Venezuela se vio obligada a retirarse esta semana del organismo de Naciones Unidas que certifica la procedencia legal de los diamantes, conocido como Proceso Kimberley (KP), tras una denuncia por no haber cooperado desde el 2003 en la lucha contra el contrabando ilegal de más de 150,000 quilates de la piedra preciosa.

El anuncio generó el miércoles un llamado a boicotear la distribución de diamantes venezolanos por el mayor grupo comerciante de diamantes en el mundo, la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes, que congrega a 29 bolsas internacionales y tiene su sede en Amberes, Bélgica.

Venezuela estará dos años fuera del KP, que vincula a 35 países productores, bajo el compromiso de detener por completo la exportación de diamantes en bruto, según una carta de la Cancillería venezolana enviada a la directiva del KP reunida en Nueva Dehli la semana pasada, en la que pide un retiro voluntario del proceso para evitar la expulsión.

Organizaciones no gubernamentales internacionales habían exigido la expulsión de Venezuela argumentando que Caracas resultó incapaz de monitorear y controlar el contrabando ilegal de diamantes en gran escala desde su incorporación al organismo en el 2003.

En momentos que el quilate de diamante se cotiza entre $100 y $300, los diamantes venezolanos son sacados ilegalmente del país a través de un complejo proceso de compraventa y revendidos en mercados internacionales como Nueva York, Hong Kong y Amberes, con frecuencia a través de canales vinculados a elementos criminales, según informes independientes.

"Venezuela ha incumplido durante varios años las obligaciones establecidas por el Proceso Kimberley'', dijo a El Nuevo Herald Annie Dunnebacke, portavoz de Global Witness, una organización independiente con sede en Londres que monitorea el comercio y tráfico de diamantes a nivel mundial.

Entre otros factores, el gobierno venezolano no presentó informes sobre la explotación y la certificación de diamantes y "es el único país productor de diamantes miembro del KP que no ha permitido que expertos le hagan una visita de revisión'', agregó Dunnebacke.

La activista dijo que aunque la mayoría de los llamados diamantes ensangrentados provienen de países africanos, no se descarta que diamantes producidos en el sur de Venezuela pudieran terminar en manos de grupos como narcotraficantes o guerrilleros para financiar actos de violencia.

"El KP es un sistema voluntario. Nadie está forzando a Venezuela a ser miembro. Si quiere participar en la lucha contra los diamantes que ha asolado Africa, está bien. Si quiere ser un miembro respetado de los países productores y comerciantes de diamantes a nivel mundial, también está bien. Pero debe cumplir las normas mínimos establecidas del KP'', señaló en una declaración oficial Abu Brima, vocero de la organización no gubernamental Red de Movimientos por la Justicia y el Desarrollo de Sierra Leona.

El Proceso Kimberley surgió como resultado de una preocupación sobre los llamados diamantes ensangrentados que se producen en algunos países africanos con medios que violan los derechos humanos, y que luego se venden a traficantes de armas para financiar guerras civiles en el continente.

El Nuevo Herald trató de comunicarse infructuosamente con el despacho del ministro de Minas de Venezuela, Rodolfo Sanz, para que comentara sobre las denuncias.

Sin embargo, Venezuela ha negado constantemente las acusaciones y según Global Witness ha ofrecido permitir una visita internacional este año, aunque hasta ahora se ha mantenido silencio sobre el tema de la visita.

Según las estadísticas más recientes de KP, Venezuela declaró en el 2006 una producción de 16,980.73 quilates, a un precio promedio de $69.55 el quilate, una cifra ínfima comparada con los números reales, alegan expertos.

De acuerdo con cálculos de Partnership Africa Canada (PAC), organización no gubernamental que lucha contra los diamantes ensangrentados, el número real de diamantes contrabandeados en Venezuela pudiera llegar a 300,000 quilates al año, la mitad de los reportados por Venezuela en 1994, cuando producía unos 600,000 quilates anuales, según cifras oficiales.

El más reciente informe de PAC sobre Venezuela afirma que los grupos de contrabandistas de diamantes que operan en territorio venezolano "son los mismos, por su propia admisión, que trafican piedras preciosas desde naciones africanas como Namibia y Angola''.

"Una combinación de altos impuestos, el ineficiente control de divisas e incompetencia burocrática llevaron a los negociantes de diamantes de Venezuela a la clandestinidad'', indicó el informe.

El Nuevo Herald
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