La subcomisión de Denuncias del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), designó como relator para estudiar el caso de las inhabilitaciones en Venezuela al diputado uruguayo Jorge Orrico. Este parlamentario finalizó su informe, en el cual cuestiona la legalidad de las referidas sanciones.

De acuerdo con el texto de este informe -obtenido por El Universal-, se resalta que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, "ampara la aplicación de una sanción muy grave por órgano administrativo, 'sin que medie ningún otro procedimiento", por lo que señala que "habrá que determinar, entonces, hasta qué punto una disposición de ese tenor no agrede las normas del debido proceso".

Asimismo el informe señala que deberá determinarse si la citada Ley, "no colide" con el artículo 65 de la Constitución de la República " que establece que: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados (&) por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público ...)".

Indica, además, que el Código Penal Venezolano establece que "Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto por la ley (&)", por lo que, según el diputado Orrico, "es claro entonces que no hay delito sin ley penal y, tan importante como esto, por aplicación elemental del principio de separación de poderes, es al Poder Judicial y no un órgano administrativo a quien le compete determinar la existencia o no de un delito".

El Parlatino se avocó al conocimiento del caso luego de que el alcalde de Chacao, Leopoldo López, interpuso la denuncia en esa instancia.

El embajador Adolfo Taylhardat, representante del Grupo 400+ (G400+) -quien perteneció a la subcomisión de Denuncias del Parlamento Latinoamericano-, refiere que "es interesante que el diputado que está encargado de la relatoría del caso -Jorge Orrico- sea un diputado del Frente Amplio de Uruguay, que tiene cierta identificación con el chavismo".

Tayhalrdat explicó que el informe debe ser considerado por la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Política Carcelaria del Parlatino.

Según el embajador, en caso de que se apruebe el informe, la Comisión puede hacer un llamado a las autoridades de Venezuela a través del Parlamento venezolano para que influya sobre los órganos que han dictado las decisiones -en este caso la Contraloría-. "Sabemos que eso en Venezuela no va a ocurrir, pero la Comisión tiene la posibilidad de elevar el caso ante la Comisión Interamericana de los derechos Humanos", lo cual potenciaría la denuncia de López ante esa instancia.

El Universal