En la alta madrugada se está bañando, habla solo, se ríe, piensa: tengo una escalada de conflictos como maniobra divergente, me da la gana y eso es la revolución. La consecuencia es la expropiación de empresas, transportes de alimentos detenidos de manera arbitraria y periodistas amenazados por ejercer su derecho constitucional a la información. Esta es la fórmula criolla de entender la gobernabilidad, dentro del manto de protección del control de todos los poderes y del socialismo del siglo XXI que está por construirse: un rompecabezas de diez mil piezas, que se colocan de forma arbitraria sin importar el resultado final.

El maestro le explica a sus alumnos que un ser humano es cabeza, cuerpo, extremidades, ideas y corazón; si falta una parte el organismo ya no funciona en un cien por ciento y el rendimiento es negativo. Esa es la realidad cotidiana de la nación, donde los vinculados al oficialismo son ciudadanos de primera, los integrantes de la oposición política, empresarios, Iglesia y estudiantes ciudadanos de segunda, y por último, existe el sector aborrecido de los traidores, que se retiraron del proceso y ahora son ciudadanos de tercera.

Cómo entender y cómo explicarle a periodistas internacionales, analistas e inversionistas, que estamos en manos de una gobernación inescrupulosa, contraproducente para la sociedad y el costo agregado de tantas improvisaciones y el ejercicio del ensayo y error sobre cantidades mil millonarias, sin tomar en cuenta los 37 mil millones de dólares regalados en el exterior. La regla elemental de la solidaridad exige resolver primero los problemas de la familia venezolana y después pensar en la caridad o en la estrategia política, porque las expectativas crecen ante la magnitud de los ingresos.

El conflicto está presente en el vocabulario del régimen, actuaciones, avances y retrocesos urdidos con mala fe, mientras la gobernabilidad se diluye en lo alto de los cerros, sin autoridad policial, ni derechos humanos; por eso grupos de delincuentes pueden asesinar, cobrar peaje y decidir sobre el destino de tantas personas necesitadas, porque en los barrios se vive dentro del miedo. Hay motorizados que se dicen socialistas y disponen de armas, celulares y patente de corso. Cuesta salir a trabajar, cuesta regresar y cuesta sobrevivir.

Se aprueban 26 leyes sin que el país nacional haya participado en su elaboración, nadie fue consultado y aún no se conocen en detalle, ya que lo único que ha llegado al gran público son tips referidos a la expropiación sin un procedimiento previo, el quinto componente de la Fuerza Armada que vulnera disposiciones concretas de la Constitución, el trueque como descubrimiento del siglo y el acorralamiento de la actividad productiva. El régimen aplasta a la Carta Magna porque las revoluciones no pueden ser democráticas.

Esa tesis de un gobierno que impone sus propias reglas, está por encima de la Constitución y aplica la metodología del a como dé lugar, es el resultado de un régimen que cultiva la crisis y la abonan con desplantes y amenazas, ya que la radicalización está en su naturaleza y la hegemonía es su norma de conducta. Así lo ha dicho, en entrevista a página completa, el ministro de Comunicaciones.

En este sistema aclamacionista, plebiscitario, autoritario y con visos de totalitarismo sui generis, se construyen menos viviendas de interés social, la percepción de inseguridad alcanza la cota del 80% y una estructura paralela invade lo educativo, la salud, lo militar y lo político: el que se oponga es un traidor a la Patria y un contrarrevolucionario.

Es público y notorio que las protestas brotan y crecen como hongos y están liderizadas por los dirigentes naturales de los barrios, muchos de ellos vinculados con el oficialismo. ¿Por qué no escuchan sus planteamientos? La explicación es sencilla, el ruido de la revolución es ensordecedor y el conflicto un abrazo del oso que inmoviliza la gobernabilidad.

Es insensato que quieran patentar ese producto masificado, ofrecido a diestra y siniestra, de la gobernabilidad como conflicto, un desastre que beneficia a pocos, engaña a muchos y abandona al resto de ciudadanos, que no termina de entender la lógica del precipicio. Peor aún, el conflicto se está llevando en los cachos hasta la ideología y todavía no se han dado cuenta. La respuesta cívica es concurrir a las urnas masivamente, en rechazo de la Ley de la Selva, para reconstruir el país y rescatar las libertades.

Juan Martín Echeverría
El Universal