El más importante líder de la oposición venezolana, el alcalde de Maracaibo Manuel Rosales, enfrenta probablemente la batalla más dura en su larga carrera política, en medio de un polémico juicio que se le sigue por acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito con ramificaciones en la Florida, que podrían llevarlo a la cárcel.

En el centro de las diversas acusaciones contra Rosales se encuentran los ingresos que percibió durante varios años aparentemente sin justificación, y que suman 147,000 bolívares fuertes, unos $70,000 al cambio oficial.

Parte de las acusaciones incluyen 14 empresas y siete propiedades en la Florida. Según el diputado Mario Isea, el más activo de los denunciantes, de las 14 empresas, siete están a nombre de Manuel Rosales.

"Estamos en presencia de una red de empresas nacionales e internacionales, a través de las cuales el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, moviliza cuantiosas sumas de dinero en el exterior, utilizando como testaferros a familiares cercanos, amigos que a su vez contratan con la Gobernación'', declaró Isea cuando presentó su denuncia.

Sin embargo, Isea no ha podido demostrar hasta ahora la relación de Manuel Rosales Guerrero con estas empresas y propiedades, ni los montos presuntamente obtenidos del presupuesto de la Gobernación del estado Zulia, y que supuestamente fueron transferidos a estas firmas radicadas en la Florida.

"No tengo propiedades en la Florida ni en ninguna otra parte del mundo'', respondió Rosales cuando El Nuevo Herald le preguntó sobre estas acusaciones, en una entrevista en su oficina en Caracas. "Todas estas acusaciones son un montaje para inhabilitarme políticamente, utilizando un viejo expediente que desempolvaron, a pesar de que demostré que las acusaciones no tenían fundamento''.

El expediente a que hace referencia es una investigación de la Contraloría General de la República (CGR), iniciada en agosto del 2004, luego de que el dirigente oficialista José Luis Pirela, del partido Patria Para Todos (PPT), denunció que Rosales presuntamente había utilizado fondos del Estado, en asociación con tres de sus hermanos, para adquirir haciendas, fundos y terrenos por un monto superior a los 410 millones de bolívares (unos $190,000).

La primera en la lista es la firma Inversiones Agropecuaria La Milagrosa C.A., una empresa dedicada al "fomento, desarrollo y explotación técnica de fundos agropecuarios en el país'', según reza el registro mercantil incluido en la fiscalía.

De acuerdo con la denuncia de Pirela, Rosales y tres de sus hermanos establecieron la inversora con un capital de 65 millones de bolívares (alrededor de $28,000).

El dirigente oficialista mencionó que durante el tiempo que Rosales fue alcalde de Maracaibo en su primer período, que se inició antes de la llegada de Chávez al poder en 1999, sus hermanos compraron además varias haciendas y fundos, entre ellos Montebello, por 300 millones de bolívares (unos $140,000), y Rancho Grande y Aranjo, por un valor de 45 millones de bolívares (unos $20,000).

Pirela solicitó a la Fiscalía investigar el origen del dinero utilizado para la compra de estas propiedades, ya que "ninguno de ellos [los hermanos de Rosales] ha tenido capital para adquirirlas''.

Además de este expediente de la CGR, que fue reabierto el año pasado, a las acusaciones de Rosales se sumaron otras denuncias del dirigente Giancarlo Dimartino, alcalde de Maracaibo hasta el año pasado.

Di Martino presentó el 27 de octubre del 2008 una segunda ola de denuncias, agregando los presuntos casos de adquisición de 14 haciendas por el gobernador Rosales, "en connivencia con su entorno familiar y funcionarial inmediato''.

Entre ellas mencionó los fundos Monte Bello, Tamare, Las Piedras, Las Palmeras, Araujo, Agropecuarias La Bonanza y Santa Teresa, las haciendas Rancho Monte Verde, Santa Isabel, El Zamuro, San Miguel, Matera Nueva, La Valenciana, El Rosario, y otras 10 fincas, parcelas y conucos.

Sin embargo, Di Martino no presentó pruebas de que los capitales utilizados para la adquisición de estas propiedades provenían del erario público estatal.

El Nuevo Herald trató de contactar a Di Martino, pero varias llamadas no fueron devueltas.

Otro grupo de denuncias, en las que se incluyen las empresas establecidas en la Florida, fueron presentadas por el diputado chavista Mario Isea tres semanas después, el 18 de noviembre del 2008, apenas cinco días antes de las elecciones regionales, en las que Rosales participó como candidato a alcalde de Maracaibo.

