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 El pasado 2 de diciembre, millones de ciudadanos venezolanos participaron en un proceso electoral, para decirle No a la reforma (entre los cuales no me cuento), y ya ven, Hugo Chávez no ha respetado la voluntad popular. Porque ahora, la llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana que por cierto, debería llamarse en vez de bolivariana, chavista, para no agraviar a nuestro Libertador, hará inteligencia y contrainteligencia sin control con la nueva ley.
“Rocío San Miguel, coordinadora de Control Ciudadano, asegura que la Ley Habilitante permitió a los militares actuar sin una legislación que regule la materia”. Por otra parte, y como dice el Nacional de hoy, “a través de la Ley Habilitante el Gobierno adelantó otra fase de su proyecto socialista” y ha impuesto 11 artículos de esa reforma anticonstitucional rechazada el 2-D. Martha Colmenares. Las reseñas a continuación.
EL NACIONAL - Domingo 17 de Agosto de 2008 Nación/4
Nación
A través de la Ley Habilitante el Gobierno adelantó otra fase de su proyecto socialista
Chávez impuso 11 artículos de la reforma rechazada el 2-D
Camino al socialismo (I)
EDGAR LÓPEZ OMAIRA SAYAYO
elopez@el-nacional.com osayago@el-nacional.com
Como resultado de un minucioso análisis, los profesores universitarios Victorino Márquez Ferrer (UCAB) y Luis Herrera Orellana (UCV) verificaron que lo esencial de 11 artículos de la fallida reforma constitucional fue impuesto por el presidente Hugo Chávez a través de la Ley Habilitante.
Además de los 26 decretos leyes promulgados el pasado 31 de julio, el estudio incluye los actos de Gobierno dictados a partir de 2006, mediante los cuales se ha ido dando soporte al llamado socialismo del siglo XXI.
El artículo 70 de la reforma sumaba los consejos del poder popular a los medios de participación ciudadana. En las diversas leyes que regulan el modelo productivo socialista, la administración pública y la FAN, los consejos comunales adquieren responsabilidades de gestión pública.
El artículo 115 del proyecto rechazado el 2-D establecía cinco tipos de propiedad y privilegiaba la intervención del Estado en la economía. Ahora, se admiten la expropiación sin previa declaración de utilidad pública ni control judicial.
El artículo 136 de la reforma planteaba al poder popular como la principal rama del poder público. Mediante los decretos leyes, dicho poder popular se fortalece.
El artículo 141 proponía constitucionalizar las misiones. Con la nueva Ley de Administración Pública se les confirió rango legal.
El traslado de competencias regionales y locales al Gobierno central, que estaba enunciado en el artículo 156 de la propuesta presidencial, se concreta, entre otras formas, mediante la creación de autoridades regionales nombradas por el Presidente.
El mismo propósito se logró con la transferencia de competencias a los consejos comunales, tal como se indicaba en el artículo 184 de la reforma.
Además, se revierte la descentralización como se planteó en el artículo 158 de la reforma.
Lo más evidente es la instauración de un modelo productivo socialista, en los términos referidos en el artículo 299 del proyecto de modificación de la Constitución. Con los decretos leyes sobre seguridad alimentaria y acceso a bienes y servicios, se reedita el artículo 305 de la reforma.
Y la imposición de la voluntad presidencial, según los expertos, se tornó flagrante con los cambios a la FAN, como se pretendía con los artículos 328 y 329 de la reforma.
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EL NACIONAL - Domingo 17 de Agosto de 2008 Nación/4
Nación
Con 7 leyes el Gobierno suprime las libertades económicas
La Constitución de 1999 prevé una economía social de mercado, pero leyes posteriores suprimen el libre mercado
A través de 7 leyes ?6 de ellas promulgadas después del referéndum para la reforma constitucional? el Gobierno inició la aplicación del socialismo como único modelo económico ?tal como proponía en la reforma? al incorporar al ordenamiento jurídico la eliminación del libre mercado, la ampliación del control del Estado en sectores económicos que considera estratégicos y la exclusión de la participación del sector privado en dichos sectores, todo esto en abierta violación a lo establecido en la Constitución vigente que prevé una economía social de mercado, e irrespetando la voluntad popular expresada el 2 de diciembre de 2007.
Las referidas leyes son: Ley orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación (22-06-07), Ley de creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (28-01-08), Ley de Pesca y Acuicultura (14-03-08), Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios, Ley orgánica de Turismo y Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular. Estas últimas cuatro promulgadas el pasado 31 de julio, en el marco de la Habilitante.
La Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación tiene como objeto establecer “un modelo capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades de la sociedad, logrando la suprema felicidad social, esto es, el modelo socialista”.
