Por J. Capelán, O. Corea y T. Solo
En los últimos 30 o 40 años la legítima preocupación de velar por los derechos humanos se ha explotado con motivos políticos hasta crear una verdadera industria de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales al servicio de los gobiernos de los países de la OTAN.
La agresión neocolonial contra Libia demostró que un pequeño grupo de organizaciones desleales y anti-democráticas pueden montar una campaña de desinformación en el sistema de las Naciones Unidas para provocar una agresión devastadora contra un país y su pueblo.
La organización internacional protagonista de esa campaña contra Libia fue la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)2, financiada por diversos gobiernos europeos y el National Endowment for Democracy (NED)3, notoria herramienta estadounidense de la desestabilización.
Los miembros del FIDH son organizaciones muy heterogéneas. Sin embargo, su orientación general como institución no deja la menor duda de que es otra herramienta importante de la maquinaria de represión y control de los gobiernos de los países norteamericanos y europeos de la OTAN.
Una función estratégica de organismos como la FIDH es la de extender la desinformación desde el campo mediático al campo del derecho internacional. Lo hacen por medio del sistema del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas.
Ocupan su espuria autoridad moral como organización de derechos humanos para difundir información falsa sabiendo que es poco probable que sus mentiras y distorsiones lleguen a ser contrastadas por fuentes veraces y verdaderamente independientes.
Por otro lado, organizaciones como la FIDH, que a veces publican informes muy críticos sobre gobiernos que no son objeto de planes de intervención por parte de las potencias de la OTAN, generalmente debido a que siguen una línea de comportamiento deseable a los ojos de las potencias occidentales, participan en el uso político selectivo que se hace de esos informes en el sistema de Naciones Unidas.
Nunca se ha visto a la FIDH, a Amnistía Internacional o a Human Rights Watch protestar por el hecho de que sus afirmaciones acerca de un gobierno hayan sido utilizadas como justificación de una guerra de agresión de la OTAN, mucho menos hacerse la autocrítica por haberse prestado al juego de intereses de conquista que nada tienen que ver con los derechos humanos.
Otra función estratégica de organizaciones como la FIDH es la de alimentar a los medios corporativos occidentales con el material requerido para desatar despiadadas y cínicas campañas de desinformación. Con este material se extiende masivamente la capacidad de guerra psicológica de las élites occidentales contra los gobiernos y movimientos que resisten su voluntad.
Por supuesto, de vez en cuando, entre la extensa cantidad de desinformación que producen esas organizaciones denominadas de "derechos humanos" hay información acertada que sirve para disfrazar el verdadero propósito de su despliegue mediático general.
En el caso de la FIDH y América Latina, por ejemplo, se puede notar que la organización expulsó a Ramón Custodio López4 por haber colaborado con el golpe militar contra el gobierno legítimo del Presidente Manuel Zelaya en Honduras. También se puede observar que, en relación a Colombia, la FIDH incluye como miembro al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo5.
Pero en el caso de Libia, la FIDH permitió que la Liga Libia de Derechos Humanos definiera su política en base de información falsa sin el menor intento de averiguarla6. Lo mismo está haciendo ahora en el caso de Siria por medio del Observatorio Sirio de Derechos Humanos y el Damascus Center for Human Rights Studies, las dos financiadas por la NED.
La operación ideológica de ocultación de los verdaderos intereses imperiales tras motivos de apariencia noble no es difícil de entender:
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