Los seguros se llenan los bolsillos y dan pensiones pírricas en Weblogs de Yaaqui.com

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con una voz que batalla por salir de unos labios temblorosos, Belkis Colón, casi inaudible, trata de explicar la situación en que se encuentra.

Reúne fuerzas y se escucha un murmullo: ?Me siento muy deprimida por la situación en que estoy, económicamente precaria. Los medicamentos son caros?.

El estado ánimo de esta señora es consecuencia de la negación de sus derechos por parte del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Cinco años de reclamos no han sido suficientes para que se le reconozca la pensión por discapacidad, y del derecho a los servicios de salud que este beneficio conlleva.

Por su enfermedad, Belkis Colón dejó atrás un historial de 19 años de labor como contable en una empresa extranjera. Ahora, esta mujer depende únicamente de la ayuda de sus familiares cercanos para costear sus medicamentos -unos RD$24 mil mensuales-, y sus periodos de internamientos en un centro de salud -unos RD$50 mil cada vez que se interna-.

Colón se considera la víctima más visible de la resolución 97-03 emitida por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que puso en manos de las compañías de seguros la función de calificar las solicitudes de pensiones por discapacidad y sobrevivencia.

Aunque este era un ?mecanismo transitorio?, se mantuvo vigente por más de 5 años, hasta octubre de 2008, cuando por fin el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) puso en operación a las Comisiones Médicas, tal como manda el artículo 49 de la Ley 87-01 sobre el SDSS.

LO QUE DICE LA LEY

El artículo 3 de la Ley 87-01 dice, en su principio de Universalidad: ?El SDSS deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes e n el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política y económica?.
El artículo 47 dice que ?la pensión por discapacidad total equivaldrá al 60% del salario y en los casos de discapacidad parcial será del 30%?.
El artículo 49 expresa que ?el grado de discapacidad será determinado por las comisiones médicas regionales de acuerdo a las normas de evaluación y calificación del grado de discapacidad, elaboradas por la Superintendencia de Pensiones y aprobadas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social?. El párrafo del artículo estipula que ?las compañías de seguros podrán apelar una decisión de la Comisión Médica Regional ante la Comisión Médica Nacional?.
El artículo 51 establece que ?en caso de fallecimiento del afiliado activo, los beneficiarios recibirán una pensión de sobrevivencia de 60% del salario cotizable?. Si el cónyuge sobreviviente tiene más 50 años recibirá la pensión por 72 meses y si tiene más de 55 años, será vitalicia.

Al igual que una indeterminada cantidad de afiliados, Colón, cuyo caso fue divulgado por CLAVE en un reportaje publicado en la edición #57 del 12 de abril de 2007, también se siente perjudicada por la resolución 2004-04 emitida por la SIPEN, que aprueba el contrato de discapacidad y sobrevivencia y que incluye la autorización a las compañías de seguros para que rechacen las solicitudes de pensiones de los afiliados a los que se les demuestre que tenían la enfermedad que los incapacita antes de ingresar al SDSS.

Aunque la Ley 87-01 no menciona en parte alguna el tema de las ?enfermedades preexistentes? y contrario a esto establece varias veces que no se puede discriminar a los afiliados ?por razón de salud?, el CNSS aprobó el contrato de discapacidad para 2008-2009 donde se mantiene la negación de las solicitudes de pensiones de los afiliados con enfermedades preexistentes cuyo origen se remonta a antes de los 12 meses de su afiliación al Sistema.

A la condición de ?juez y parte? de las compañías de seguro, se le atribuye el que hasta junio de 2008 sólo se habían otorgado 382 pensiones por discapacidad y rechazado 367 solicitudes. También, apenas se habían concedido 981 pensiones por sobrevivencia y negado 615. Estos montos se consideran muy bajos comparados con la cantidad de los afiliados a esa fecha en el SDSS, 1, 896,014, entre los cuales había 915,787 cotizantes, según los informes de la SIPEN.

En abril de 2007, Persia Álvarez, superintendente de Pensiones, reveló a CLAVE que en ese mes del año pasado las compañías de seguro habían rechazado 205 pensiones por discapacidad, de las cuales 61 habían sido negadas porque se consideró que la enfermedad del afiliado era preexistente a la fecha de ingreso a la Seguridad Social.

En la sesión del CNSS del 21 de agosto, cuando se discutió el tema de la viabilidad del costo de 1% de la póliza de discapacidad y sobrevivencia, se caldearon los ánimos entre los miembros del Consejo. Al evaluar la situación hasta en ese entonces existente, en que las compañías de seguros actuaban como ?juez y parte? , los juicios externados por algunos consejeros e invitados fueron los siguientes: ?Tendencia perversa de las AFP? (Nélsida Marmolejos, invitada y directora de la DIDA); ?personas explícitamente estafadas?, (Jesús Navarro); ?crimen contra los trabajadores?, (Silvio Ureña, sector laboral); ?da pena ver cómo las compañías van detrás del dinero acumulado por los afiliados? (Marco Martínez, suplente representante de los profesionales y técnicos).

En el mundo del dinero. En esa reunión estuvo presente, como invitado, Miguel Villamán, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR).

