La deshonestidad de los gobiernos de Arena en Weblogs de Yaaqui.com

Cuando escucho al tránsfuga de Arturo Zablah decir que ?nosotros sabemos como crear empleos? y ?generar mejores ingresos?, en primer lugar me pregunto por qué los gobiernos areneros incluyendo el actual no lo han hecho; en segundo, en este país nunca se han explicado a donde van a parar los dineros decomisados al narcotráfico y cómo han hecho funcionarios que hasta ayer únicamente vivían con sus pocos ingresos para hacerse millonarios en tan poco tiempo e invertir en grandes empresas o asociarse con capitales internacionales.

En El Salvador existen instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República que están para recibir manifestaciones de bienes de los funcionarios y empleados estatales; investigar por denuncia o de oficio los casos de enriquecimiento ?inexplicable? de los mismos y proceder a su consignación, cuando se acredite que hay motivos para presumir, fundamentalmente, falta de probidad en su actuación, de acuerdo con el procedimiento que señala la ley.

En este gobierno de Arena no sólo han acrecentado sus enormes riquezas los grupos privilegiados de siempre (ya comenzamos a dar nombres de empresas y de propietarios), sino que han aparecido nuevos ricos, personas que únicamente poseían un carro de los años 70, enviaban a sus hijos a escuelas o institutos públicos, eran usuarios del Seguro Social o de Hospitales del Estado y que ahora manejan vehículos del año, y hablan de que sus vástagos estudian en centros sumamente caros y que son atendidos de sus dolencias en centros hospitalarios privados de primer nivel.

En estos 20 años de gobiernos areneros se han formulado denuncias de enriquecimiento inexplicable, también de malversación, fraude y saqueo de las arcas públicas, baste señalar los casos del ?saneamiento? de la banca, la ANDA, el Banco de Fomento Agropecuario, el ISSS o el Ministerio de Obras Públicas. Se han detectado ?los faltantes? y se han documentado con precisión los robos; pero son contados con los dedos de la mano los funcionarios consignados o arrestados. ?No se ha probado su culpabilidad?, es la frase más utilizada por el Fiscal, Félix Garrid Safie y el mismo presidente Saca, al desestimar las irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas en diciembre de 2006 por 40.3 millones de dólares.

Si estos gobiernos de Arena fueran honestos, serios y la ética fuera su bandera y no la corrupción, deberían de haber obligado a sus funcionarios a declarar sus bienes antes de asumir sus cargos, así los ciudadanos sabrían a cuánto asciende su fortuna, además hacer publico sus ingresos reales, honestamente percibidos. Es como pedir peras al olmo; el ex presidente Alfredo Cristiani, lo mismo que Francisco Flores, gozan de inmensas fortunas, ellos dirán ?gracias a herencias de nuestros padres?, bueno si son tan honestos y están libres de pecado, entonces permitan a los organismos oficiales investigar la procedencia de tales bienes. Los salvadoreños se sentirán más tranquilos y ustedes pueden descansar con la conciencia tranquila. ¿No les parece?

Para poder distinguir entre lo ?bien? y lo ?mal? habido es necesario informar al pueblo a cuánto ascienden los ingresos reales, los normales, de los ministros, viceministros, oficiales mayores, directores y presidentes de instituciones autónomas. Sólo publicando y dando a conocer el monto de las percepciones reales de los altos funcionarios se podrá saber (o deducir) si sus fortunas son resultado de su personal corrupción, o si son simple consecuencia del funcionamiento ?normal? del sistema o, como dicho está, heredadas por sus ancestros. Por cierto, el abuelo de Cristiani, Juan Burkard, hizo su fortuna haciendo préstamos de dinero a campesinos de la zona oriental, quienes le daban sus escrituras de propiedades como garantía hipotecaria. La mayoría de ellos no pudo pagar a tiempo intereses y capitales y perdieron sus tierras y fincas cafetaleras.

En este gobierno, el presidente Saca ha viajado en multitud de ocasiones al extranjero acompañado de delegaciones numerosas de funcionarios y miembros de la empresa privada, en este caso, puede suceder que en vista de los ?altos sueldos?, compensaciones, prestaciones, viáticos y partidas especiales para gastos de todo tipo, los personeros perciban ?honesta y explicablemente?, ingresos estratosféricos. Puede también suceder que, en algunos casos, los mejores sin duda, la obtención de tan altos ingresos no esté siendo el móvil principal de los ciudadanos que llegan a ocupar altos cargos en la burocracia. Es posible que se den estos casos. Pero cualquiera que sea la razón, el presidente TIENE LA OBLIGACION DE INFORMAR a la nación cómo, cuándo y por que motivos se gastaron tantos dineros provenientes de los impuestos pagados por los salvadoreños. Son verdaderas fortunas, pero hasta el día de hoy no hemos conocido a cuánto ascienden esos gastos.

