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Como si se tratara de un regalo de Navidad para miles y miles de nietos de españoles desperdigados por el mundo, el Senado aprobó sin enmiendas la Ley de Memoria Histórica a partir de la cual podrán solicitar la nacionalidad de sus abuelos.

Había dudas, incógnitas que se traducían en traslados de la iniciativa de un proyecto de ley a otro, en los plazos casi agotados y en los alcances mismos de la propuesta.

Se dudaba si los beneficios quedaban limitados a descendientes de exiliados políticos o se hacían extensibles en forma genérica a la segunda generación de emigrados.

La incógnita que el texto del proyecto mantenía vigente quedó resuelta en la exposición de motivos donde se establece que se amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta primer grado -hijos- de quienes hubiesen sido originariamente españoles, independientemente de que hayan nacido en España, o sean hijos de emigrantes o exiliados.

En definitiva, podrán solicitar la nacionalidad española todos aquellos que demuestren por cualquier vía, ser nietos de los españoles que debieron irse por cualquier razón, huyendo por sus ideas políticas o escapando de la pobreza, incluso por su espíritu aventurero.

Ahora se espera que en los próximos días la Ley se publique en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y desde entonces se contará un año de espera para que entre en vigencia el precepto referente a la nacionalidad y que es el que nos importa aquí.

Se tratará de evitar el colapso de los consulados españoles y el plazo lo establece la Administración para preparar y organizar todo lo necesario para satisfacer una demanda que se calcula será histórica y que puede alcanzar más de un millón de solicitudes.

Falta aún la reglamentación de la Ley y el marco en el que se encuadre; en su espera es recomendable que se obtenga con antelación la partida literal de nacimiento de sus abuelos en el pueblo de nacimiento de éstos.

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