La vida tras el exilio forzoso en Weblogs de Yaaqui.com

A las 4:30 am del 25 de septiembre de ese año, los gritos y el ruido de los perdigones y bombas lacrimógenas despertaron a la familia de la ex superintendente de Presupuesto y Control de Gestión. "Me asomé, pero entre la oscuridad y los gases, no se veía nada. Nos encerramos en mi cuarto porque nos estábamos asfixiando. Escuchábamos los pasos de los guardias nacionales, pero no hablábamos para que no nos oyeran. Temía que nos lanzaran una granada. Ni siquiera prendíamos la televisión para no hacer bulla", recuerda Irausquín con rabia, tristeza e impotencia.

La ex petrolera requirió dos años para conseguir vivienda, trabajo y empezar de nuevo.

"Eso nunca se olvida. Confío en que, en algún momento, se emprendan acciones contra las personas que violaron nuestros derechos humanos.

Eso no prescribe. Sólo me pregunto qué pasará con mis hijos en el futuro, porque un momento así deja secuelas".

En otro extremo de la urbanización estaba Ligia de Marchena, quien se trasladó al lugar en la madrugada para buscar a su sobrina, esposo e hijo. Estaba apurándolos para que se metieran al carro cuando llegaron los uniformados. Los vio entrar en formación ?calcula que varios centenaresy, cuando empezó a correr, sintió un golpe en el rostro. Le habían disparado una bomba lacrimógena que le causó el desprendimiento del músculo ocular, afección por la que esta semana ingresará a quirófano por segunda vez.

Como ella, otras 18 personas resultaron lesionadas y 36 niños fueron atendidos por asfixia, de acuerdo con las cifras de la asociación Gente del Petróleo. El resultado incluye también a 26 detenidos, de los cuales sólo a 5 le dieron libertad plena. El resto está en libertad condicional.

A las 11:00 am llegaron a casa de Irausquín un juez, una comisión de la GN, dos camiones de mudanza y una ambulancia. A pesar de su desacuerdo, tuvo que recoger. No se pudo despedir de sus vecinos y salió a casa de un familiar: "Entré en estado depresivo. No tenía trabajo y estaba con todas mis cosas en cajas, arrimada".

Irausquín había sido la primera desalojada, pero desde esa fecha empezaron a vaciarse los hogares de campos petroleros de todo el país donde vivían los despedidos después del paro, desde obreros hasta gerentes.

Más mudanzas.
Alfredo Martínez, quien se desempeñaba como analista de Recursos Humanos de Pdvsa, calcula que hay 2.500 familias que todavía viven en campos petroleros y corren el riesgo de ser desalojados. Martínez habitó durante 11 años una de esas casas, pero a finales de 2006 también recibió la visita de un juez con la medida de desalojo.

"No estábamos preparados, y nos dieron un día. Tratamos de hacer como La Vida es Bella: mandamos a mi hijo de 6 años de edad a casa de una cuñada, porque no queríamos que viviera eso. Mi esposa le decía a mi hija que no llorara, que no les diéramos el gusto, así que nos armamos de valor", recuerda el antiguo habitante de una urbanización en Lagunillas.

Durante dos meses vivieron los cuatro en la habitación de un familiar. Consiguieron una vivienda alquilada y ahora la están pagando a crédito. El ex trabajador asegura que algunos de sus compañeros vivieron consecuencias más duras, pero no deja de mencionar lo más difícil de su caso: mantener la calma, pues acababa de recuperarse de un infarto y los médicos le habían recomendado que no se alterara.

"Hacerle ver a mis hijos que íbamos a superar eso no era sencillo. Tampoco que se desprendieran de sus amistades y actividades. No es lo mismo hacer una mudanza planificada que salir de forma intempestiva", reflexiona. Él, como Ligia de Marchena, compara su experiencia con la de los judíos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él, como Irausquín, no le desea ese mal trago a nadie: "Ya no siento rencor, pero pido a Dios que los militares, abogados y jefes de Pdvsa que actuaron no pasen por una situación de esa naturaleza".

El Nacional
Mariela Hoyer Guerrero