Los dueños de los grandes medios de difusión aglutinados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la última asamblea anual acusaron al candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes, de violaciones al derecho de informar libremente, así como de su negativa a participar en foros y entrevistas propuestas por los medios de comunicación.

No estamos para defender al joven político pues suficiente capacidad y conocimiento tiene para rechazar por sus propios medios tales calumnias, más bien queremos establecer algunas premisas y aclarar quienes son los personeros de la SIP y cuáles son los intereses que defienden.

Los propietarios de los medios de difusión en los países de América Latina están vinculados a los grupos de poder económico y utilizan los periódicos, las estaciones de radio y los canales de televisión para influir política e ideológicamente sobre la población y, desde luego, para defender sus privilegios, pues la mayoría de ellos son también dueños o socios de grandes empresas, centros comerciales o latifundistas. En Bolivia, por ejemplo, la familia Patiño y los Canela, están vinculados a la producción y la exportación de estaño, además son propietarios de grandes extensiones de tierra y socios de clubes deportivos. Lo mismo la familia Miró en Perú. Y así podríamos seguir en Argentina, Colombia, México o El Salvador.

Una condena de la SIP, por lo tanto, no tiene ni goza de respaldo moral puesto que los propietarios de los medios de difusión no poseen tales valores éticos ni mucho menos se pueden erigir en ejemplos de imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio del periodismo. Lo que hemos visto en las informaciones y en los editoriales de ?la gran prensa? continental es un feroz ataque contra las fuerzas progresistas y los mismos partidos políticos reformistas que intentan acceder al poder por medio de las elecciones.

Son los casos de los presidentes de Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay quienes han tenido que soportar ataques sistemáticos de los medios de comunicación por adelantar algunas reformas que a juicio de la burguesía y los propietarios de radios, periódicos y canales de televisión son ?atentatorias contra la democracia, la libre empresa y la libertad de expresión.? Tales personeros de la más oscura reacción, se oponen a la reforma agraria, a una justa y equitativa distribución de la riqueza, a medicina y educación gratuitas para la población.

El sistema económico que ellos defienden es puramente mercantilista, pues se basa en la acumulación de la riqueza, en la oferta y la demanda y en la privatización de todos los servicios esenciales como la educación, la salud, la producción y distribución de energía eléctrica, la telefonía, el transporte, el agua, el sistema financiero, las pensiones, etc. El ser humano es visto como un recurso más en la cadena de producción y lejos está en sus postulados velar por su promoción social.

En El Salvador este panorama actual ya no tan animador se empeora con el uso y el abuso que muchos de los funcionarios de más alto nivel hacen de la libertad de expresión, derecho de noble esencia cuando se trata de ciudadanos que no están en función de autoridad, pero empleado con la alegre irresponsabilidad oficial con que se nos ha sorprendido, se convierte en fuente de confusión, de permanente desorientación pública, de venero de frustraciones. ¿No ha llegado el momento en que quien debe y puede hacerlo ordene a sus colaboradores inmediatos no hablar como si cada uno de ellos fuera definidor supremo de la política gubernamental? Así un día vemos como el candidato presidencial de Arena ofrece visas para que trabajadores temporales puedan laborar en Estados Unidos; o como el aspirante de este mismo partido a la alcaldía de San Salvador utiliza los medios de publicidad para mentir y llorar públicamente sobre una bandera que militantes areneros arriaron en un redondel del Paseo General Escalón. Y últimamente como estos mismos órganos de prensa se prestan sin la mínima decencia a destacar declaraciones de la Ministra de Relaciones Exteriores pidiendo al gobierno norteamericano intervenir descaradamente en el proceso electoral salvadoreño.

Esto de la tergiversación, de la manipulación y la calumnia periodística ocurre todos los días. Sin embargo, en estos casos la SIP no se pronuncia ni mucho menos ofrece enviar una delegación para investigar los atropellos que a diario se cometen contra la libertad de expresión en El Salvador. Aquí un ministro dice una cosa, otro la desmiente y se llenan los diarios de entrevistas y declaraciones como tantas veces ha ocurrido con el Ministro de Salud Pública para tratar de explicar o justificar los permanentes conflictos de intereses o las licitaciones amañadas de hospitales: una misma compañía constructora tiene a su cargo la reconstrucción de los hospitales en Zacatecoluca, Usulután y Santa Tecla. O esas graves declaraciones de la Ministra de Relaciones Exteriores.

¿Alguna vez, para citar otro ejemplo, la SIP ha investigado o ha dicho algo sobre los atropellos y asesinatos de periodistas independientes en la región y concretamente en nuestro país? ¿Ha dicho algo sobre la grave situación ocurrida en La Prensa Gráfica donde más de 40 periodistas fueron despedidos? Si en verdad cuentan con una Comisión de Ética deberían reparar en las permanentes calumnias y desinformaciones, así como manipulación de las noticias, de el diario de hoy, además de los epítetos utilizados por el director de dicho medio para difamar y atacar impunemente a los que considera sus ?enemigos? por no pensar o actuar conforme a su extremismo ideológico. ¿No es todo esto un abuso ?y no el uso correcto?del derecho de la libertad de expresión?

Los funcionarios deberían ser los primeros en respetar las leyes para dar el ejemplo a los ciudadanos; pero son los primeros en cometer ilícitos y en decir cualquier tontería amparados en su cargo y, supuestamente, en el apoyo que les brinda el gobierno. Pero a nuestro juicio el funcionario debe tener una limitación concreta, no creer que la política es cuestión que pueda decidir y definir cada funcionario a su personal criterio, sino que como instrumento de una misión encomendada por el pueblo. A la Ministra de Relaciones Exteriores nadie le ha pedido solicitar al gobierno de Estados Unidos intervenir en el proceso electoral salvadoreña, este solo hecho sería suficiente para haber sido expulsada del gabinete de gobierno; pero como los medios de publicidad no han profundizado en tan grave acontecimiento, pues todo se echa por la borda. Si un diputado del FMLN hubiera cometido tal desliz de seguro es hora que estuvieran pidiendo cadena perpetua o la hoguera para incinerar sus huesos.

Así que la SIP a la luz de los breves argumentos expuestos, no tiene ninguna solvencia moral para exigirle al candidato presidencial del FMLN que se someta a la agenda informativa de los medios de publicidad salvadoreños, lo mismo que ?aguantar? los regaños y las calumnias de un órgano oficial de propaganda del partido Arena, como ciertamente lo es el diario de hoy.