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Los tratados de libre comercio constituyen, para el poder estadounidense, la oportunidad de aplicar el mismo proyecto en algunos países y en algunas regiones, dado que no le fue posible engullir a América Latina como conjunto.

El hecho de que los tratados se firman de manera bilateral o con pequeños bloques (caso DR-CAFTA, con República Dominicana y los países de Centroamérica) obliga a dar un tratamiento distinto en algunos aspectos a los diferentes gobiernos, pero se mantiene la meta de aplicar un proyecto uniforme de dominación.

La firma en septiembre pasado de la declaración mal llamada ?Camino hacia la Prosperidad en Las Américas?, lo pone en evidencia.

Estados Unidos comprometió en esa ?iniciativa? a 11 países del continente con los que ha firmado o tiene en carpeta acuerdos de libre comercio: Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.

Así nombrados, en orden alfabético como figura la lista en la declaración de finales de septiembre, se advierte que figuran los firmantes del DR-CAFTA, aquellos cuyos gobernantes, en los más desvergonzados arranques de servilismo, (como ocurrió con Leonel Fernández) proclamaron hace tres años que sin la firma de ese tratado no había futuro. Figuran otros aliados que han hecho negociaciones con matices diferentes, pero con la misma definición.

El grupo se reunirá próximamente para acordar algunas acciones. ¿Generosidad del socio mayor? En modo alguno, es el interés de Estados Unidos de ampliar su lista de mercados cautivos para colocar su producción y activar su economía.

La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, el mismo 24 de septiembre en el Consejo de las Américas, dijo que en el año 2007 el comercio representó más del 45% del crecimiento económico de Estados Unidos ?y el país exportó bienes y servicios por valor de 926 millones de dólares en el primer semestre de este año, que fue un 18 por ciento más alto que durante el mismo período el año pasado?.

Estados Unidos responde a sus propios intereses, pero al mismo tiempo utiliza el aspecto económico como marco para la imposición política.

El acuerdo con Panamá, por ejemplo, estuvo casi paralizado hasta que, en el presente año, dejó de ser presidente de la Cámara de Diputados Pedro Miguel González.

El propio secretario de Comercio de Estados Unidos, el apátrida Carlos Gutiérrez (nacido en Cuba aunque no cubano) dijo que su gobierno estaba ?profundamente decepcionado? por la elección de González.

El motivo es que ese diputado fue acusado en el año 1992, aunque absuelto por un jurado de conciencia en Panamá, de matar a un soldado estadounidense. Quien recuerda que en diciembre de 1989, durante el gobierno de George Bush, padre, Estados Unidos invadió a Panamá, no preguntará si el lamentable incidente ocurrió en alguna calle de Washington.

Estados Unidos desconoce el fallo de la Justicia de Panamá y mantiene orden de captura contra González. (A un socio menor le hubiesen aconsejado los halcones abandonar rencores viejos).

Funcionarios como Carlos Gutiérrez y la propia Condoleezza Rice se niegan a ver la invasión como una nueva herida a este pedazo de continente.

Y, como si nada hubiese sucedido, la Administración Bush, que dio carácter oficial a la conspiración contra Cuba, colaboró con el efímero golpe de Estado en Venezuela en abril del año 2002 y ha convertido a Colombia en un Estado agresor, se despide con la formación de un grupo a partir de una declaración que lleva en su nombre todos los adornos, pero responde, en esencia, al más descarado intento de recolonizar a América Latina...