Además de las referidas leyes, el Gobierno también ha emitido decretos orientados hacia el socialismo. El 20 de noviembre de 2006 se autorizó la transformación de la empresa Venezuela Industrial S.A. (Veninsa), en la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa), la cual fue definida como una “corporación estatal de empresas socialistas” que se orienta por el “espíritu, principios y valores de la Revolución Bolivariana Socialista”.
Y aunque no fue publicado en Gaceta Oficial, pero sí aprobado por la Asamblea Nacional a finales de diciembre de 2007, el Gobierno redactó el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que parte de la confrontación entre el sistema capitalista y el socialismo, y propone la supresión de la propiedad y las libertades económicas.
Este plan establece que el modelo productivo socialista lo forman las empresas de producción Social, “germen y camino hacia el socialismo del siglo XXI”.
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EL NACIONAL - Jueves 14 de Agosto de 2008 Nación/2
Nación
HABILITANTE Advierten sobre la reimposición de la “ley sapo” que Chávez había derogado
Nueva FAN hará inteligencia y contrainteligencia sin control
Rocío San Miguel, coordinadora de Control Ciudadano, asegura que la Ley Habilitante permitió a los militares actuar sin una legislación que regule la materia
EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
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La octava función atribuida a la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana indica: “organizar, planificar, dirigir y controlar el Sistema de Inteligencia Militar y Contrainteligencia Militar”.
Rocío San Miguel, coordinadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, considera que se trata de “una reedición agravada de la ley sapo”, que el presidente Hugo Chávez promulgó a finales de mayo pasado y que, por el contundente rechazo de la sociedad civil, él mismo tuvo que derogar pocos días después.
Agravada, razonó la especialista, porque la nueva norma no está supeditada a la ley: “En la práctica, ello implica que el Ministerio de la Defensa podrá adelantar labores de inteligencia y contrainteligencia sin ningún tipo de control.
Tal como figura en el artículo 4 de la nueva ley, se trata de una norma abierta. Desaparece la coletilla `de conformidad con la ley?. Eso es muy peligroso porque hasta el Gobierno había convenido en la necesidad de evitar excesos cuando se invoca la seguridad del Estado para justificar la intromisión oficial en la vida privada de los ciudadanos”.
San Miguel confía en que la sociedad civil vuelva a oponerse a mecanismos de inteligencia y contrainteligencia que pudieran aplicarse arbitrariamente.
Alerta, zona militar.
La coordinadora de Control Ciudadano opina que, mediante el decreto-ley que cambió reglas fundamentales de la FAN, la militarización de la sociedad venezolana alcanza una expresión muy concreta: el establecimiento de regiones estratégicas de defensa integral.
El Ejecutivo ya ha confirmado que serían seis los nuevos espacios territoriales administrados por oficiales designados por el Presidente de la República. Y San Miguel alerta que, en la práctica, ello implicará la creación de muchas más zonas de seguridad y defensa, en las cuales existe la posibilidad de restricción de derechos civiles y políticos.
La analista recordó cómo después del golpe de abril de 2002 proliferaron las zonas de seguridad y defensa: “En ese momento, el objetivo era obstaculizar las manifestaciones públicas contra el Gobierno, mediante la restricción del derecho al libre tránsito. Pero la ley con la cual se reguló la materia incluye sanciones que alcanzan la prisión hasta por diez años. Por ejemplo, ahí está el caso del general Carlos Alfonso Martínez”.
Según San Miguel, la ley recién promulgada no establece límites ni de espacio ni de tiempo, por lo cual sería enorme la amenaza sobre el efectivo ejercicio de derechos civiles y políticos.
Civiles o militares.
La formal incorporación de la milicia a la FAN (casi en los mismos términos planteados en la reforma constitucional que fue rechazada el pasado 2 de diciembre) está sustentada en la noción de pueblo en armas.
A juicio de Rocío San Miguel ello vulnera el derecho de los civiles a abstenerse de participar en la defensa militar de la nación, lo cual está consagrado en una veintena de tratados de Derecho Internacional Humanitario.
Explicó que, en la práctica, los ciudadanos que se incorporen a la milicia podrían ser considerados legítimos blancos de ataque; que en una situación de conflicto, la vida y la integridad personal estarían en peligro.
San Miguel destacó la vinculación de la milicia con los funcionarios de la administración pública que, inicialmente, recibirían entrenamiento en armas: “Un funcionario público no se podría negar a este tipo de labores, so pena de perder el trabajo. De esta forma, el servicio militar no sería tan voluntario”.
Además, las milicias tienen entre sus funciones contribuir con los consejos comunales en la conformación y consolidación de los llamados comités de defensa integral. “Nadie podría garantizar que estos comités no vayan a funcionar como los comités de defensa de la revolución cubanos, como los que se pretendió crear a través de la ley sapo”, reiteró la analista.
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Por Martha Colmenares
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