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Los Kirchner embisten

El enfrentamiento que durante tres años ha protagonizado la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con los medios de comunicación de su país y especialmente con el diario Clarín, tuvo por estos días otros dos alarmantes capítulos. En el primero, el gobierno austral revocó la licencia de Fibertel, una empresa proveedora de Internet con más de 1,2 millones de suscriptores que pertenece al conglomerado de medios, por supuestos vicios en una fusión con otro operador.

Pero la embestida más brutal fue emprendida por la propia mandataria. El pasado martes, en Buenos Aires, presentó un reporte oficial de más de 400 páginas en que se acusa a los dos medios escritos más influyentes de Argentina, Clarín y La Nación, de aliarse hace tres décadas con la dictadura militar de ese entonces para tomar el control de Papel Prensa, la única fabricante de papel periódico del país y proveedora de 170 diarios locales. Según Fernández, los antiguos dueños de la empresa fueron forzados a vender sus acciones a ambos rotativos -Clarín tiene hoy el 49 por ciento, La Nación, el 22 y el Estado, el 27 por ciento-. Con este informe en mano, el Ejecutivo anunció medidas que podrían desembocar en la toma de las acciones por parte del Estado. Y quien controla la materia prima controla la información.

El matrimonio Kirchner -Cristina, la mandataria, y Néstor, el ex presidente y actual diputado y secretario de Unasur- eleva así a un nivel casi delirante su pelea con la prensa al acusarlos de crímenes de lesa humanidad contra los Graiver, familia originalmente propietaria de Papel Prensa. Pero los registros muestran que la transacción comercial no solo fue legal y pública, sino que se llevó a cabo cinco meses antes de que los militares desataran su persecución contra los empresarios. Además, el mismo día en que el Gobierno revelaba los ataques, dos miembros del clan, Isidoro y María Sol Graiver, negaban las acusaciones de la Casa Rosada y ratificaban que la venta de sus intereses se realizó en completa libertad y sin presión alguna.

Desde que los medios de comunicación rechazaron el manejo oficial de la crisis del sector agrario, el Ejecutivo no ha cesado en sus ofensas verbales ni en el empleo del aparato estatal para asediarlos. El cierre de la proveedora de banda ancha, el sumario contra otra empresa de televisión por cable y las denuncias de complicidad con la dictadura para comprar Papel Prensa se enmarcan en un sistemático plan desde la Presidencia para intimidar, demonizar y desmantelar a varios grupos mediáticos, en especial a Clarín.

Los recientes ataques se suman a la aprobación de una ley de medios que restringe la propiedad y despedazaría a este conglomerado, hoy suspendida por decisión judicial. Pero, además, hay que mencionar la revocación de los derechos de transmisión del torneo nacional de fútbol, la abusiva redada de la administración de impuestos contra la sede del diario y un bloqueo temporal del sindicato de camioneros de las plantas de ambos periódicos.

Semejante movilización del poder ejecutivo argentino es una amenaza profunda a la libertad de prensa en toda América Latina. Iniciativas legislativas para controlar el papel periódico, investigaciones judiciales, programas en los canales de propiedad estatal, comisiones de regulación empresarial y órganos de vigilancia se cuentan dentro de las armas que la administración ha usado contra lo que el ex presidente Kirchner llama “dictadura mediática”.

Aprovechándose del gran tamaño y poderosa facturación de Clarín, así como del dolor que aún producen los años de la dictadura, la Casa Rosada quiere untar de un falso barniz de democratización un asalto feroz contra las conquistas que a la sociedad argentina le costaron tanto recuperar.
Editorial de El tiempo.co

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