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NUEVA YORK (2 de septiembre de 2008) ? La Human Rights Foundation (HRF) denunció hoy al gobierno del Ecuador ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, pidiéndole que active el procedimiento de acción urgente y ordene al gobierno de Rafael Correa la liberación inmediata de la prisionera política Guadalupe Llori.

?Luego de agotar la fase de consultas públicas con el gobierno ecuatoriano sin resultados favorables, hemos optado por denunciar el caso de Guadalupe Llori ante el órgano competente de la ONU. Es la primera vez que realizamos una denuncia de este tipo y lo continuaremos haciendo. No abandonaremos la lucha por los derechos humanos en Ecuador?, dijo Javier El-Hage, Consultor Jurídico de la HRF.

De acuerdo a la denuncia de 17 páginas, Guadalupe Llori, prefecta electa de la provincia amazónica de Orellana, se encuentra presa desde el 7 de diciembre de 2007, cuando policías y militares irrumpieran violentamente en su hogar y la arrestaran sin portar una orden judicial. El arresto de Llori se produjo bajo cargos de sabotaje y terrorismo, luego de que el Presidente Correa la tildara de ?Mama Lucha? ?un personaje de reputación delincuencial en Ecuador? y ésta le respondiera considerándolo un ?vulgar patán? y una ?mala réplica de Hugo Chávez?.

Días antes de la detención de Llori, en respuesta a un paro que se daba en Dayuma reclamando la finalización de una carretera, la responsabilidad social de las empresas petroleras en la zona y la descentralización de la renta petrolera en beneficio de los gobiernos locales, el Presidente Correa había declarado estado de emergencia en la provincia de Orellana y había sindicado a la Prefecta Llori como la cabecilla de las protestas. El estado de emergencia fue decretado el 29 de noviembre de 2007, el mismo día en que la Asamblea Constituyente, con mayoría del partido del nuevo presidente, disolviera el congreso ecuatoriano, con mayoría opositora, y asumiera el poder legislativo hasta el presente.

?Estamos seguros de que el Grupo de Trabajo reconocerá el carácter arbitrario de la detención de Guadalupe Llori, y pedirá su urgente liberación. Ella continúa presa a pesar de tres órdenes judiciales de liberación y una amnistía general otorgada por la Asamblea Constituyente. Se la acusó de terrorismo y sabotaje, y para mantenerla presa se le han iniciado otros dos juicios, violando todas sus garantías de un debido proceso?, dijo El-Hage. ?El caso de Guadalupe Llori es uno de los más escandalosos entre los prisioneros políticos del mundo y demuestra de manera grosera los abusos de poder a los que se están acostumbrando algunos gobernantes latinoamericanos en su afán de silenciar las voces disidentes en sus países?, concluyó El-Hage.