Al menos 85 trabajadores tienen procesos judiciales abiertos en su contra en los tribunales por participar en protestas laborales, y esta semana se dictará la primera sentencia que podría condenar a un grupo de 14 empleados de una contratista de Sidor por ejercer sus libertades sindicales.

Mañana 29 de abril los dirigentes de Sutiss, Leonel Griset, Juan Valor, Joel Hernández y 11 trabajadores escucharán el fallo que los podría condenar hasta a 10 años de prisión, basado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación que ordena prisión a quienes realicen movilizaciones cercanas a prácticamente todas las sedes del Gobierno, de las empresas básicas, guarniciones militares o aquellas que puedan afectar los servicios públicos.

Griset relata que el día de su detención, en septiembre de 2006, era otra jornada más de protesta en la transportista Camila, contratista de la acería, pero se convirtió en el inicio de un largo trecho judicial que culminará mañana.

El grupo imputado fue detenido por la Guardia Nacional por ejercer acciones de presión que presuntamente incluyeron la apropiación indebida de los montacargas de la empresa, además de cierres de vías.

"No habían dispositivos de seguridad suficientes para trabajar sin riesgos, pero nunca se pudo lograr un acuerdo con el patrón para normalizar esta situación. Los trabajadores optaron por no laborar con los equipos y los acordonaron, como dicen las normas de seguridad de Sidor, pero los patronos se aparecieron con una orden de captura", cuenta Griset.

Bajo régimen de presentación mensual han estado los 14 imputados por este caso, pero no son los únicos en esta situación.

Otros 71 dirigentes sindicales y trabajadores, más que todo de la industria petrolera y de Sidor, tienen procesos judiciales abiertos en los tribunales por protestar por mejores condiciones.

A finales de diciembre del año pasado detuvieron a 11 trabajadores de la acería en las inmediaciones de la Vicepresidencia de la República, donde pernoctaban en espera de que los atendiera alguna autoridad. Desde entonces tienen régimen de presentación semanal en los tribunales caraqueños, hasta tanto culminen sus juicios.

Pero justo antes de la estatización de Sidor sobre otros dirigentes de Sutiss también pesaban procesos judiciales. José Acarigua, Nerio Fuentes, Wilfredo Yajure y José Meléndez acordaron aceptar en buenos términos la estatización de la siderúrgica a cambio de que los tribunales declinaran investigar sobre sus casos.

Entre tanto, en la industria petrolera 17 trabajadores de Petropiar, de Pdvsa Gas Anaco, Occidente y Oriente se encuentran bajo régimen de presentación, mientras que sobre cinco dirigentes de la refinería El Palito pesan medidas cautelares.

Al respecto, Robert González, uno de los afectados de la refinería, denunció que desde entonces él y sus compañeros son objeto de persecuciones.

"Pdvsa alega que paralizamos una planta y obstaculizamos una vía de ingreso. Es una medida para amedrentar a los trabajadores. Eso no fue para la seguridad de la empresa", señaló.

La reforma al Código Penal de 2005 se une a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación como normativas que al final criminalizan la protesta sindical, tal como lo ha alertado Provea en sus últimos informes anuales.

El código castiga con prisión de cuatro a ocho años a quienes obstaculicen las vías de circulación, pero además excluye a los condenados por esta causa del derecho a gozar de los beneficios procesales de ley y a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena, según su artículo 357.

En empresas privadas como Bridgestone y Fundimeca 38 trabajadores son sometidos a juicios por protestar.

Suhelis Tejero Puntes
EL UNIVERSAL