Hoy/ Wilson Morfe

En el discurso que pronunció ante la Asamblea Nacional con motivo de la celebración del 165 aniversario de la Independencia, entre otros asuntos de interés nacional, el presidente Leonel Fernández anunció la terminación este año de las obras que su gobierno construye en la sede principal de la UASD en la ciudad de Santo Domingo: el Comedor, el Hospital Universitario, la Torre Administrativa, el Edificio de Parqueos y el Edificio de Laboratorios.

También, el mandatario peledeísta, en su alocución del 27 de Febrero recién pasado, se refirió a la terminación de obras en las extensiones de la Universidad estatal en el interior del país: Ciudad Universitaria de Barahona, Edificios Administrativos y de Laboratorios en las ciudades de Mao, Bonao, El Seybo y San Pedro de Macorís.

Terminadas y habilitadas todas esas edificaciones, la UASD se convertirá en una de las universidades estatales mejores dotadas de América española.

Claro está que el mantenimiento óptimo de una institución de presencia nacional, con una población que en dos o tres años habrá de superar con creces los 200 mil estudiantes (actualmente, más de 167 mil estudiantes cursan estudios en la UASD) demandará de un aporte estatal equivalente a no menos del 5% del Presupuesto Nacional, tal y como está establecido en la Ley 139?01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

El aporte del Estado dominicano a la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un tema polémico, imposible de abordar con la profundidad requerida si no se le vincula al derecho a la educación, y al papel de una universidad estatal en la democratización de la sociedad.

Cuando se habla de que el Estado dominicano financie a la UASD intervienen factores que tienen profundas implicaciones políticas y sociales. Claro está, que no lo entienden así los que se sitúan o posan situarse más allá de los principios o valores, nos referimos a los llamados ?ideólogos de las no ideologías?.

El problema del financiamiento universitario está íntimamente vinculado con la misión que se le asigne a la universidad como institución, y al rol que se entienda deba desempeñar la misma en un mundo de mercados abiertos a la competencia internacional.

Por razones de espacio, vamos a reducir a solo dos los distintos criterios que aquí se tiene sobre lo que es o debe ser una universidad.

Para unos, ?la Universidad es una unidad de producción donde la capacitación es un insumo y el egresado profesional es un producto?. De esa concepción de universidad se desprende que la misma tenga como única función producir profesionales bajo la orientación y complacencia de los empleadores. Es ésta una concepción individualista y utilitaria que ignora la función social de la universidad a través de la educación, la investigación y la transferencia de sus frutos a la sociedad.

Sus sostenedores, que aquí no son pocos, utilizan conceptos y categorías de análisis pertenecientes a la teoría económica neo clásica. Fundamentan sus lucubraciones en las teorías de capital humano y de los factores de la producción. Creemos que a quienes sostienen ese criterio de universidad no les hizo gracias el anuncio del presidente Fernández de invertir más en la UASD. Para otros (incluimos al presidente Fernández y nos incluimos entre esos otros) la Universidad es un vehículo de formación de ciudadanos libres aptos para integrarse a una sociedad democrática, y un instrumento creador de conocimientos cuya propiedad le pertenece a toda la sociedad. Su rol es educar, producir conocimiento y transferir ciencia, artes, tecnología y cultura al todo el tejido social.

La importancia de distinguir estos dos criterios de la universidad reside en sus efectos en cuanto a aspectos relevantes que tienen mucho que ver no sólo con la institución universitaria sino con otras consideraciones que trascienden las fronteras del conocimiento.