Los inmigrantes podrían ir a la huelga por la polémica sobre el empadronamiento en Weblogs de Yaaqui.com

El portavoz de la asociación de inmigrantes Rumiñahui, Raúl Jiménez, advirtió este lunes que polémicas como las de Vic (Barcelona) o Torrejón de Ardoz, "están dando luz para que se inicie un grupo de organizaciones inmigrantes bastante representativo" que podría conducir "a una gran huelga", convocada desde Francia y secundada en Italia, bajo el lema 'Intentad vivir un día sin nosotros' para el 1 de marzo. Jiménez aseguró que una huelga de inmigrantes en España "colapsaría el sistema económico en todos los sectores, principalmente en el sector servicios que es el engranaje fundamental de toda la sociedad: la recogida de basura, el transporte, la mensajería, la construcción, la hostelería... Sería un caos total".

En este sentido, afirmó que la iniciativa es "buena" y "ayudaría bastante a sensibilizar a la población, inquietada por las polvaredas que han levantado incluso representantes políticos de la derecha". Por lo tanto, manifestó la intención de consensuar con el resto de asociaciones para "hacer fuerza" y que se destaque "la importancia de la inmigración". "Son 5 millones de personas inmigrantes en España, imagina lo que supondría en la agricultura o en las fábricas", añadió.

Sin embargo, lamentó que este tipo de huelgas no suelen ser apoyadas por todos los inmigrantes, ya que "los que consiguen papeles se desentienden de esta situación quizás por miedo a perder sus empleos".

La iniciativa surgió en Francia cuando una periodista de origen marroquí, Nadia Lamarkbi abrió un grupo en Facebook titulado '24 horas sin nosotros', que en poco tiempo alcanzó las 54.000 adhesiones. La convocatoria coincidió en el tiempo con la expulsión de cerca de 2.500 braceros africanos de la localidad calabresa de Rosarno, en Italia, lo que provocó que varias asociaciones del país apoyasen la propuesta.

Movilización en Francia e Italia

Por otro lado, Jiménez criticó que "Berlusconi y Sarkozy hayan abonado un terreno peligroso con sus políticas excluyentes" y reclamó que "desde la sociedad civil se frene esta ola de discriminación racial y se entienda que la inmigración es una oportunidad de desarrollo cultural, social y económico".

Asimismo, indicó que "todos saben de donde nace esto: en Italia nace de la mafia, en Francia de la extrema derecha y aquí ya hay un señor que ha salido por Vic" y, en este sentido, dijo que "es importante que todos los sectores sociales y las organizaciones de inmigrantes se involucren para darle voz a esta iniciativa porque es la única manera de ver la fuerza que tiene el movimiento migratorio en los países desarrollados".

Casos españoles: Vic y Torrejón de Ardoz

La localidad barcelonesa de Vic fue el primer municipio en hacer saltar la polémica al apoyar una normativa que impedía el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular. En esta ocasión, los grupos del equipo de gobierno (CiU, PSC y ERC) mostraron su conformidad, al igual que la ultraderechista Plataforma per Catalunya. No obstante, tras las quejas de asociaciones y sindicatos, Josep Maria Vila d'Abadal, el alcalde de Vic, decidió pedir un informe externo que analizara la legalidad de esta iniciativa y posponer el debate hasta el 4 de febrero.

El caso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz es muy similar: el ayuntamiento se negaba a inscribir en el padrón municipal a aquellos extranjeros con visado de turista. Además, para luchar contra los conocidos como 'pisos patera', imponían el requisito de que la vivienda en la que se fueran a inscribir debía tener un mínimo de 20 m2 por persona.

Sin embargo, ambos municipios han tenido que dar marcha atrás tras una orden dictada desde la Abogacía del Estado en la que se afirma que los ayuntamientos deben inscribir en el padrón municipal a todos los inmigrantes "con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español". Además, este documento coincide con otro presentado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el que se asegura que si los consistorios no llevan a cabo el empadronamiento, el Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), podrá hacerlo.

Fuente: 20minutos