La continuada caída del precio de la cesta de petróleo venezolana, que en dos meses ha perdido más de $40 el barril, podría reducir los ingresos fiscales de Venezuela a un nivel crítico para el gobierno, según expertos.

El crudo venezolano pasó de $127 el barril a mediados de julio, a $83 al cierre de esta semana, y podría ubicarse en $70 o menos a fines del 2008, estimaron especialistas consultados por El Nuevo Herald.

En un gobierno con vocación de gasto público, que ha hecho aumentar la burocracia estatal a poco más de 2 millones de empleados, según informes independientes, la baja del precio del petróleo significará menos fondos para gastos cada vez mayores en proyectos sociales y en empleados públicos, que en parte alimentan la popularidad de Chávez.

Esta semana el propio gobierno admitió que el gasto público podría haber llegado a su límite cuando Hugo Chávez anunció que aunque no piensa frenar proyectos, es necesario que el país ahorre y gaste sólo en lo necesario.

Es necesario ?buscar la mayor eficiencia en el uso de los recursos, no gastar nada que no se deba gastar?, dio Chávez el miércoles, asegurando a su vez que Venezuela no sufrirá los efectos de la crisis financiera que afecta a Estados Unidos.

"Tenemos que tomar todas las medidas para que no nos vaya a afectar y una de ellas es ahorrar, gastar lo necesario. No se trata de frenar ningún proyecto, pero gastando sólo lo necesario'', explicó Chávez.

El vicepresidente Ramón Carrizalez, dijo el jueves que el gobierno se verá obligado a reestructurar el presupuesto del próximo año sobre la base de un criterio de ??austeridad'', un término raramente empleado por un alto funcionario del gobierno en los últimos años.

Los rumores de una posible devaluación de la moneda dispararon esta semana el valor del dólar paralelo a más del doble del cambio oficial, a 5 bolívares fuertes por unidad, una señal de que el gobierno estudia otras opciones para recaudar fondos si el precio del crudo sigue bajando.

"Estamos al comienzo de una etapa de baja del petróleo'', advirtió recientemente Domingo Maza Zavala, ex director del Banco Central de Venezuela y considerado uno de expertos económicos más destacados de Venezuela.

"¿Hasta dónde llegará?", se preguntó, para responder que los ingresos del petróleo "tienen que cubrir las necesidades fundamentales del país en materia de importaciones y pagos al exterior, porque de lo contrario tendríamos a las puertas una crisis de balanza de pago que sería de pronóstico reservado''.

Maza Zavala advirtió esta semana que el 60 por ciento de la administración pública "está de más'' y genera presión sobre el gasto público.

El petróleo a un precio de $80 el barril podría marcar el punto crítico para la sustentabilidad del alto nivel de gasto del gobierno venezolano, que exporta a precios preferenciales importantes cantidades de crudo y derivados a más de dos decenas de países en América Latina y otras partes del mundo.

''Por debajo de $80 dólares el barril el gobierno ya no tendrá la holgura para gastar'', declaró a El Nuevo Herald el economista independiente Orlando Ochoa.

El gobierno podría verse obligado a reducir o incumplir los acuerdos de ayuda petrolera o financiera que ha asumido en los últimos años, principalmente con naciones latinoamericanas, como el caso de Honduras, que firmó recientemente un convenio de ayuda por $300 millones al año con el gobierno de Chávez.

Por otra parte, según expertos no es probable que la producción de petróleo aumente en el futuro cercano, aunque Venezuela logró aumentar sus reservas añadiendo el crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Aunque el gobierno afirma que produce unos 3.4 millones de barriles diarios de crudo, el consenso general entre expertos y organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía, es que la producción real de Venezuela alcanza apenas 2.3 millones de barriles diarios.

