El Carabobeño - Alfredo Fermín Francisco Alves, reconocido por su solvencia como trabajador del acero, se decidió a ponerse en huelga de hambre, siguiendo el ejemplo de Franklin Brito, para defender los derechos que tiene en dos hectáreas de terreno, en jurisdicción del municipio San Diego, donde mantiene su taller de trabajo, que le van a ser expropiadas por órdenes de Juan Carlos Loyo, presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti). No voy a comer, ni me voy a mover de este sitio, voy a tomar líquido. Espero el apoyo de los medios y de la gente. Esta no es una posición política. Lo que quiero es que se restituya la legalidad y se acabe la vagabundería de las mafias del Gobierno que se están repartiendo las mejores tierras del país. Vestido de negro, en señal del duelo por la muerte de Franklin Brito, el señor Alves, de pelo canoso y contextura fuerte, hizo la afirmación con una gruesa cadena en el tobillo, que se extiende a un horcón del taller, donde le acompañan dos trabajadores y unos perros finos. Francisco Alves Félix, de 59 años, nacido cerca Lisboa, vino hace 26 años a Venezuela donde formó su familia y fundó un taller para procesamiento industrial del acero. En su galpón fueron procesadas estructuras para el Forum, la Torre Inteligente del BOD, el auditorio de La Hacienda Country Club y continúa haciendo trabajos para Pdvsa. Con su trabajo adquirió, en dos oportunidades, al abogado Julio León, 7 hectáreas, 27 mil metros cuadrados aproximadamente en el parcelamiento industrial Dumsa, antigua hacienda Mozanga, al pie del cerro Monte Oscuro de la fila Macomaco, aledaño al norte de la Autopista Regional del Centro, en el tramo Valencia-Guacara, jurisdicción del municipio San Diego. Desde hace cuatro meses, invasores profesionales comenzaron a amenazarlo y ocasionar destrozos en su propiedad por lo cual, la maquinaria pesada del taller debió a trasladarla a Puerto Ordaz, donde realiza trabajos para Sidor. Los destrozos, ocasionados por los invasores, fueron tantos que se aprecia la deforestación que hicieron sin ninguna consideración por los recursos naturales renovables. Teníamos un manantial de agua potable y por la tala de los árboles acabaron con él. Un hecho punible Ante el acoso de los invasores, Alves se dirigió al general Clíver Alcalá Cordones, para ese entonces comandante de la 41 Brigada Blindada, quien dirigió una comunicación a Lissett López, fiscal superior del Ministerio Público, del Estado Carabobo, expresando preocupación por la presunta comisión de un hecho punible, de carácter penal para que emitiera oportuna respuesta. La fiscal auxiliar 27 del Ministerio Público ordenó abrir un expediente sobre la comisión de los hechos punibles de que se trata y lo concerniente a la participación y las diligencias destinadas a lograr el aseguramiento de la perpetración de los delitos. En respuesta a la Fiscalía, Juan Carlos Loyo, jefe del Inti, emitió un cartel de notificación anunciando el inicio de un proceso de rescate de las tierras que ocupa el predio Sociedad Metalúrgica Civil Somecil, nombre de la empresa de Alves, ubicada en el sector Valle Mozanga, en el municipio San Diego. El Inti argumenta que, de acuerdo con los artículos 39, 82, 84, 85, 125 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, inició el procedimiento administrativo de rescate de tierras por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública. Con el mencionado cartel fue acordado también una medida cautelar de aseguramiento sobre el lote de terreno y se ordenó, a la Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo, coordinar el ingreso del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), el lote de terreno en cuestión, con motivo de llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario que lleva adelante el Gobierno Nacional. ¿Cuáles son sus razones para hacer tal afirmación? - Estos terrenos costarán mucho dinero, por lo cual hay mafias que quieren apoderarse de ellos. Para eso están enviando, a personas humildes, a invadirlas con el cuento de que quieren cultivar la tierra, cuando éstos no son terrenos agrícolas ni van a ser utilizados para ellos. Lo que ellos harán será repartírselo para sus negocios. A mí que no me vengan con otro cuento. Esta es una situación ilegal, de delito. Desde hace cuatro meses, me tienen a monte. A los galpones de mi propiedad, les quitaron los techos y las instalaciones eléctricas, el cableado y hasta saquearon un contenedor. Aquí solo, en este monte, ¿que podrá usted lograr, cuando, en Caracas, a Franklin Brito lo dejaron morir por la misma causa? - Aquí me van a ver, la gente se va a movilizar. Yo soy una persona de trabajo y la gente me conoce. Si no vienen para acá yo voy para otra parte. La muerte de Franklin Brito es un ejemplo. Estamos de luto y vamos a seguir de luto para hacer valer la honestidad y la dignidad de los derechos de los ciudadanos. No podemos seguir tolerando tanta injusticia, tanta arbitrariedad. Mis armas son el derecho, la justicia, la