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Fabricio Gómez Mazara

Magíster en Finanzas y Economía Financiera en la Universidad de Chile. Diplomado en Economía de la Regulación de los Servicios Públicos y Defensa de la Competencia, de la Universidad Argentina de la Empresa ( UADE). clave@clavedigital.com sábado, 29 de noviembre de 2008

La República Dominicana es uno de los países más desiguales de la región debido, entre otras cosas, a la baja inversión social y a la alta concentración del ingreso.En tal sentido, el Estado dominicano no ha realizado su papel redistributivo y garantista de los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía.

Un indicador de lo afirmado es la alta vulnerabilidad del gasto social, ya que en momentos de crisis económica, el gasto social siempre ha sido reducido[1]. Esto también ha repercutido en su calidad contribuyendo al deterioro de servicios sociales básicos como son salud y educación.

Aún cuando faltan siete años para el 2015 podemos afirmar que será muy difícil cumplir con las metas del milenio a menos que puedan desplegarse, de forma agresiva, políticas públicas específicas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las carencias en materia de inversión social ponen de manifiesto la necesidad de políticas fiscales más activas para reducir los niveles de vulnerabilidad social existentes.

Para lograr este objetivo, es necesaria la puesta en marcha de sistemas presupuestarios que permitan superar rigideces y reasignar el gasto público contribuyendo con ello a mejorar su calidad. También, se deben generalizar los mecanismos de evaluación del gasto social con miras a mejorar la eficiencia y eficacia de los proyectos y programas públicos.

Idealmente, el gasto público debiera ser ?a-cíclico?, es decir, neutro respecto de los ciclos macroeconómicos, o contra-cíclico, con políticas específicas para reducir la deuda pública en épocas de bonanza para enfrentar así en mejores condiciones en los períodos de escasez[2].

Las decisiones sobre el gasto público debieran responder a un esquema inter-temporal, con programas y proyectos financiados en un horizonte plurianual con definición de objetivos. La clave del éxito para la instrumentación de un marco plurianual consiste en que los mecanismos institucionales permiten a quienes toman las decisiones equilibrar los recursos disponibles, en términos agregados, con las prioridades del país.

La reciente Reforma del Sistema Financiero del Estado obliga a la Secretaria de Estado de Hacienda a enviar al Congreso Nacional un esquema presupuestario plurianual (de al menos cuatro años) a partir del 2009.

Sin embargo, las autoridades parece que no cumplirán con el compromiso adquirido y enviarán al Congreso el Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos sólo para el año 2009 tal y como se hacía antes de la entrada en vigencia de la reforma anteriormente señalada.

Esta decisión afectará la necesaria planeación presupuestaria inter-temporal en momentos donde el panorama económico mundial luce muy oscuro debido a la recesión de las principales economías a nivel global.

La ejecución presupuestaria de los primeros nueve meses sugiere una falta de equilibrio entre los recursos disponibles, en términos agregados, y las prioridades del país. Existe una especie de arritmia en el gasto social debido a que algunas partidas tienen un porcentaje de recursos ejecutados muy distinta a otras de igual prioridad, tal y como se observa en el siguiente cuadro:

Recursos Presupuestarios destinados al Gasto Social 2008
(En millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Estado de Hacienda.

(1) Incluye el Presupuesto Suplementario aprobado por el Congreso

Al 30 de septiembre sólo se había ejecutado el 65.81% de los recursos presupuestados para el Gasto Social. El capítulo de Gasto Social Prioritario había recibido el 60.41%. Dentro de este capítulo, llama la atención la pobre ejecución de la partida de Agua Potable y Saneamiento, ya que faltando tres meses para finalizar el año se había ejecutado solamente el 24.64% de los recursos presupuestados.

A pesar de que el acceso a agua potable se considerada una prioridad, se ejecuta un porcentaje insignificante de lo presupuestado mientras crecen las protestas de varias comunidades del país exigiendo de las autoridades la construcción de acueductos y alcantarillados.

La falta de agua potable al interior de los hogares es una de las determinantes sociales que mayor impacto tiene sobre la salud de las personas. Un gran número de enfermedades tienen su origen en el acceso a fuentes alternativas a los acueductos utilizadas por varias comunidades del país las cuales suelen estar contaminadas.

Las partidas destinadas a educación y salud muestran un nivel de ejecución presupuestaria de 71.91% y 62.71% respectivamente. Resulta extraño que salud haya ejecutado un porcentaje tan bajo en medio de brotes epidémicos de dengue y leptospirosis de acuerdo con lo que muestran reportajes de la prensa nacional.

Es necesario mejorar las políticas de salud colectiva y educación para la salud con miras a evitar nuevos brotes epidémicos de enfermedades endémicas tales como: el dengue y la malaria. Para lograr este objetivo hay que destinar una mayor cantidad de recursos a programas y proyectos vinculados con salud colectiva.

Respecto de la partida de educación cabe señalar que el monto presupuestado para este año estará muy por debajo de los que establece la Ley de Educación, ya que de acuerdo a proyecciones la misma no superara el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Cabe resaltar que dentro del capítulo de Protección y Promoción Social la partida de Asistencia Social recibió un mayor presupuesto que la de Seguridad Social producto de una concepción asistencialista y clientelar del papel de las políticas sociales.

Una muestra de lo anterior es que la focalización del subsidio al gas licuado de petróleo fue puesta en marcha después de las elecciones presidenciales y la tarjeta Solidaridad pasó de cerca de 400,000 a 800,000 en medio de la campaña electoral.

Con relación al capítulo sobre Otros Gastos Sociales, la partida Transferencia a los Municipios muestra una ejecución de tan solo 67.82%. Esto es una muestra del poder que ejerce el Ejecutivo sobre lo Municipal afectando la descentralización del poder político y la democracia participativa.

El papel de los municipios es vital en todo diseño de política pública que persiga una reducción significativa de la pobreza. Es necesario otorgar recursos a los ayuntamientos y también asignarles responsabilidades respecto de la planeación presupuestaria y la ejecución de planes y proyectos comunitarios.

Finalmente, es necesario un cambio de actitud en materia de asignación y ejecución del gasto social para el próximo año. De lo contrario no podremos minimizar el fuerte impacto que tendrá sobre los sectores más vulnerables la recesión económica global.

El desafío para el próximo año no es crecer, en términos del PIB, sino minimizar los efectos de la crisis sobre el consumo, la producción y el empleo. Y a partir del 2010 iniciar otra senda de crecimiento económico, pero esta vez con un modelo de desarrollo a escala humana.