El gobierno actual lleva a la República Dominicana por el rumbo equivocado. En vez de adoptar medidas para resolver la terrible crisis económica en la cual se encuentra el país, se ha embarcado en lograr la aprobación de una nueva Constitución que sólo beneficiará a un pequeño grupo de políticos. Las consecuencias de la incapacidad oficial de ordenar adecuadamente las prioridades del país serán nefastas.

Las autoridades gubernamentales deben tomar, en el mínimo plazo posible, medidas que mejoren el flujo de efectivo de las empresas. Ese objetivo implica un incremento de las ventas cobradas y la disminución del pago de impuestos.

El gobierno debe entender que el flujo de efectivo de las empresas debe incrementarse para promover el empleo y la capacidad de pago de las empresas y de las personas físicas de préstamos y otras obligaciones financieras. La calidad de la cartera de la banca dominicana depende fundamentalmente del flujo de efectivo y del empleo que generen las empresas.

Las ventas se estimularían mediante la aplicación de una política monetaria que permita la disminución de las tasas de interés. Una política monetaria menos restrictiva, que revierta las decisiones que han elevado sustancialmente el encaje legal efectivo en los últimos meses, y que permita la devolución al torrente financiero de una parte de los ahorros de los trabajadores colocados en el Banco Central a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones, estimularía la demanda agregada privada y mejoraría las ventas de las empresas.

La reducción de los impuestos ñtanto el que grava las rentas como el consumo- es también indispensable para elevar las ventas e incrementar el flujo de efectivo después de impuestos de las empresas y personas físicas. La disminución de la tasa del impuesto sobre la renta (e.g., de un 25% a un 15%) le permitiría a las empresas tener más capacidad para cumplir los compromisos financieros con las entidades financieras y emplear una mayor cantidad de personas. La caída de las ventas de viviendas y de automóviles es un reflejo de la recesión que arropa a la economía dominicana.

Una política fiscal austera es indispensable para que el Banco Central pueda aplicar una política monetaria menos restrictiva y disminuir, simultáneamente, los impuestos que afectan a las empresas y las personas físicas. El gobierno debe eliminar todos los gastos superfluos. La nómina de personas que cobran sin trabajar ñque incluye centenares de asesores presidenciales y millares de militantes del partido de gobierno- debe ser llevada a cero. Al mismo tiempo se debe reducir sustancialmente todo tipo de gasto cuyo aporte al bienestar del pueblo dominicano sea bajo. La aplicación de un análisis costo-beneficio ayudaría a eliminar y reducir los gastos que no son necesarios y generar así la holgura financiera indispensable para reducir los impuestos y permitir la disminución de las tasas de interés. No me cabe la menor duda que el sector privado logrará crear empleos más productivos que los que elimine el gobierno.

La mejora del balance de las finanzas públicas es imprescindible para que la economía dominicana pueda estar preparada para enfrentar adecuadamente la crisis financiera internacional. A pesar de que el gobierno le diga al pueblo dominicano que esa crisis no impactará negativamente al país, la realidad es que sí lo hará.

Así lo dice el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, la UNCTAD y todo analista económico riguroso. Los ingresos de divisas del país ya se están reduciendo al igual que sucede con la actividad económica. En los próximos meses se anunciarán quiebras de empresas de todos los tamaños, proceso que sólo podrá ser amortiguado si se modifica la política económica actual.

Las autoridades monetarias y tributarias nacionales deben trabajar de forma mancomunada para facilitar un aumento de la capitalización de los bancos. Algunas medidas impositivas para elevar el capital de los bancos son: la eliminación del impuesto sobre los beneficios de los bancos que sean capitalizados; la eliminación de los impuestos y decisiones regulatorias que elevan excesivamente los costos de intermediación financiera; y la eliminación de los impuestos que gravan la emisión de nuevas acciones, entre otras.

Por último, pero no menos importante, el gobierno debe estar preparado para anunciar a todo el país que el 100% de los depósitos en el sistema financiero nacional está totalmente garantizado. Recuerden que la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos han inyectado centenares de billones de dólares de liquidez al sistema financiero, han reducido las tasas de interés, han más que duplicado el monto de depósitos garantizados, han rescatado a instituciones financieras gigantescas y ahora se preparan para inyectar capital directamente a los bancos. Nos conviene estar preparados.

Espero que las autoridades gubernamentales entiendan el mensaje y rechacen mantener la nueva Constitución en la lista de prioridades nacionales, pues los verdaderos problemas son otros. Un último mensaje: la ambición personal excesiva nunca ha sido buena consejera.