honestidad y la dignidad. Si pasan por encima de mi cadáver dejaremos un ejemplo como el de Franklin Brito. Amenazado por funcionaria Alves cuenta que fue al Inti a entregar la documentación que lo acredita como propietario de la mencionada extensión de terreno. En la última oportunidad, el viernes, lo atendió una doctora de apellido Jiménez, quien dijo que, si es necesario, pasará por encima de su cadáver para rescatar las tierras. Aquí no hay ningún rescate que hacer porque esta propiedad tiene 176 años de tradición legal, afirma Alves mientras muestra documentación legal, títulos de propiedad, el registro de la compañía, la ficha catastral, el plano del terreno, la cadena titulativa. Esta tierra fue decretada por el Gobierno Nacional en 1983, por decreto 2.239, estableciendo un plan rector para el desarrollo de la cuenca del Lago de Valencia, en lo relacionado con la expansión urbana industrial, publicado en Gaceta Oficial 3.268 del 29 de octubre del 83 que determina que el sector de Muzanga es zona industrial, no es zona agrícola ni urbana. Considerando que sus derechos le están siendo violentados flagrantemente, Francisco Alves se puso en huelga porque considera que la decisión del Instituto Nacional de Tierras es inconstitucional, arbitraria. No voy a tolerar más abusos. Tengo cuatro meses en esta zozobra para mí y para mi familia que está preocupadísima. Ya está bueno de pasar por encima del cadáver de las personas. Afirma que, desafortunadamente, el terreno de su propiedad está, justamente, donde será construido el muelle seco y el terminal del ferrocarril Valencia-Puerto Cabello, al norte de la Autopista Regional del Centro, en el tramo Valencia-Guacara. Bajo la espada de Damocles Acosado por el constante riesgo de que lo secuestren, el ganadero venezolano Gustavo Martínez vive como si fuera un fugitivo; nunca avisa cuando se dirige a su finca, siempre altera las horas en que viaja, frecuentemente cambia las rutas y mantiene un ojo puesto en el espejo retrovisor para ver si lo están siguiendo, reseñó el periódico El Nuevo Herald, de Miami en su edición de este domingo 5 de septiembre. Y es que la inseguridad personal -en un país considerado como uno de los más peligrosos de América Latina- es un tema de gran preocupación entre los ganaderos, especialmente en el sur del Lago de Maracaibo, donde vive Martínez, y donde la industria del secuestro se encuentra en pleno apogeo. Pero es el temor a que le expropien sus tierras, bajo posesión de la familia Martínez por más de tres generaciones, lo que más le quita el sueño a este productor agrícola y agropecuario de 56 años. No hay quien te garantice la propiedad, dijo Martínez a El Nuevo Herald en una entrevista telefónica. El gobierno dice que la tierra es del Estado, que no tiene dueño (. . .). Es muy duro ver que lo que fue parte de tu tradición familiar pase a manos de unos facinerosos porque están bien con el gobierno. Como Martínez son miles los productores agropecuarios y empresarios de otros sectores los que sienten estar viviendo perennemente bajo la espada de Damocles en Venezuela y que tratan de sobrevivir en un ambiente que es cada vez más hostil, marcado por una alta volatilidad económica, la inseguridad personal, políticas gubernamentales que desestimulan la inversión privada y una constante amenaza de que sus activos sean expropiados. Expertos advierten que los riesgos para el empresariado podrían ser aún mayores con una victoria del oficialismo en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, ante la promesa del presidente Hugo Chávez de que radicalizará más su revolución socialista de salir airoso en los comicios. Economistas consultados por El Nuevo Herald dijeron que hay muy pocas dudas en Venezuela de que eso es precisamente lo que el mandatario se propone hacer. Todo el mundo se lo espera, afirmó Asdrúbal Oliveros, director de la firma de asesores Ecoanalítica. Eso es lo que ya ha venido haciendo, con toda una aprobación de leyes que ha venido tomando esta Asamblea Nacional, algunas que ya han sido aprobadas y otras que están en discusión. El grueso de estas nueva leyes buscan reemplazar los espacios actualmente ocupados por el sector privado por empresas comunales operadas bajo una estrecha vinculación con el Estado, bajo un esquema denominado por el gobierno como propiedad social o propiedad comunal. Una vez que ese esquema ya esté creado, Oliveros dijo que Venezuela podría ver una mayor ola de expropiaciones, acentuando aún más la incertidumbre del empresariado. El empresario venezolano se levanta hoy en día con dos cosas en la cabeza. La primera de ellas es: ¿Seré yo la próxima víctima de una expropiación, de una nacionalización? Y la segunda: ¿Podré obtener las divisas para los trámites de importación o de compras de insumo? Porque al problema ideológico hay que sumarle el problema de una profunda escasez de divisas que está viviendo Venezuela en los últimos meses, indicó Oliveros.
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