Marisol Vicens Bello
	Abogada, socia de la firma Headrick Rizik Alvarez y Fernández. Ex presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
	mvicens@hrafdom.com

En medio de la crisis financiera más grande que ha vivido los Estados Unidos después de la gran depresión del treinta, que algunos opinan podría incluso superarla, la cual ocupa a todas las economías mundiales por sus posibles consecuencias, la República Dominicana se ha embarcado con inusitada urgencia en una revisión completa de su Constitución.

Esta urgencia queda evidenciada en el hecho de que la Comisión Bicameral designada por el Congreso para la revisión del extenso proyecto de reforma constitucional ha dado un muy limitado plazo de 15 días a los sectores y ciudadanos que desean presentar comentarios sobre el mismo, lo que contrasta con el amplio plazo de más de un año que tuvo el Poder Ejecutivo para revisar y modificar el anteproyecto que le fuera presentado en marzo del 2007 por la Comisión de Expertos designada por éste.

Contrario a la urgencia con que se quiere tratar el tema, entendemos que si queremos aprobar un instrumento que goce de la debida aprobación que a su vez pueda garantizar vocación de permanencia y cumplimiento del mismo, debemos emplear todo el tiempo que sea necesario para que la población entienda en qué consisten cada uno de los nuevos artículos propuestos y que se sopesen adecuadamente intentando definir qué conviene y qué no conviene del mismo para que el producto final goce de legitimidad.

El proyecto tal cual está estructurado si bien moderniza el texto constitucional al incorporar una serie de derechos, muchos de los cuales ya estaban vigentes en el país por ser parte de Tratados internacionales suscritos por la República, y da categoría constitucional a algunos aspectos como el respeto al medioambiente o a la carrera administrativa, no significa un cambio trascendental hacia un Estado más transparente, equilibrado y participativo como el que se supone queremos.

Por una parte se mantienen e incluso amplían los poderes del Ejecutivo sin que se establezcan suficientes contrapesos, y peor aún se disminuye la ya limitada función legislativa, lo que se agrava con la regresión hacia un sistema de elecciones presidenciales, congresionales y municipales en una misma fecha, lo que restaurará el arrastre electoral. Por otra parte se debilita el Poder Judicial que ha sido el único de los 3 poderes del Estado que ha experimentado un cambio significativo luego de la reforma del mismo hace poco más de una década, extrayendo de su seno la jurisdicción contenciosa administrativa que como sabemos en el muy breve tiempo transcurrido desde el traspaso al Tribunal Contencioso Tributario de las funciones del anterior Tribunal Superior Administrativo, ha significado una gran conquista para los administrados que por vez primera hemos visto evacuar sentencias contra la administración y que por tanto debemos defender.

Si la solución de los problemas nacionales más importantes no dependen de la aprobación de una nueva Carta Magna, si la reforma constitucional per se no producirá un efecto transformador ni garantizará su cumplimiento, no permitamos que una urgencia ajena, imponga a la sociedad una nueva Constitución. Exijamos nuestro derecho a opinar y discutir cada aspecto de esta reforma, para que la Carta Magna que se apruebe, signifique verdaderos avances institucionales.

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