JUECES SUPREMOS DEBEN RENUNCIAR

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Por: Ángel Veras Aybar

La decisión tomada por los miembros de la Suprema Corte de Justicia en torno al recurso de inconstitucionalidad del sonado caso de la Sund Land hace que los jueces del máximo tribunal se vean en la necesidad de presentar sus renuncias, esto como una forma de no terminar de morir en vida.

El fallo mediante el cual los jueces de la SCJ rechazan el recurso o lo declaran inadmisible por falta de calidad de los impetrantes, viene a profundizar el estado de deterioro institucional del país, pues reiteran la verdad supra-indicada de que no existe tal independencia de poderes, sino que el Poder Ejecutivo absorbe a los demás.

Con su decisión dividida, pero con 13 de 16 a favor de la posición ilegal del gobierno, la SCJ se confirma en el hecho de que quieren seguir dominando la estructura judicial y para eso deben complacer al gobierno central a fin de evitar que una futura reforma los saque del control judicial.

Los jueces de la SCJ debieron abandonar sus puestos desde el año 2001 fecha en la cual concluyeron su periodo constitucional, pero ocurre que se dieron una auto-interpretación de la ley de Carrera Judicial y se han prolongado desde el año 1997 hasta hoy, esto sin importarle la violación constitucional, en lo que respecta a los artículos 63 y 67 relativos a la duración e inamovilidad de cuatro (4) años. La actitud que estos jueces han asumido frente a un escándalo que debió costar el cargo al Presidente Fernández, sólo se explica si tomamos en consideración, el hecho de que ellos mismos han violentado la Constitución y han mal interpretado las leyes.

El país no puede esperar nada bueno de una SCJ que está auto-chantajeada, misma que ha estado caracterizada por el nepotismo, el tráfico de influencia, la falta de independencia de los jueces de las jurisdicciones inferiores, entre otras fallas criticadas a la gestión que sucedieron en 1997.

Por ahora lo que procede es la renuncia de los miembros de la SCJ a fin de que puedan dar paso a jueces que estén en la capacidad y la firmeza de administrar justicia en bien de la colectividad y no para complacer peticiones como han hecho los actuales. Además de que el país requiere de un proceso de fortalecimiento de los derechos ciudadanos y no de jueces que tiendan a negar tales derechos como hicieron los magistrados actuantes en el recurso de inconstitucionalidad del contrato de préstamo de la Sund Land

23 de diciembre 2008.