La política laboral ejecutada por las administraciones gubernamentales de Fernández-PLD ha provocado la desalarización de las clases trabajadoras y pauperización de la gran mayoría de las familias dominicanas, en provecho exclusivo de las capas empresarias y las arcas fiscales, con el apoyo abierto o el silencio cómplice del grueso de las cúpulas directivas y tecnocráticas de las asociaciones patronales, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones no-gubernamentales abanderadas de la (in)justicia y la (seudo)democracia.

Esta política de depredación de la fuerza de trabajo y expansión de la pobreza popular consiste en la imposición de bajas y declinantes tarifas salariales mínimas legales reales, la expulsión de trabajadores asalariados de sus puestos laborales mediante la política de sobre-valuación del peso frente al dólar, la confiscación del fondo de consumo de las familias proletarias a través de crecientes cargos tributarios e impuestos inflacionarios y decrecientes gastos en servicios personales y sociales y, además, la manipulación de los índices de precios y producción como fórmula de desinformación sobre la evolución verdadera de las cotizaciones reales de la mano de obra y las pagas efectivas de los rendimientos de los depósitos de pensiones.

Desde noviembre de 2004 hasta agosto de este año 2008, el salario mínimo legal mensual real, a precios de enero 1999=100, ha caído 325 pesos o 13,0% a 2 mil 179 de 2 mil 504 en las grandes empresas, 306 pesos o 15,25% a mil 700 de 2 mil 6 en las empresas turísticas, 187 pesos o 10,99% a mil 515 de mil 702 en las empresas zona-franqueras industriales y 128 pesos o 12,61% a 887 de mil 15 en las empresas agrarias.

Esta tendencia hacia abajo de la capacidad de compra de las remuneraciones de los trabajadores se confirma también mediante la declinación de las tarifas salariales, establecidas por ley, como proporciones de los valores de las canastas de consumo familiar de bienes y servicios mercantiles.

Entre noviembre de 2004 y agosto de 2008, los salarios mínimos legales mensuales cayeron en las grandes empresas de 29,88% a 25,58% del precio de 28 mil 778 pesos de la cesta distrital, en las empresas turísticas de 32,15% a 27,24% del coste de 20 mil 467 del canasto nacional, en las empresas maquiladoras de 27,21% a 24,60% de la cotización de 19 mil 919 de la canastilla urbana y en las empresas agrícolas de 24,96% a 21,82% del costo de 13 mil 109 del macuto rural.

Mientras el gobierno central expolia las clases proletarias soplando hacia el techo los precios de las mercancías de consumación indispensable, una inmensa parte de las clases empresarias no pierde un momento u oportunidad en ensanchar la cuota de ganancia en la composición de los valores agregados total, sectorial y sub-sectorial.

Según cifras estimadas, desde 2004 igual a 100 hasta fines del corriente 2008, los índices del producto interior e ingresos brutos han estado marchando al galope, en términos nominales, diferente a los índices de salarios directos que han estado caminando a duras penas en la cola. En efecto, se espera, al fin del año en curso, que estas diferencias de cotas alcancen estos puntos: por un lado, por el techo, el producto bruto interno a 182, el producto bruto agropecuario a 155 y el ingreso bruto turístico a 136 y, por otro, por el suelo, los pagos de mano de obra a 115 en los grandes negocios, 115 en los establecimientos agropecuarios y 112 en los hoteles turísticos.

En el caso de las industrias de zonas francas, la apropiación del mayor valor agregado se ha llevado a cabo por medio de la poda de la plantilla de trabajo y consecuente mocha de la ponderación salarial en las ventas de exportación. En concreto, luego de cuatro años de gestión de gobierno anti-obrera, el colectivo de asalariados maquiladores ha sufrido el descenso en picado de más de 33,0%, mucho más que el menos de 3,0% del valor exportado. De esta manera, la contracción ocurrida en los ingresos de exportación se ha compensado con creces con una escalada del coeficiente del valor de producción por trabajador.

