La historia reclama mayor protagonismo en Weblogs de Yaaqui.com

Uno quisiera encontrarse siempre con una atmósfera agradable, con la bienvenida y alegría de sus familiares en su casa, con los amigos festejando y esperando con ansias el fin de semana para disfrutar de un merecido descanso, con empleados públicos y trabajadores privados rindiendo al máximo y devengando su salario, patronos sensibles a las exigencias y resolviendo las peticiones de acuerdo con sus posibilidades, velando por la seguridad de sus empresas y sus empleados. No evadir los pequeños o grandes problemas; pero tratar de encontrar soluciones honestas y responsables para todos.

Cuando el presidente de la república debe intervenir en cuanto problema surja en el país, algo no marcha bien o no delega funciones o sus ministros, directores o mandos medios no están asumiendo sus responsabilidades. Diríamos entonces que se duplica su autoridad política y desde luego también sus atribuciones y el requerimiento de precisar si el rumbo definitivo de su gestión no se entorpece o enfrenta dudas por desautorizar a un alto funcionario (caso del director del ISSS prometiendo bonos de $200.00 a cada empleado para el fin de año) y continuar en ese enfrentamiento directo con dirigentes de Arena y ?empresarios? siguiendo determinada agenda política (?agua para el molino de un partido político?), como lo ha señalado el mandatario.

Los salvadoreños no lo evalúan tan mal luego de casi dos años al frente del ejecutivo; pero estamos seguros que la mayoría poblacional desea muchos cambios; o si se va a llevar a su realización el sano propósito de atenuar nuestra ya excesiva dependencia de la economía y la política de ese preocupado gigante con tantos aneurismas como voracidad, o se prefiere tranquilizar a los mercenarios y demás socios menores, con la reiteración de que todo seguirá igual, es decir, que no se modificará esa dependencia, esa presión y esos ?oportunos consejos? para contener reformas o cambios tanto en el sistema tributario como en la aplicación de medidas necesarias para combatir abusos y atropellos contra la población.

Las más recientes declaraciones del presidente Funes, reiterando su llamado a los empresarios a unirse al propósito común de incrementar la inversión, de trabajar con un agenda previamente estudiada y consensuada para sacar adelante a El Salvador, parecen haber caído en saco roto al tenor de las respuestas de las cúpulas empresariales y de dirigentes del partido Arena. En lo particular nos parece que esos ?llamados? presidenciales representan pasos en la ruta correcta tanto para limar asperazas, como para despejar dudas sobre sus objetivos inmediatos. Pero es obvio que sólo la definición precisa de una política interna decidirá si tenemos una actitud para el escaparate internacional y otra para consumo dentro de nuestras fronteras o si una y otra se identifican y complementan.

Con todo, advertimos en las reiteradas declaraciones presidenciales un afán apenas oculto de tranquilizar a ciertos sectores más decididos a defender los privilegios y prerrogativas que configuran la desviación y las frustraciones de un camino trazado y que ahondan cada día el abismo entre los contrastados niveles de vida en la colectividad nacional que el interés básico de la nación. En este esfuerzo por hacer más efectiva la inversión social y la protección a las familias más vulnerables, los funcionarios gubernamentales están en la obligación de evitar abusos, hacer arreglos tras bambalinas con tirios y troyanos y mucho menos permitir la corrupción que tantos males le ha traído a la nación si damos un vistazo a los cuatro infames regímenes areneros.

Quizá no sea exagerado afirmar que en el modo y manera en los cuales el presidente Funes defina su política y sus relaciones con la empresa privada (la aglutinada en la ANEP) han de basarse el juicio y el carácter en esta breve historia de los tres años restantes de su mandato. Hasta hoy no encontramos motivos para suponer un ajuste resuelto, audaz, necesariamente conflictivo con este sector tan diligente y obediente a los dictados del partido Arena. No verlo así sería cegarse a una realidad contundente. Porque si los primeros apelan al respeto al libre mercado, a establecer reglas claras para posibilitar las inversiones (todavía las estamos esperando) y el no intentar regular precios ni controlar determinadas importaciones (caso de las medicinas y los productos esenciales de la canasta básica), los segundos reclaman obediencia a las leyes y a la Constitución de la República.

Lo calificamos de cinismo puro por cuanto en los cuatro gobiernos de Arena no se respetaron las leyes e incluso se hicieron drásticas modificaciones para vender los activos del Estado, privatizar y hacer grandes negocios a costo de empresas estatales. ¿No recuerdan la venta de Antel, la generación y distribución de la energía eléctrica, el sistema de pensiones? Se insiste en que nuestra Constitución es la suma de las definiciones, la síntesis de nuestros programas, la clave de todas las soluciones. Pero la sacralización de nuestros mandatos constitucionales, omnipotentes en la retórica y tan despreciados en nuestra realidad permanente, permiten lo mismo un gobierno de cierta inspiración popular o con rasgos de izquierda, como un régimen mercantilista, sumiso a dictados del imperialismo y de cabeza oligarca.

En un momento dado, se impulsaron ciertas reformas en los Derechos Individuales donde se ?reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de la persona?; pero en la práctica esto resultó letra muerta; lo mismo el segundo párrafo del Art. 104 que establece ?La propiedad estatal rústica con vocación agropecuaria que no sea indispensable para las actividades propias del Estado, deberán ser transferidas mediante el pago correspondiente a los beneficiarios de la Reforma Agraria. Podrá también transferirse a corporaciones de utilidad pública?.

Más allá de la entrega de parcelas agrícolas a cientos de campesinos realizada actualmente por la presidencia de la república, los terratenientes siguen en posesión de las mejores tierras y concentrando un gran poder. El agrarismo es entonces sólo adorno retórico de los candidatos en tiempos electorales y olvido de la mayoría de gobernantes. En todo caso, con esta Constitución promulgada en 1983 se puede hacer un gobierno y una administración progresista. La experiencia reiterada forja convicción entre los salvadoreños de que la política nacional puede cambiar de rumbo sin alterar los textos legales. Lo decía el fallecido Schafik Handal. Decir, pues, que nada cambiará porque tenemos una Constitución, es sólo un transitorio recurso político sin compromiso de real validez. Y no faltan quienes puedan interpretar a su mejor juicio, lo decimos por la iniciativa privada, asustados hasta el pánico cada vez que se menciona ?propiedad privada en función social?, Reforma Agraria o regulación de ciertos productos para reducir precios y favorecer a los más desprotegidos.

En los restantes tres años, el presidente de la república tendrá que decidir. Si la voluntad de trabajar por las mayorías y el ejercicio de la soberanía son sus metas, tendrá la oposición de la iniciativa privada y a los socios menores de los monopolios internacionales; si resuelve tranquilizar y conformar a esos sectores y a esos intereses sus anhelos de atenuar o nulificar el dominio de las grandes consorcios sobre la economía -- y por ende--- la política salvadoreña no serán sino un bello sueño convertido en frustración histórica.