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TRES (03) AÑOS DE INJUSTICIA, IRREGULARIDADES,

VICIOS Y PARCIALIDAD CON EL ESTADO

Al cumplirse el 11 de marzo del 2009, tres años de un largo secuestro en mi contra por ordenes de Hugo Chávez, quiero manifestar lo que ha significado para mi como ciudadano venezolano, como esposo, como padre, como hijo, ser victima de la falta de autonomía de poderes y de la concentración del mismo en manos de una sola persona que se ha creido omnipotente y dueño de los destinos de los venezolanos.

Como consecuencia, precisamente del control absoluto de los poderes del estado por parte de Hugo Chávez, suceden exactamente las situaciones de orden jurídico que observamos en todos los casos de los prisioneros políticos en Venezuela. Y aunque el actual gobierno, insista en tratar tapar el sol con un dedo, las evidencias en los expedientes de los casos conocidos por el mundo entero ya, son demasiadas. Las claras violaciones a la Constitución, a los derechos y garantías fundamentales y en fin, a nuestras leyes, hablan por si solas.

La prueba fehaciente de un país que se pueda llamar democrático, es precisamente el respeto a su ordenamiento legal vigente. Esto actualmente no aguanta una verificación en nuestro sistema de justicia.

Una serie de irregularidades, vicios, parcialidad e injusticia ha rodeado el proceso de investigación y juicio que se lleva en mi contra, me encuentro privado ilegalmente de libertad desde hace tres (03) años por supuestas irregularidades ocurridas en la construcción del Central Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ). Tres largos años durante los cuales he estado separado ilegítimamente de mi grupo familiar y siendo acusado de delitos que nunca he cometido y que tomando en cuenta mis principios y valores, arraigados en mi persona desde que era una niño, nunca podría cometer.

Quiero manifestar mi total inocencia respecto a las imputaciones sobre supuestos delitos que el Ministerio Público ha realizado en mi contra. La Fiscalía aun no ha presentado una sola prueba para demostrar las patrañas de las cuales se me acusa. Una medida privativa de libertad en estas condiciones no prosperaría en un país donde los poderes se limiten a cumplir con las normas y no a obedecer caprichos de los gobernantes poniéndose al margen de la Ley.

La verdadera intención que ha tenido el estado manteniéndome bajo secuestro es el intentar justificar que está trabajando para derrotar la corrupción, además de proteger a los verdaderos culpables de las irregularidades cometidas en el CAAEZ. En todo este tiempo, el Ministerio Público se ha dado a la tarea de inventar, falsear toda la información recolectada, con la simple misión de enjuiciarme y condenarme construyendo delitos sobre hechos falsos, para poder justificar su trabajo y quedar bien ante el Teniente Coronel Chávez.

Esta causa ha estado plagada de irregularidades y vicios:

Falta de imputación formal la cual fue realizada año y medio después de que se ordenara la orden privativa de libertad.

Gran cantidad de inhibiciones, recusaciones y denuncias en contra de los fiscales como de los jueces actuantes debido a violaciones al debido proceso e incluso de delitos cometidos por la Fiscalía.

Se han violado derechos que tienen todos los seres humanos en condiciones de igualdad, como son la libertad, la justicia, la seguridad personal, la presunción de inocencia y la paz.

La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz ha manifestado recientemente que quien se entrega voluntariamente, no tiene que ser detenido, no debe proceder la privación preventiva de la libertad y debe quedar inmediatamente libre y realizársele una investigación y un juico en libertad, ha calificado como encomiable el gesto de presentación voluntaria; pues señora fiscal este es mi caso y consta en un acta elaborada en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) el 11 de Marzo de 2006, cuando sin tener información este organismo de la orden de aprehensión en mi contra, voluntariamente me presenté en esa sede para ponerme a disposición de las autoridades, porque ya tenía conocimiento que esta había sido acordada por un Tribunal de Control del Circuito Judicial del Estado Barinas, así que si existen ciudadanos merecedores de ese derecho, de ser juzgado en libertad, así debería ser también para mi caso y el de muchos otros. Las actuaciones de los fiscales que llevan el caso, no sólo incumplen sus directrices sobre la buena fe y la reafirmación de la libertad como regla; sino que por desconocer o hacer caso omiso de los principios que me deberían amparar, están convirtiendo al Ministerio Público en verdugo, en algo muy ajeno al ser garante de la legalidad, la transparencia, la imparcialidad y la justicia, en promotor de mi ilegítima e irresponsable privación de uno de los principios fundamentales del ser humano, como lo es la libertad.