Los funcionarios por el cargo desempeñado, deben recibir su pago, estamos totalmente de acuerdo; siempre y cuando no sea percibido como resultado de su deshonestidad y corrupción personal, de esto como lo hemos señalado hay pruebas suficientes y debidamente documentadas. Esos ?buenos salarios?, además, son la manifestación clara de que les tocó disfrutar la mejor parte dentro de un sistema inequitativo e injusto. ¿Verdad señor Raúl García Prieto? ¿Qué cuenta señor Carlos Perla? ¿Y usted señor David Gutiérrez? ¿Tiene algo que comentarnos señor Cristiani?

El presidente Saca es muy dado a pedir austeridad y sacrificio al pueblo y a las capas medias. Sin embargo, su régimen no da muestras de tener intenciones de predicar con el ejemplo. Ha sido el gobierno que más ha despilfarrado los dineros del pueblo en propaganda barata, en campañas sucias para desprestigiar a sus adversarios, o pagar a testaferros y mercenarios extranjeros por asesorar en propaganda negra y guerra psicológica. Así no hay forma de tener la autoridad moral para imponer cargas fiscales adicionales, restricciones económicas a la población o castigarla con impuestos abusivos como ese de la gasolina para premiar a los buseros, verdaderos asesinos de la población.

Decir que se va ?a castigar a los funcionarios deshonestos? no es suficiente, sobre todo cuando se trata de pura demagogia, pues los más grandes corruptos, empezando por Norman Quijano, quien nunca pudo comprobar como se invirtieron 38 mil dólares en tintas para impresoras de su oficina, o esos tráficos de influencia en el Ministerio de Economía que le costaron al Estado más de 40 millones de dólares, gozan de impunidad. Perseguir el enriquecimiento inexplicable, debería haber sido un primer paso en la lucha contra la corrupción; lo que ha pasado es que en estos cuatro gobiernos de Arena son la mayoría de los funcionarios los que se han hecho millonarios y nunca han podido comprobar de dónde proviene su rápido enriquecimiento. Pero en la coyuntura electoral presente NO TIENEN EMPACHO ni la mínima vergüenza para pedir el voto a los salvadoreños para seguir en el engaño y chupándole la sangre a todos los contribuyentes.

La corrupción de los funcionarios públicos ha sido brutal en este continuismo que ya lleva veinte años. Digamos que aparece desde que la conservación de un determinado nivel de ingreso, o la preservación de un puesto administrativo se convierten en el motivo principal de su actividad política. Los sueldos excesivamente altos, en sí, son una forma de corrupción. El grito airado, por ejemplo, de la población puso alto a un acuerdo ya aprobado y firmado por los diputados de la derecha de aumentarse exageradamente sus salarios. En este caso, como en la mayoría, no es el interés de ser verdaderos servidores públicos el principal estímulo. En las condiciones en que ha medrado el poder político y económico de los gobiernos de Arena, la carrera burocrática se convierte en simple instrumento de ascenso económico y social. Además han fomentado el oportunismo, el arribismo y la falta de conciencia social entre sus funcionarios de alta o media jerarquía. Con todo NO TIENEN PUDOR DE HABLAR DE MAS EMPLEOS, MEJORES SALARIOS Y DE CONSTRUIR UN PAIS MAS JUSTO. Simple y llanamente ¡raza de víboras!

Como bien comentó recientemente un empresario salvadoreño, si los ingresos de los funcionarios públicos fueran moderados, entonces aquellos ciudadanos con interés en amasar grandes fortunas buscarían desarrollarse en el sector privado; y se quedarían dentro del sector público básicamente los que por sus particulares intereses e inclinaciones no buscaran prioritariamente el enriquecimiento personal. Por cierto, el actual candidato a la vicepresidencia de Arena, el tránsfuga Arturo Zablah, reconoció que muchos de los aspectos planteados en un su folletito publicado, únicamente se podían concretar saneando la administración pública y ?sacando a Arena del gobierno?. ¿Cómo es que tan de repente la situación política de este régimen ha cambiado? La ambición y la sed de poder, así sea bajo la égida de la oligarquía, hace cantar a los burros.

En nuestro país el enriquecimiento a partir de los cargos públicos ha sido tradicional. El partido con mayor experiencia en el arte de la inmundicia, la manipulación y la mentira, ha sido el PCN, desde luego su hijo bastardo Arena, aprendió muy bien las lecciones. El propio funcionamiento del sistema, la falta de democracia, y la escasa y deformada información que recibe el pueblo de medios oficiales de propaganda como el diario de hoy, han contribuido a que la corrupción y deshonestidad de los funcionarios públicos tenga lugar impunemente. Un nuevo gobierno de izquierda y con la honestidad como bandera, debería imponer límites a los sueldos de los altos funcionarios y facilitar al público la distinción entre el enriquecimiento ?explicable? y el ?inexplicable? de sus colaboradores, publicando los ingresos que perciben los mismos. Ya lo hemos dicho, en los primeros 100 días de administración debe comenzar por impulsar un combate frontal contra la corrupción, la impunidad, hacer efectiva la austeridad en el gobierno e iniciar una urgente reforma fiscal.