Un nuevo decreto del presidente venezolano obliga a colaborar con los servicios de seguridad del Estado

La normativa, según sus críticos, es un monumento a la inconstitucionalidad y la ilegalidad, pues prevé procedimientos para la detención de personas y la apertura de indagaciones que contradicen los principios establecidos en la Constitución y en el Código Penal, en especial la presunción de inocencia. También permite a los cuerpos de seguridad intervenir teléfonos sin autorización judicial.

Por ello, algunos le han encontrado similitud con la Ley Patriota instaurada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 como mecanismo preventivo contra el terrorismo. Otros, en cambio, la vinculan directamente a la influencia de Cuba, principal aliado de Chávez, y acusan al Gobierno de pretender convertir a todos los ciudadanos en confidentes de los cuerpos de seguridad. La nueva ley prevé utilizar a "las redes sociales y organizaciones de participación popular" como "órganos de apoyo a la actividad de inteligencia", lo que recuerda a los llamados Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos, previstos como mecanismo de control y represión. La negativa a colaborar con los organismos de seguridad puede acarrear penas de hasta cuatro años de cárcel.

Según el abogado constitucionalista Gustavo Linares Benzo, "el espionaje ha sido atención prioritaria de la revolución. Espías y sapos [soplones] son ingrediente esencial del nuevo hombre socialista, aunque su actividad esté enfocada sobre todo hacia los compañeros, que son el sector más peligroso para el proceso cuando pierden el norte y la devoción por el presidente Chávez".

Los organismos de derechos humanos, como Provea, destacan que la nueva ley ampara las violaciones del derecho a la defensa. No sólo eso; una parte de la ley exige explícitamente a los jueces y fiscales cooperación con los servicios de inteligencia, que ahora han quedado bajo el control directo de Hugo Chávez. "Éste es un Gobierno que no cree en la separación de poderes", dijo ayer José Miguel Vivanco, director para América de la organización Human Rights Watch. El Gobierno asegura que se trata de garantizar la seguridad nacional y evitar "ataques imperialistas" y "rebeliones militares".

"El presidente está constantemente acusando a sus críticos de golpistas y proimperialistas, y eso me lleva a temer que esta ley pueda ser usada como arma para silenciar o intimidar a la oposición", declaraba a la cadena británica BBC el constitucionalista Alberto Arteaga.

Otros abogados están preparando un arsenal jurídico contra la ley recién aprobada. Theresly Malaver, integrante de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, anunció que solicitarán su anulación al Tribunal Supremo de Justicia, alegando que se trata de "una de las más feroces leyes dictadas por el Gobierno porque está diseñada para perseguir a la disidencia". Aseguró que también podrían solicitar un referéndum abrogatorio para que la ley sea anulada directamente por decisión popular, una posibilidad contemplada en la Constitución vigente.