La política de revalorización de la moneda nacional con respecto a las monedas internacionales afecta por cuádruple partida las clases asalariadas y trabajadoras. El sucio tipo de cambio real bajo encarece las exportaciones de mercancías, al mismo tiempo que abarata las importaciones, es decir corta los mercados exteriores e interiores y, por consiguiente, extermina innumerables plantas industriales y agrarias y plazas de trabajo en las zonas urbanas y rurales del país.

La fijación ficticia de una tasa de cambio de menos pesos por dólar achica las rentas de exportación en moneda nacional y, por tanto, presiona hacia arriba los costes productivos y hacia abajo los beneficios empresariales, cuyo ajuste recae entonces en el doble recorte de la nómina de trabajadores asalariados y la masa de salarios reales.

La revaluación del peso en referencia al dólar y el euro permite expropiar una porción de las remesas de las rentas de los trabajadores emigrantes en el extranjero a sus parientes residentes en el país, en base a la implantación de un oculto impuesto cambiario, equivalente al diferencial entre el tipo cambiario de mercado y el tipo cambiario de control.

Por demás, la hiper-valuación de la unidad monetaria peso favorece los intereses exclusivos de las compañías importadoras y oligopólicas nacionales y las entidades bancarias y financieras transnacionales, a costa de abrir simultáneos boquetes en las cuentas corrientes de balanza de pagos y en las cuentas internas del sector público y, más todavía, de empobrecer crecientemente las capas del asalariado estatal y las distintas comunidades de los distritos y provincias.

Los acrecentamientos del valor de las importaciones de bienes y del monto transferido de intereses y utilidades a las casas matrices cavan el hoyo exterior, en tanto el desplome de los ingresos nacionales reales y el alzamiento conjunto de las transferencias fiscales a las corporaciones energéticas, las pagas del servicio de deuda a las instituciones crediticias y las erogaciones clientelistas pro-reeleccionistas, en forma de remuneraciones a activistas y simpatizantes y concesiones privilegiadas de contratos a supuestos o corruptos empresarios, hunden el presupuesto en el pozo deficitario.

En estas circunstancias, las autoridades monetarias autorizan de hecho la entrada masiva de dólares, al margen de la ley, como fuente de financiación del déficit de cuenta corriente, tal y como se puede comprobar en los cuantiosos recursos con signo positivo acreditados en la partida de errores y omisiones de la balanza de pagos, los cuales en gran proporción proceden del lavado de activos y el narcotráfico.

Por otra parte, las autoridades fiscales prohíben, en contra de la Constitución, las alzas de los desembolsos presupuestarios reales en sueldos de empleados, en servicios de salud, educación, transporte colectivo y recreación, en construcción de viviendas familiares y obras comunitarias, y en preservación de la seguridad pública y la riqueza natural, a los fines de restringir el déficit en cuenta interna, a favor únicamente de una minoría de oligopolistas, acreedores, testaferros y burócratas,

En este proceso de desmantelamiento de las empresas productivas y clases asalariadas criollas, multiplicación de los pobres en todo el territorio nacional, extensión del desempleo en pueblos y campos, y consolidación de un régimen dictatorial -en franca violación de los derechos de dominicanos y extranjeros, la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes nacionales-, la administración gubernamental del dictador Fernández ha desplegado la campaña más mentirosa de perversión de datos e informaciones, conocida en la historia dominicana, sobre la realidad y evolución de la economía y sociedad.

Una muestra de esta acción estatal de desinformación sobre las cifras e informaciones nacionales se refiere a los índices de los productos reales y precios al consumo. En sendos casos, las jefaturas de las burocracias del gobierno no se han cansado de mentir sobre las variaciones del producto bruto interior real y el nivel de los precios al consumo, toda vez que cada trimestre inflan las primeras y cada mes desinflan las segundas.

