Sede de la Secretaria de Trabajo.

La entidad jesuita expresó que los planteamientos hechos por este sector son violatorios de los derechos internacionales que protegen a los trabajadores contemplados por la Organización Internacional del Trabajo-OIT. Al mismo tiempo consideró que las propuestas constituyen un retroceso en materia laboral, que atenta contra los derechos adquiridos por los trabajadores.

"En estos tiempos de crisis, la propuesta del sector empresarial profundiza la incertidumbre que tiene la población ante este tema. En un país con un 7, 663,945 de personas en edad de trabajar, con más de un 55% de personas en el sector informal y con un desempleo de 14.2%. Y que es una materia pendiente en la que tiene que responder el Estado", indica el Centro Bonó en comunicado de prensa.

En lo que respecta a la cesantía, el Centro Bonó, destacó que la naturaleza de esta es la de reparar el perjuicio que se le causa a un trabajador por el despido por parte de su empleador y constituye un derecho de la persona que ha realizado largas jornadas laborales en las empresas donde, además, invierte todas sus capacidades.

"Esta propuesta pone en riegos hasta el mismo sector, ya que la gente al no tener una garantía económica al momento de ser despedido, puede moverse de un empleo a otro, llevando a la inestabilidad tanto la empresa como la economía del país", manifestó la organización cívica.

Asimismo, la institución expresó, que la proposición de despenalizar las acciones violatorias de los empresarios causaría mayor vulnerabilidad a la población. "De hecho, si los empleados tienen que ir al tribunal es una consecuencia del no cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los empleadores", sostuvo la organización de la sociedad civil.

Consideró que es una conquista del sector sindical que lejos de restringirse debe ampliarse y que la mayor cantidad de gente conozca los mecanismos en los que puede denunciar sus casos.

El Centro Bonó dijo que si las propuestas hechas por el sector empresarial son aceptadas por las autoridades estales, estas últimas se convertirían en cómplices en la legalización de prácticas de abuso y violación a los derechos de la población trabajadora.

En ese sentido considera necesario que el Estado garantice que la gente tenga sus prestaciones y laboren con un salario justo, en condiciones laborales dignas.

También promovería la promoción de los flujos migratorios, tanto de entrada como de salida, ya que la gente estaría dispuesta a abandonar su espacio para buscar mejores condiciones de vida en otras playas, lo que provocaría mayor necesidad de mano de obra extranjera, en condiciones laborales indignas.

La organización de la sociedad civil reclamó de la Secretaría de Estado de Trabajo se reúna con el sector empresarial y la sociedad civil para discutir la propuesta en un diálogo abierto y profundo, cuyos resultados favorezcan a la población y no al interés de los más pudientes, que históricamente han sido los más beneficiados en el país.