De este total, Venezuela obtiene gana dinero íntegramente sobre apenas un millón de barriles, porque 600,000 barriles se dirigen al consumo interno altamente subsidiado, 300,000 van a Petrocaribe con fuertes descuentos y otros 400,000 se comparten con socios de Pdvsa --la petrolera estatal venezolana-- como la norteamericana Chevron, la española Repsol, la rusa Lukoil y la brasileña Petrobras, explicó el experto petrolero Horacio Medina.

"Ese millón restante es lo que prácticamente Venezuela le vende a Estados Unidos, indicó Medina.

Un estudio reciente del economista Ramón Espinaza indica que a pesar de la retórica, 85 por ciento de los ingresos petroleros de Venezuela, que durante la primera mitad de año sumaron $9,500 millones, proviene de la venta de crudo a Estados Unidos.

''Históricamente, Venezuela vendía 65 por ciento de la producción a Estados Unidos. Ahora es mayor porque exporta menos y la fracción que va a Estados Unidos no se ha reducido'', indicó Espinaza, que fue economista jefe de Pdvsa.

El experto indicó que los crudos venezolanos no se pueden vender en todos los mercados porque "necesita de refinerías especiales porque son crudos pesados y ácidos, y estas refinerías son las que tiene Citgo, de manera que Venezuela está atada en términos de sus exportaciones a Estados Unidos''.

Espinaza agregó que por esta razón, y por motivos de transporte, no es económicamente viable sustituir al mercado estadounidense por otros como China, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Chávez por diversificar las ventas de crudo.

El Nuevo Herald

De cómo la economía se fue por el tragante

Tal como van las cosas, el público pagará mucho dinero por mucho tiempo debido a la brutal codicia y el pésimo juicio de quienes fundieron la economía.

Cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes están apuntalando firmas que unos cuantos prestamistas y hechiceros de Wall Street arruinaron.

Por si eso fuera poco, la crisis está tragándose el dinero que los estadounidenses diligentemente apartaron para su retiro, los anticipos para la primera casa, la universidad de sus hijos o las facturas de calefacción de este invierno. Hubiera dado lo mismo abrir las ventanas y arrojar el dinero a la calle.

Además de reducir la calidad de vida en todo el mundo, el resquebrajamiento del sistema financiero de Estados Unidos ha dado lugar a la adopción de medidas que son radicales para un país consagrado a la libre empresa. Por más que sea necesario, no deja de ser pasmoso que el gobierno de Estados Unidos, de hecho, haya nacionalizado la mayor compañía de seguros del país.

La verdadera bofetada es que los ejecutivos que infligieron todo este dolor financiero, por cuyos errores el gobierno se ha visto forzado a efectuar adquisiciones sin precedente, se vayan con cientos de millones de dólares. Ahora seremos nosotros -- los pequeños inocentes -- quienes tendremos que rebuscarnos los bolsillos, que tomar de los ahorros para nuestro futuro y el de nuestros hijos para reparar los errores espectaculares de ellos.

Stanley O'Neal se llevó un paquete de $161 millones el año pasado cuando se fue de Merrill Lynch & Co. (¿recuerdan Merrill Lynch?), sin que ello siquiera incluyera una compensación por despido. Angelo Mozilo, fundador y máximo ejecutivo de Countrywide Financial Corp., juntó casi $122 millones durante el 2007 tan sólo en opciones de acciones.

Por unos meros tres meses al mando de American International Group Inc., el máximo responsable ejecutivo, Robert Willumstad, recibe un paquete de $7 millones.

Y mientras el valor de las acciones de Richard Fuld en Lehman Brothers Holdings Inc., se desplomó aproximadamente $1,000 millones, aun así Fuld se llevó casi $490 millones vendiendo opciones y acciones concedidas en los 14 años que la compañía ha cotizado en bolsa, según la revista Fortune.

Ahora sabemos que esas acciones estaban tremendamente sobrevaloradas, por cuanto dependían de hipotecas subprime o de alto riesgo. ¿No debería Fuld devolver la mayor parte de ese dinero? ¿O todo el dinero?

