El juicio acusatorio oral, podemos decir que ha adquirido carta de naturalización en las diversas legislaciones de los países de Latinoamérica, procurando con ello obtener un proceso que tiene como característica fundamental la de brindar una amplía protección a la víctima e incluirla como parte principal en todas sus fases. Se opone así al sistema inquisitivo en que la víctima no tiene participación alguna o si la tiene queda reservado como simple espectador y constreñida a la reparación del daño.

La introducción del juicio oral en los países latinoamericanos no ha sido simultánea, sin embargo, en los últimos quince años se apresuró esta figura procesal penal con el fin de implementarlo de acuerdo con las características de cada país.

La concepción de la existencia de un juicio pleno parte en primer orden de la necesaria y absoluta distinción entre la facultad de acusar y la de juzgar y aquí comienza a vislumbrarse en cualquier legislación el principio acusatorio que debe regir el juicio oral.

Para cumplir estos fundamentos del juicio pleno y salvaguardar una verdadera forma de enjuiciar acusatoria, se ha concluido que la vía más efectiva es la oralidad, vista ella no como un principio en sí mismo, sino como una regla o instrumento que permite el fiel cumplimiento de los apuntados principios que rigen el juicio oral por encima de los sistemas escritos que no incorpora aquellos que plenamente se cumplen en un proceso oral.