Pero en realidad, Villamán representaba en esa reunión a sólo cinco compañías que son las que operan el seguro de discapacidad y sobrevivencia: Seguro Universal, Seguros Banreservas, Progreso Compañía de Seguros, Scotia Seguros, y MAPFRE BHD Seguros. Según los datos suministrados por la Tesorería de la Seguridad Social, entre junio de 2003 y el 30 de septiembre de 2008 estas empresas debieron haber recibidos RD$4,625 millones. La mayor parte de este monto fue a parar a las cuentas de las 4 compañías privadas de seguros, si se considera que el 70% de los fondos de pensiones corresponden a la capitalización individual y sólo un 19% al sistema de reparto o estatal. Estos fondos provienen del 1% que sobre los salarios pagan cada mes los cotizantes.

"VIACRUCIS" DE BELKIS COLÓN

Marzo 2003. De forma obligatoria Belkis Colón es afiliada a la AFP Popular, donde cotiza 14 meses.
Agosto 2004. Colón, con 47 años de edad, solicita una pensión por discapacidad a la AFP Popular, por su impedimento para trabajar como consecuencia de los efectos del Mal de Parkinson.
Diciembre 2004. La AFP Popular, Seguro Popular (actual Seguros Universal) rechaza la solicitud, al alegar que la enfermedad le fue diagnosticada antes de ingresar a la AFP.
Septiembre 2006. La Sipen responde a la solicitud de Colón de que se reconsidere su caso y la entidad le informa que una vez comiencen a operar, las Comisiones Médicas lo evaluarán.
Abril 2008. Colón somete un recurso de inconformidad al CNSS. En agosto, este organismo decide declararse incompetente, lo que es un reclamo de Seguros Universal.

Si se parte de las cantidades promedio de pensiones durante los 57 meses de existencia del Sistema de la Seguridad Social, y de los montos promedio pagados por personas pensionadas (unos RD$6,500), en esos cinco años las compañías de seguros apenas generaron por concepto de pensiones unos RD$250 millones. ¿Qué pasa con la diferencia de más de 4 mil millones de pesos? Según explicó Miguel Villamán a CLAVE, ?gran parte pasó a formar parte de las reservas? de estas empresas para supuestamente cubrir siniestros futuros. Villamán reconoce que en las aseguradoras los afiliados ?no acumulan?. Ese dinero que no se comprometió con el pago de pensión presente o futura, durante la vigencia de la póliza anual, pasa a ser propiedad de las compañías de seguros.

¿Ganancias, patrimonio o reservas? póngale usted el nombre, pero el dinero pasa a ser propiedad de las empresas.

En la reunión del Consejo, Villamán manifestó que su sector ?está abierto para revisar y mejorar los beneficios? de los afiliados, pero aclaró que hay que verificar ?si el dinero es suficiente?. De este modo respondía a Persia Álvarez, que aseguraba que de acuerdo con ?estudios? del SIPEN los recursos que provee el 1% permite ampliar la cobertura, de modo que pueda incluirse a aquellos afiliados discapacitados que han entrado al sistema de pensiones con 45 años o más (ellos pagan el 1%).

La historia se repite. José Goris, presidente del Comité Técnico de Vida de CADOAR, revela que en 2003 SIPEN realizó un estudio en que planteaba que la tasa de 1% era suficiente para cubrir las coberturas previstas en la ley.

?Nosotros, como CADOAR, hicimos los estudios y demostramos a la SIPEN que no eran suficientes?, explica. Señala que por esa razón, y a petición de las compañías de seguros, la SIPEN aplicó un esquema de gradualidad, de modo que el monto de pensión a entregar en el primer año no fuera el 60% del salario como dice la ley, sino el 50%, y que se incrementara durante cinco años en 2.5 puntos hasta llegar al 60% legal. Desde luego, este esquema de gradualidad no se aplicó a la tarifa de 1% , tasa que desde el principio les fue descontada a los trabajadores y empleadores.

Al igual que en 2003, y pese a acumular ?reservas? por más de RD$4 mil millones, las cuales están generando intereses y reciben cada mes, según Villamán, RD$90 millones por concepto del 1%, las compañías de seguro continúan afirmando que los ingresos no son suficientes para cubrir los riesgos futuros.

Mientras tanto, el CNSS continúa dándoles a esas compañías privilegios no incluidos en la ley, como es el caso de las enfermedades preexistentes. ?Si nosotros no ponemos esa cláusula, todo el que tenga una enfermedad terminal en este país va a crear una compañía para aportar a la Seguridad Social y a ponernos a toda esa gente, lo que va a quebrar al sistema?, arguye Miguel Villamán. Se le pregunta dónde sitúa a las comisiones médicas en ese escenario, que son las que deben calificar las enfermedades, sin considerar siquiera el principio de universalidad de la Seguridad Social. No responde.

ENTREVISTA CON ANA ILSE MENA, GERENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Pasaron cinco años antes de crearse las Comisiones Médicas. ¿Por qué?

No sé. Cuando yo llegué hace un año y 10 meses pregunté qué pasó, me respondieron: ?Nadie quiere hacerse responsable del proyecto?. Pero es el Consejo que tiene que hacerse responsable, dice la Ley. Después que implementé el Seguro Familiar de Salud dije, ?esto hay que regularlo?. Ahora las comisiones médica s operan.

¿Mantiene el contrato las enfermedades preexistentes?

Sí. Pero es un principio fundamental que no se discrimina a los afiliados por condiciones de salud. El caso de Belkis Colón volvió, tenemos opiniones legales desde fuera, y el Consejo tendrá que fallar.

Pero si el contrato incluye la enfermedad preexistente, ¿entonces fallará contra Belkis Colón?

No sé, tendremos que ver lo que decide la Comisión designada, que tiene que estudiar el caso, no me atrevo a adelantar una opinión.