Al menos el gobierno está bloqueando los $24 millones otorgados a los máximos responsables de Fannie Mae y Freddie Mac, cuyo control asumió a comienzos de este mes.

Por lo general, no es fácil recuperar dinero o beneficios concedidos como parte de un contrato de empleo, a menos que se descubra alguna manera en que el ejecutivo violó las condiciones del contrato.

Pero vale la pena. Hay que estudiar estas opciones.

Metan a los granujas en la cárcel. El procesamiento penal le permite al gobierno confiscar ganancias obtenidas de manera irregular. Corten las fajas de estos paracaídas de oro y agárrenlos. Incaútense de las cuentas de banco, las cuentas de inversiones, mansiones, aviones privados y yates.

Las autoridades federales presentaron cargos contra un par de gestores de Bear Stearns en junio y el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, le dijo al Congreso esta semana que su organismo está persiguiendo posibles sospechosos ``hasta lo alto de la cadena corporativa de ser necesario''.

La trampa es que demostrar que los ejecutivos mintieron de una manera delictiva es más fácil de decir que de hacer, no obstante las sentencias en los casos de Enron y WorldCom.

''Los procesamientos penales tienen que ser patrones de hechos específicos y detallados en los que se pueda establecer una criminalidad clara'', dice Robert Mintz, ex fiscal y abogado especialista en delitos de cuello blanco. ``Estos son grandes fracasos mercantiles que han arrastrado a tantas personas y tantas instituciones que a los fiscales les será difícil señalar a una entidad individual, y mucho menos a una institución, y echarles la culpa''.

Bien, entonces presenten demandas civiles.

Los accionistas de WorldCom demandaron y extrajeron $18 millones de los bolsillos de los directores, quienes acordaron pagar más de 20 por ciento de sus fortunas netas combinadas. Otros $36 millones salieron de las aseguradoras de los directores.

En estos días, cobrarle a una aseguradora podría no ser la mejor idea. Si AIG es la aseguradora, serían los contribuyentes quienes pagarían de cualquier modo.

William McGuire, ex máximo responsable ejecutivo de UnitedHealth Group Inc., acordó este mes entregar personalmente $30 millones para resolver una querella por antedatación de opciones sobre acciones. Ello se añade a los $600 millones en beneficios -- mayormente en opciones accionariales -- que McGuire dijo que devolverá para resolver otro litigio de accionistas.

El problema es que habitualmente hace falta algo comparable a conducta delictiva, tal como antedatar opciones o fraude contable, para que con demandas civiles se les saque dinero a los acusados. Y, como se ha destacado previamente, no se sabe si tendremos eso aquí.

Bien, ¿y qué hay de los reguladores gubernamentales? La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no hizo nada para prevenir este colapso. Pero al menos, con el fiscal general del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, al frente de la ofensiva, los reguladores federales y estatales han obligado a los bancos de inversión a recomprar títulos valores de grado de subasta por miles de millones de dólares que, se dice, se vendieron con dudosas afirmaciones de confiabilidad.

La ley de quiebras puede darles a los acreedores de Lehman Brothers la oportunidad de tomar algunas de las bonificaciones que la firma pagó el año pasado.

Si pueden demostrar que las bonificaciones estuvieron basadas en afirmaciones de solvencia falsas, pueden ir tras ellas, de acuerdo con el experto en remuneración Paul Hodgson, de Corporate Library, que analiza cuestiones de gobierno corporativo.

Algunos abogados de los demandantes aplican el mismo principio cuando exigen reglas más estrictas de gobierno corporativo como parte de un acuerdo extrajudicial de una causa.

La idea es que los jefes ejecutivos y los directores financieros que obtuvieron bonificaciones basadas en ganancias que luego tuvieron que ser corregidas, por las razones que sean, deben automáticamente devolver el excedente, según Darren Robbins, socio de la firma de abogados Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins.

Para ser francos, es totalmente justo.

El Nuevo Herald