Venezuela bajo el signo de la Ley SAPO

Caracas.- Representantes del Movimiento 2D y de la ONG Control Ciudadano expusieron hoy ante la directiva de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) los "peligros" que representa para el sistema democrático y la garantía de los derechos fundamentales del país, el contenido de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, recién decretada por el Ejecutivo Nacional.

Miguel Henrique Otero, en su carácter de integrante del Movimiento 2D, indicó que sostuvieron una "fructífera" reunión con los altos miembros del clero venezolano, a quienes le manifestaron que la normativa configura una "violación absolutamente determinante" contra los valores en materia de Derechos Humanos presentes en la Carta Magna de 1999.

Alertó Otero que esta ley convertirá a los venezolanos en "delatores obligatorios" y "elimina" la defensa de los ciudadanos, el debido proceso, "convierte" el sistema judicial en un sistema de inteligencia "bajo el mando del presidente (Hugo Chávez) y con el cual "tendrán la potestad de cometer atropellos, al igual que en países totalitarios como Cuba o Corea del Norte".

Advirtió Otero, que el nuevo sistema de inteligencia que crea la Ley, "reprimirá" a los ciudadanos y pasará a "eliminar definitivamente la libertad de expresión".

"Esta es una ley para implantar el miedo a los periodistas, que los periodistas se sientan amenazados y perseguidos", dijo Otero, quien es editor del diario El Nacional.

Igualmente, afirmó que el instrumento legal es "inconstitucional" porque al modificar el marco de los Derechos Humanos, debió construirse como una ley orgánica y las leyes orgánicas no puede ser promulgadas por el presidente de la República como decreto-ley.

Otero indicó que continuarán haciendo pronunciamientos en distintos sectores de la sociedad venezolana.

Miguel Henrique Otero estuvo acompañado de la abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.

San Miguel se preguntó "¿qué garantías vamos a tener los venezolanos frente a funciones desmedidas e ilimitadas de un sistema nacional de inteligencia que no tiene controles, no tiene contrapeso?"

La abogada vaticinó que se generará un conflicto de competencia entre el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de la Defensa porque no está planteada una coordinación entre las funciones que ejercerán estas instituciones.

Aseveró que la Ley fue "muy mal redactada, carente de técnica legislativa, con notables vicios" que atentan contra elementos básicos del sistema democrático como la independencia del Poder Judicial, derechos como la presunción de inocencia, y convertirá a los venezolanos, de cualquier estrato social, en delatores.

Asimismo, la abogada señaló que el sistema de justicia quedará subordinado al nuevo sistema de inteligencia, cuando colocará a los funcionarios del sistema judicial en el deber de coadyuvar al sistema de inteligencia. "Esa no es otra expresión que la de subsumir la inversión de valores".

Leda Piñero
eluniversal.com

http://www.eluniversal.com/2008/06/04/pol_ava_movimiento-2d-alerta_04A1642281.shtml

En el siguiente enlace puede descargar el texto completo de la Ley SAPO en formato PDF:

Denuncian que nueva ley convierte a Venezuela en un Estado "policial"

Caracas.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron hoy que la nueva ley de Inteligencia y Contrainteligencia, aprobada mediante un decreto presidencial, convierte a Venezuela en un Estado "policial", en el cual todos los ciudadanos estarán bajo sospecha.

La portavoz de la organización Comité de Familiares y Víctimas, Liliana Ortega, señaló que la polémica ley coloca bajo sospecha a todos y elimina la tutela legal para dar paso a una tutela "hegemónica", reseñó DPA.

Agregó que todos los ciudadanos estarán en situación de enorme inseguridad jurídica, elimina la separación de poderes públicos y el Ejecutivo monopolizará la investigación en casos judiciales.

El gobierno negó que la ley, mediante la cual se eliminan dos organizaciones de inteligencia y se crean cuatro, afecte los derechos humanos y aseguró que es necesaria para enfrentar las conspiraciones contra el orden establecido.

Según Ortega, hasta el secreto de confesión católico será eliminado con la nueva legislación, aprobada por el presidente Hugo Chávez mediante los poderes especiales que les fueron otorgados por año y medio por el Congreso.

Indicó que todos los ciudadanos estarán obligados a colaborar con las investigaciones policiales y advirtió que eliminará el periodismo de investigación, ya que el Estado podría considerar que atenta contra la seguridad nacional.

"Hay algo preocupante que es la denuncia anónima. Esta será una justicia policial ya que colocará a los ciudadanos en una situación de enorme inseguridad. Uno no tendrá acceso a saber quién investiga y como la denuncia es anónima uno no sabrá quién lo está denunciando", señaló Ortega al canal de noticias "Globovisión".

Por su lado, la organización no gubernamental Provea dijo que aunque la creación de órganos de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo de preservar la seguridad de la nación no implica un riesgo a la violación de los derechos humanos, existen aspectos preocupantes en la ley, divulgó DPA.

"En primer lugar impone a los ciudadanos la obligación de colaborar en labores de inteligencia. Esto sin duda nos acerca a lo que políticamente se conoce como Estado policial, al pretender convertir a todas las personas en informantes", dijo.

Señaló que esto implica que a fin de proveer de información al Estado, contra su propia voluntad, una persona "tiene que arriesgar su condición física para alimentar la labor de inteligencia del Estado".

Provea alertó que la ley también deja abierta la posibilidad de actuaciones policiales contra el domicilio y las personas sin requerir orden judicial.

"Queda a la sola discreción de las policías la motivación de la operación policial. Ello en un país caracterizado por policías acostumbrados a la violación de los derechos humanos, a irrespetar las leyes y maltratar a los ciudadanos. Constituye un riesgo a la libertad y a la inviolabilidad del domicilio", afirmó.

Señaló que además la ley establece normas que podrían complicar aún más el "ya difícil acceso a la información existente en el país".

"Nos preguntamos que pasaría con la información y la posibilidad de realizar investigación independiente cuando estén involucrados policías y militares, por ejemplo, si se produjeran acciones violentas que dejaran como saldo la muerte de una o varias personas por la arbitrariedad de la actuación policial", dijo.

Las ONGs recordaron que la Fiscalía General tiene expedientes de más de 5.000 casos de homicidios sumarios cometidos por cuerpos policiales en todo el país en los últimos 10 años.

El Universal