VENECONOMÍA - Está a la vista una de las manos de hierro que se esconden tras el guante de seda que lanzó el primer mandatario a la bancada opositora de la Asamblea Nacional el sábado pasado. Ésta es la propuesta presidencial de usar sus poderes habilitados para crear una Superintendencia de Costos y Precios. Aunque aún no se conocen los detalles sobre las potestades que se le darán a este nuevo ente, lo que adelantó el mandatario es más que alarmante. Según éste, la misma dictaría medidas para regular y poner límites a las ganancias de las empresas, las cuales a su entender no podrían exceder de 20%. No explicó si este 20%, es sobre el total de ventas o si sería sobre el patrimonio de la empresa. Otra característica de esta Superintendencia sería que, en ella, participarían miembros de los consejos comunales y obreros vinculados a federaciones cercanas al Gobierno, sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores en su conjunto, o a sus legítimos representantes, y mucho menos al sector patronal. La excusa para esta nueva avanzada intervencionista del Gobierno es lo que a su entender es el inicio de una "ola de especulación con los precios de los bienes de primera necesidad como alimentos, medicamentos y productos de consumo masivo". Es claro, que el Ejecutivo insiste de nuevo en desconocer que son sus medidas intervencionistas en estos largos 12 años las que han provocado la escasez de bienes básicos y el alza sostenida de precios de los mismos. Medidas éstas que, como la mayoría de los analistas han advertido persistentemente, han puesto una camisa de fuerza al sector productivo y lo han estrangulado. Entre otras, las guías de movilización, los controles de precios y las tasas de cambio, la ineficiencia de los puertos y aduanas, los crecientes aportes empresariales al Fisco Nacional, el acoso de los entes fiscalizadores, amén de las leyes punitivas contra la especulación y otras más que supuestamente pretenden garantizar la Soberanía Nacional, y que ponen una espada de Damocles sobre el sector privado. También obvia el Ejecutivo, que sus medidas confiscatorias a la propiedad han disminuido el parque industrial privado, y las empresas estatales que lo han sustituido muestran un proverbial fracaso de gestión. Además que sigue sin entender que las devaluaciones que viene aplicando periódicamente, implican aumentos en los costos de las empresas comerciales e industriales. Y que al impedir el incremento de precios se estrangula aún más a las empresas, y se le abre la puerta a los aprovechadores de oficio, la mayoría de las veces cercanos a los círculos de poder gubernamental. Es obvio, que este nuevo ente también tendría una injerencia inusitada en toda la cadena de producción, operaciones y administración de las empresas. Con lo cual estrecharía aún más la camisa de fuerza que ya tienen las empresas. Lejos de solucionar la espiral inflacionaria la impulsaría.
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