En San Salvador la problemática del transporte público se debe a muchos factores pero principalmente responde a la negativa de los agentes económicos, políticos e institucionales por resolver dicha situación. El entramamiento que existe entre el sector de transportistas públicos y el vínculo partidario doblegan cualquier intento de regulación por parte de las instituciones y de sus respectivos funcionarios.

El status quo de estos agentes voraces es tolerado por una sociedad poco solidaria y poco exigente de sus derechos ciudadanos dividida en tres grupos: un primer grupo - mayoritario- de personas poco informadas, con bajos niveles de escolaridad y de ingresos, extremadamente conformistas y principalmente obreros; un segundo grupo de profesionales asalariados, estudiantes y pequeños empresarios usuarios del sistema con un nivel de ingresos modesto y que no disponen de un vehículo propio de manera permanente; y un tercer grupo - minoritario- de profesionales y empresarios con altos ingresos, con vehículos propios y no usuarios. La sociedad sufre esta situación a diario y desde siempre por lo que han terminado adoptando el sistema sin cuestionarlo de manera seria ante la impotencia que representa para ellos ejercer presión a sus demandas ante algo que a todas luces no está bien.

Ni el gobierno ejecutivo, ni el gobierno municipal , ni la empresa privada, ni la sociedad civil en su conjunto han dado muestras de tener la capacidad, el compromiso y la voluntad de ejecutar soluciones que ordenen el sistema de transporte público.

La infraestructura metropolitana ha heredado la falta de planificación urbana de carácter científico para ordenar el crecimiento demográfico desde sus inicios, lo cual no le ha permitido - partiendo de esta base social- la implementación de nuevas tecnologías para aprovechar todo su potencial económico que eventualmente pudieran mejorar los niveles de vida de su población.

La optimización de los espacios y la organización para establecer un orden definido es una tarea fundamental que toda sociedad debe incluir en sus normativas para asegurar desde hoy los beneficios futuros que se pueden capitalizar.

El nuevo orden global presenta verdaderos desafíos energéticos para la sostenibilidad y sustentabilidad de las sociedades, debido entre otros factores a los patrones de consumo y al crecimiento poblacional. Partiendo de lo anterior se desprenden los siguientes tópicos para solventar el problema del transporte público como una actividad necesaria de primer orden para la generación de riqueza.

Soluciones propuestas:

Institucionalidad

Normativa que regule el transporte público de pasajeros

Independencia en su gestión

Contraloría y Transparencia

Modernización de Infraestructura

Ejecución del proyecto de Metrobús

Ejecución del proyecto de Metro Subterráneo

Autobuses y Microbuses

Certificados de concesión de líneas

Depuración de rutas de servicio

Revisión técnica de las unidades

Entrenamiento y capacitación de motoristas

Prohibición de circulación en el centro histórico

Señalización vial

Sistemas alternativos

Sistema de taxis con tarifa preferencial

Promoción del uso de bicicletas

Otras consideraciones

Reubicación de vendedores del sector informal

Diseño de rutas turísticas en el centro capitalino

Aspectos de seguridad ciudadana

Financiación

Organismos Internacionales de Cooperación

Instituciones Financieras Internacionales

Fondos propios

Beneficios

Eficiencia en los tiempos de transporte

Oportunidad modal a otras fuentes de transporte

Ciudad más limpia

Impulso del desarrollo turístico

Descentralización en el servicio público

Mejora en la prestación del servicio

Ahorro energético

Disminución de la polución del aire

Retos

Romper la tradición de intereses sectoriales

Demostrar y comunicar los beneficios

Tiempo de ejecución

Período de ajuste

La construcción de un Metro capitalino dinamizaría directamente la industria de suministros eléctricos, cemento, hierro, acero, materiales de construcción, plásticos, demandaría una sorprendente fuerza laboral que tenemos disponible: la contratación de profesionales multinivel y muldisciplinarios, obreros; indirectamente ayudaría al sector informal, principalmente a los puestos de comida (se extiende al maíz, arroz, azúcar, verduras, bebidas gaseosas, las comerciales de electrodomésticos, etc) y un efecto multiplicador propio de las inversiones de infraestructura de beneficio social (centrales hidroeléctricas, de telefonía, agua potable, carreteras). Una vez terminado resolvería las necesidades de un medio de transporte que mejore la eficiencia en tiempo y costo, es más accesible y menos contaminante. La regulación permitiría nuevos mercados para su explotación como el caso del turismo en el centro histórico y municipios adyacentes, se revalorarían los inmuebles y los bienes raíces discriminarían las barreras del transporte (se reducen notablemente) en la búsqueda de nuevos clientes. La inversión extranjera encontraría incentivos para desarrollar otros proyectos polos de desarrollo: comerciales, industriales y turísticos.

Ciertamente un proyecto de estas dimensiones toma algún tiempo desde su planeación hasta su finalización, requiere grandes montos de inversión y ocasiona incomodidades en su etapa de ejecución pero hay que ver los beneficios, hay despojarse de la mentalidad de escasez, la flojera de no ver el mañana y salir a buscar las fuentes de financiación. Hay que comenzar.

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