Isea presentó una serie de documentos obtenidos mediante la base de datos de empresas registradas en la Florida, que es de acceso público a través de la dirección www.sunbiz.org.

Según una investigación de El Nuevo Herald, un total de siete empresas tienen como agentes registrados a personas con el nombre de Manuel Rosales, Manuel A. Rosales, y Manuel Andrés Rosales.

A nombre de Manuel Rosales se encuentran las firmas Surprise Party Rental y Agropecuaria La Milagrosa Inc., esta última con el mismo nombre de la empresa de inversiones cuestionada por el oficialismo en las acusaciones presentadas ante la Fiscalía General de Venezuela.

Bajo el nombre de Manuel A. Rosales, figuran las empresas Romar Vinos Inc., Caspian Plumbing Inc., Vizcaya Mortgage Inc. y Directsat Security LLC.

Sólo la empresa Inversiones Nuevo Mundo Inc. figura bajo el nombre de Manuel Andrés Rosales.

Agropecuaria La Milagrosa Inc. fue registrada el 9 de mayo del 2007 y permanece activa según los registros oficiales. Como directores figuran Maritza Bastidas y Fernando Tata. Ambos fueron eliminados como directores el 3 de mayo del 2008. En su lugar, fue designado como director único Manuel Alejandro Rosales. La empresa aparece registrada en el 14719 Brunswood Way, en Orlando.

Una segunda firma, Viscaya Mortgage, tiene como presidente a Fernando Tata (ex director de Agropecuaria La Milagrosa Inc.), y como vicepresidente a Manuel A. Rosales, cuya dirección es la misma que la de Agropecuaria La Milagrosa Inc.

Una tercera empresa, Directsat Security, tiene la misma dirección postal que la de Agropecuaria La Milagrosa Inc., y como agente registrado a Manuel Rosales.

Una cuarta firma, Inversiones Nuevo Mundo Inc., tiene como agente a Maritza Bastidas, ex directora de Agropecuaria La Milagrosa Inc.

Tres de las empresas registradas bajo el nombre de Manuel Rosales aparentemente no guardan relación con las otras cuatro. Las firmas Surprise Party Rental y Romer Vinos están registradas en ciudades distintas (Jacksonville y Viera, respectivamente), mientras que Caspian Plumbing aparece inactiva desde el 2006.

Los documentos del registro de empresas de la Florida no muestran ningún tipo de indicios que permitan asegurar que las empresas antes citadas estén vinculadas directa o indirectamente con el ex gobernador y actual alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales.

En contraste con las acusaciones de dirigentes chavistas, la versión de Rosales difiere radicalmente.

En primer lugar, afirmó Rosales, el expediente de la CGR de 2004 fue "cerrado, al no encontrarse elementos ni pruebas que ameritaran una decisión en mi contra''.

Luego de dos años archivado, continuó el líder opositor, "desempolvan el expediente, le añaden el caso de millones en supuestas propiedades mías en Europa y en otros países, crean un ambiente de duda y criminalizan mi imagen política'', con el fin de "inhabilitarme para el pasado proceso electoral''.

"Lo que pasa es que Chávez tienen una fijación conmigo porque en 10 años nunca han podido ganar en el estado Zulia'', aseguró el ex gobernador.

Rosales explicó que los ingresos de 147,000 bolívares fuertes (unos $70,000), según la CGR supuestamente injustificables, y que sustentan el caso de enriquecimiento ilícito hasta ahora demostrado, en realidad derivan de beneficios que obtuvo "por mis actividades agropecuarias que están en los libros de contabilidad, actividades de muchos años, aportes por los cuales yo pagué impuestos al Seniat''.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) es el órgano de ejecución tributaria nacional de Venezuela.

Entonces, se preguntó Rosales, "¿cómo es que sí reconocen mi actividad agropecuaria, inspeccionaron los libros de contabilidad sobre esa actividad, reconocen mi pago de impuestos al Seniat, pero esos ingresos no los reconoce la Contraloría?"

Con respecto a las empresas y propiedades presentadas por el diputado Isea ante la fiscalía como de su propiedad, Rosales declinó entrar en detalles, pero insistió en negar que mantenga alguna relación con esas firmas registradas en la Florida.

"Esa es la manera de criminalizar sin pruebas, de atropellar, es la manera de arrinconar a los que somos electos alcaldes y gobernadores, y además creando más zozobra e incertidumbre mientras Venezuela inicia el camino de una situación económica difícil'', puntualizó Rosales.

Casto Ocando

El Nuevo Herald