21 Febrero 2009, 8:03 PM

La Secretaría de Salud Pública, el Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado una persecución contra el negocio ilegal de medicamentos, luego que murieran varios pacientes al recibir falsas vacunas contra el tétanos, cerrando almacenes y otros centros de expendio que operaban fuera de la ley.

La guerra contra la venta ilegal de medicamentos llegó a Moca, escenario de protestas desprovistas de toda ética y de truculencia encarnada en bombas lacrimógenas, tiros al aire, cizallas, incautación de productos que se comercializan como medicinas, así como cierre y reapertura de esos establecimientos. Ojalá salgamos a camino frente al valladar que representa ese problema.

Las acciones correctivas tendrán que adoptarse en todo el país contra ese mal y otras deficiencias del sistema sanitario, porque se trata de un grave problema nacional que afecta a millones de dominicanos abandonados a su suerte frente al tráfico de los servicios de salud, que en ocasiones se convierten en antesala de la muerte.

Los puestos de venta de medicamentos proliferan en competencia cerrada con el crecimiento del número de bancas de apuestas, las que dicen serán gravadas con nuevos impuestos que engrosarán los recursos para el reajuste salarial de los médicos.

El pasado viernes me pasé toda la mañana desenredando un problema con uno de mis pacientes, porque después de 20 días de internamiento y evolución francamente satisfactoria, se tornó irritable y desorganizado. Respondía muy bien al plan, pero una farmacia privada despachó calcio en sustitución de un antiepiléptico, que el paciente dejó de tomar durante 48 horas.

El problema se presentó cuando el dependiente del establecimiento vendió sin receta un calcio que suena fonéticamente muy parecido al antiepiléptico indicado. Se suman a esa barbaridad, la administración de un fármaco por otro, sin estar indicado en el record y la condición de indefensión del paciente y sus familiares.

De manera que el problema del expendio irracional de medicamentos en muchas farmacias y puestos ilegales es sumamente complejo. Entre otras medidas contra ese flagelo, Salud Pública debe emprender de inmediato un programa de capacitación del personal que despacha medicamentos en las farmacias.

Las autoridades deben facilitar el personal docente y los que reciban el entrenamiento que paguen el costo de esos cursos. Las empresas tendrían que operar con los técnicos que hayan sido capacitados y autorizados, los cuales usarían bata sanitaria en su trabajo y un carnet visible que le identifique, otorgado por Salud Pública.

En un período relativamente corto, las autoridades deben exigir que el personal que expenda medicamentos esté diplomado en la carrera técnica en Farmacia, que muy bien puede ofrecer la universidad del Estado, con centros diseminados en todas las regiones. Y supervisar esas actividades, tanto en el ámbito privado como en el estatal.