Desde hace siete (07) meses reposa en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de Recurso de Amparo interpuesto, en su oportunidad legal, a mi favor, el cual fue intentado el cinco (05) de Agosto del 2008, considerando que se ha violentado el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, al haber transcurrido mas de dos (02) años sin que existiera imposición de una sentencia en mi contra y sin que la propia Fiscalía solicitara prorroga de la privativa de libertad. Una vez más veo vulnerado mis derechos debido a que aun no hemos obtenido respuesta por parte de esta sala siendo el ponente responsable el magistrado Dugarte.

Claramente se puede apreciar que el problema en Venezuela no es el de la existencia o no de leyes, sino de los órganos jurídicos encargados de su aplicación. No existe un Sistema de Administración de Justicia imparcial, transparente y objetivo, lamentablemente lo que si existe en nuestro amado país es la utilización de los supuestos organismos de justicia como instrumento de venganza, sobre todo de disidentes políticos y de quienes no se presten por actos de conciencia al aval de hechos irregulares como lo es mi caso siendo que alerté en su momento de hechos de corrupción en el Central Azucarero de Barinas.

Pido a Venezuela entera que no desmaye en la lucha por lograr una nación más justa, que sigan en la búsqueda de un mejor país en el cual verdaderamente todos seamos respetados como ciudadanos y tengamos acceso a derechos fundamentales establecidos en tratados y convenios nacionales e internacionales.

Gral.(Ej) Delfín Gómez Parra
EJÉRCITO FORJADOR DE LIBERTADES!!!
A los 11 días de Marzo del 2009
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GENERAL GÓMEZ PARRA CUMPLE HOY 3 AÑOS EN PRISIÓN: DOS PERSONAS MUERTAS Y UN LARGO JUICIO ES EL BALANCE QUE PRESENTA EL CASO CAAEZ
La prensa de Barinas

Barinas (Dimas J. Medina).- Dos personas muertas y un largo juicio es el resultado que hasta ahora registra el sonado caso del Central Agro-industrial Azucarero “Ezequiel Zamora” -Caaez-, luego de cumplirse hoy miércoles 11 de marzo, tres años de la detención de los tres militares procesados por este escandaloso caso político-judicial.

Desde el 11 de marzo de 2006, cuando el general Delfín Gómez Parra, ex jefe del 62 Regimiento de Ingenieros de Construcción y Mantenimiento “General Luciano Urdaneta” -62 Rilu-, decidió presentarse por ante la Dirección de Inteligencia.

Militar en la capital de la República, no habido manera de que la justicia venezolana se pronuncie por resolver este caso, que estalló a mediados de 2004 luego de varias denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas en la ejecución del proyecto del Central Azucarero de Sabaneta.

Por eso, el general Gómez Parra no se ha cansado en señalar que su detención judicial ha sido producto de un secuestro por parte del presidente Chávez, quien a principio de aquel 2006, lo condenó “a un fusilamiento”.

Desde aquel 11 de marzo de 2006, dos personas ligadas a este caso han encontrado la muerte.

El primero, fue licenciado Roberto Valecillos, ex asistente administrativo del 62 Regimiento de Ingenieros “General Luciano Urdaneta” -62 Rilu-, quien murió el 17 de octubre pasado en su residencia luego de haber cumplido la condena de un año y 9 meses de prisión.

El abogado Luis Rodolfo Campos, asistente jurídico en una primera fase de la investigación del ex ministro Antonio Albarrán y, posteriormente defensor del general Gómez Parra, fue asesinado la noche del jueves 8 de enero de este año cuando llegaba a su residencia, ubicada en el exclusivo sector de Alto Barinas, en suceso aun no aclarado por las autoridades policiales.

Valecillos y Campos murieron sin ver culminado judicialmente este polémico caso.

Falta de autonomía

En su lecho de prisionero, el general Gómez Parra señaló que como ciudadano venezolano, esposo, padre e hijo, “soy víctima de la falta de autonomía de poderes y de la concentración del mismo en manos de una sola persona que se ha creído omnipotente y dueño de los destinos de los venezolanos”.

Destacó que precisamente por el control absoluto de los poderes del estado por parte de Hugo Chávez, “ocurren situaciones de orden jurídico que observamos en todos los casos de los prisioneros políticos en Venezuela”.

“Y aunque el actual gobierno, insista en tratar de tapar el sol con un dedo, las evidencias en los expedientes de los casos conocidos por el mundo entero ya, son demasiadas. Las claras violaciones a la Constitución, a los derechos y garantías fundamentales y en fin, a nuestras leyes, hablan por si solas”, añadió.
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