En estos instantes, el primer mandamás está aprovechando tanto la crisis nacional de descalabro de las actividades económicas y empresarias y encumbramiento de los niveles de miseria y violencia, así como las turbulencias de los mercados de dinero y capitales, para solidificar la dictadura estatal.

Este aprovechamiento se refiere, en el ámbito nacional, a la desviación de la atención pública sobre el fracaso de la anterior administración de gobierno, la proliferación de la corrupción, la propagación del tráfico de drogas ilegales y la celebración de elecciones fraudulentas, y, por otro lado, la concentración del país en la (anti)reforma constitucional, afincada en la reelección presidencial y el racismo contra negros y haitianos, la seguridad personal y familiar, en base al despliegue de la triple violencia estatal, para-estatal y pandillera, y el acaparamiento de los fondos y patrimonios, en especial generados por Petro-Caribe, como fuente de financiamiento de la reelección presidencial.

Y, en el ámbito internacional, la centralización de las preocupaciones de Washington, en la salida del foso del colapso bancario y financiero, el mantenimiento de fuerzas militares en zonas de conflicto y guerra y la realización de elecciones presidenciales el próximo noviembre, y de Caracas, en la contradicción con la Casa Blanca y la oligarquía local y la opción de poder representada por tradicionales fuerzas políticas corrompidas pertenecientes a la socialdemocracia y el neo-conservadorismo.

El propósito de esta operación deleznable responde al ocultamiento del empeoramiento de las actividades económicas, el fracaso de la recuperación de la banca y las finanzas, el desfondamiento de las arcas del gobierno central y el banco central, el insostenible déficit de las transacciones transfronterizas, el expolio de los fondos de salarios, rentas y pensiones de las clases proletarias y medias, el crecimiento absoluto y proporcional de la población en condiciones de desnutrición, indigencia y pobreza, el proyecto de desoberanización popular y nacional por intermedio de adpción de políticas neoliberales y extranjerizantes y las firmas de acuerdos de reajuste con el FMI y de comercio con otros países y, finalmente, el uso del racismo contra los dominicanos de origen haitiano y la xenofobia contra los haitianos.

En definitiva, ante este régimen político dictatorial que pretende aprovechar la crisis económico-financiera foránea y nativa no hay otra alternativa de solución que no sea la instauración de un Estado republicano, de derecho y democrático, fundado en la justicia, libertad y solidaridad, y de un gobierno de defensa de los intereses nacionales y populares, basado en un programa de reforma económica, social e institucional.

En tal sentido, entre la serie de luchas y medidas reivindicativas que pueden contribuir al logro de tales objetivos se cuentan las siguientes: la suba de los salarios directos en correspondencia con la subida de las productividades laborales, la corrección de la evasión fiscal, la orientación del presupuesto de gastos hacia servicios colectivos, construcción de viviendas e infraestructura estratégica, seguridad social y pública, la institucionalización de la renta ciudadana mínima, la preservación del ambiente isleño y los espacios públicos, la estatización del régimen de seguridad social, la gestión de los datos e informaciones económicos, financieros y laborales a cargo de la Dirección de Estadísticas y no de la gobernación manipuladora del Banco Central y la elaboración y edición de un índice de precios al consumo y costo de una canasta familiar, referentes exclusivamente a los trabajadores.

Evolución de las tarifas salariales mínimas legales con relación a las canastas consuntivas familiares

De noviembre 2004 a agosto 2008

RD$ y %

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Canastas Costos Tipos Salario/ Salario/

de de las de Canasta Canasta

Consumo Canastas Empresas Noviembre 2004 Diciembre 2008

RD$ x Mes % %

Distrital		28778		Grandes		29,88		25,58
Nacional		20467		Turísticas		32,15		27,24
Urbana		19919		Maquilas		27,21		24,60
Rural		13109		Agrarias		24,96		21,82

Cuadro elaborado por LH Vargas; economiadominicana@gmail.com

Fuente: BC y SET

Luis H. Vargas