maletín (con 800 mil dólares que se intentaron ingresar ilegalmente a Argentina), donde se montaron los canales en pro de informar qué es lo que realmente pasó, eso será visto como un delito con penas de 2 a 4 años".

Espera con buena voluntad "tener una respuesta de la Defensoría", pero advirtió que si no son escuchados acudirán a organismos internacionales, además de reunirse con sectores políticos y civiles de Venezuela.