Para la voraz empresa privada, la nacionalización de industrias, instituciones y empresas básicas (ya lo quisiéramos nosotros por parte de estos gobiernos neoliberales) ?lo que tanto condenan en teoría al sostener que los gobiernos son malos administradores?debe convertirse en una fuente de subsidios, de trato preferente para sus empresas y de ruina progresiva para la nación. La electricidad, el transporte, el agua potable, pueden permitirse prácticamente todo menos sostener una sana política de precios. Los empresarios deben tener todas las facilidades aunque las poquitas autónomas todavía en poder del Estado resientan pérdidas, vía la corrupción, y esa tarea de nodriza respecto a los negocios privados no debe admitir discriminación alguna.

Aquí cuando se habla de subsidios para paliar las angustias de sectores como los panificadores o de los pequeños agricultores agobiados por las deudas, factores climáticos o el alto costo de los insumos agrícolas, los primeros en poner el grito en el cielo son los grandes empresarios, esos que precisamente obtienen jugosos subsidios en el pago de la electricidad para sus fábricas. Ellos no aceptan la igualdad ni el reparto de utilidades. ?Grosera intromisión?, exclaman y sus protestas airadas son multiplicadas y difundidas por la ?gran prensa?, ese poder mediático totalmente a su servicio y, de cierto, de espaldas a la realidad y la miseria del pueblo.

A lo largo de los años hemos visto como los beneficios únicamente son para los grandes negocios, para los capitalistas (esos que nunca ?entrarán al reino de los cielos?) y las pérdidas soportadas por el pueblo. Esa es la función que la ?iniciativa privada? señala a la electricidad, a la salud pública, al agua. Y como los subsidios y precios incosteables no permiten el desarrollo y la autosuficiencia en las pocas instituciones en poder del Estado (Seguro Social, Agua, generación de energía eléctrica, un poco de educación y de salud pública), de las angustias de estos sectores que deberían ser fundamentales para el desarrollo armónico del país, de ese proceso de ruina y corrupción (sólo vean la permanente falta de medicamentos del Seguro Social, las licitaciones amañadas para reconstruir hospitales y la evaporación de los millones de dólares para construir el hospital de Maternidad, así como el racionamiento del agua para ir pavimentado el camino hacia la privatización) se nutre y fortalece el dogma reiterado: el Estado tiene la obligación primaria, ineludible, de ser ?mal administrador?.

Sólo el genio y al aliciente del interés privado pueden ser instrumento y camino de prosperidad, como nos lo repiten tanto y tan frecuentemente los apóstoles de la ?libre empresa, con el beneplácito de sus amos mayoritarios del extranjero. Por eso es que los ?barones? de las grandes empresas distribuidoras de vehículos, de las importadoras, procesadoras y distribuidoras de combustibles, de las constructoras de viviendas lujosas, de los banqueros, de los importadores de fertilizantes, de los laboratorios químico farmacéuticos, los propietarios de los grandes centros comerciales, quieren en la presidencia a gobiernos sumisos, listos a defender sus intereses mezquinos, a proteger sus privilegios, a ?no cobrarles demasiados impuestos?, a cederles toda prerrogativa para ganar licitaciones, en fin a ser como siempre lo han sido dueños de El Salvador.

En este sentido, todo lo que ellos hacen es bueno, ?hecho en libertad y democracia?. Todo aumento de precios en sus productos y servicios es realista, inevitable, sano y hasta patriótico. Se justifica esta alza en todas las ocasiones, con teorías y razonamientos elegantes, con tesis que hablan de factores internos y externos, de crisis mundiales (por ejemplo ahora está de moda la crisis alimenticia y la de energéticos, simplemente provocadas por su propia necesidad de seguir acumulando ganancias a costa de las necesidades de los pueblos) y alardes de sutil terminología y ostensible desinterés. Todos los aumentos son buenos, menos en los salarios de los trabajadores y en el nivel de precios de productos y servicios. Ellos protestan cuando existe una mínima competencia en el mercado del monopolio (lo estamos viendo actualmente con Alba Petróleos, que en un gesto de solidaridad y bien común está vendiendo combustible a un precio menor que el establecido por el mercado de la Shell, Texaco o ESSO; lo mismo con la negación del permiso para que una empresa de la India puede introducir medicinas a muy bajo costo), acusan y señalan desviaciones en la ?sana competencia?. Ah ¡raza de víboras!

Lo peor no está sólo en la falacia de sus argumentaciones, sino que todas las veces su presión sobre estos gobiernos títeres ha impuesto en la práctica esa política como si lo antipatriótico e inconveniente fuera que los bajos precios favorecieran a las mayorías poblacionales. Por eso lo hemos dicho y lo repetimos: la oligarquía y sus sumisos servidores, no quieren a este país, jamás han buscado la felicidad de los salvadoreños, ellos no saben nada de solidaridad, de bien común, de justicia social, de paz, dignidad y democracia. Si en verdad quisieran el progreso de El Salvador permitirían una sana competencia, permitirían que los salvadoreños con plena libertad escojan el gobierno que quieren, dejarían a un lado las campañas sucias y de temor; pero no, ellos quieren seguir en el poder, acusando a sus adversarios de ?comunistas? de ?rojos? de falsos líderes y de pretender llevar a ?nuestro pueblo a un desastre?. Si como dicen los que saben, el Señor Jesús regresara a esta tierra y se diera una vueltecita por este país, de seguro que sacaría el látigo y expulsaría de nuestro territorio a tanto sinvergüenza que con cinismo se golpea el pecho en las iglesias, mientras piensa en la mejor forma de seguir explotando y engañando en sus sucios negocios.