Finaliza marcha contra la minera Majaz en Perú

Luego de caminar durante cinco días, cientos de ronderos de varias comunidades campesinas de la provincia peruana de Ayabaca culminaron su ?Marcha de sacrificio por la defensa del agua y el territorio? el sábado, en la ciudad de Piura. La marcha tenía como cometido exigirle al gobierno de Perú que respete los resultados de la consulta vecinal del 16 de septiembre, en la que los habitantes de los distritos de Pacaipampa, El Carmen de la Frontera y Ayabaca rechazaron la presencia de la minera Majaz.

El presidente del comité ejecutivo provincial de rondas campesinas de Ayabaca, Pascual Rosales Huamán, indicó al diario peruano La República que rechazaba la decisión del gobierno de no integrar los resultados de la consulta vecinal en la mesa de diálogo con Majaz.

?Si el gobierno no toma en cuenta la consulta no habrá más diálogo y todo continuará como está. Es probable que se acabe el gobierno de Alan García, mas no nuestra lucha?, afirmó Rosales Huamán a La República.

En tanto el presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, denunció que las autoridades locales pretendieron sabotear la marcha contra Majaz, y acusó al gobierno de intentar perjudicar la unión de los dirigentes de las comunidades.

A su vez, este lunes centenares de ronderos de las comunidades campesinas de Piura y miembros de la Confederación Nacional de las Comunidades Afectadas por la Minería realizaron una multitudinaria marcha pacífica en rechazo a Majaz, y en defensa del medio ambiente.

Según indicaron, esta actividad marca el puntapié inicial de una serie de protestas que culminarán en Palacio de Gobierno, en Lima, y que tendrán como fin demandar al presidente Alan García que no venda el territorio de las comunidades.

Parlamento peruano aprueba facultades extraordinarias del Ejecutivo para implementar TLC con Estado Unidos

El Parlamento peruano decidió otorgarle al Ejecutivo de ese país las facultades legislativas extraordinarias que había demandado para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos.

Las facultades, que se ejercerán en un plazo de 180 días, incluyen la facilitación del comercio, la simplificación administrativa y modernización del Estado, modificaciones del marco de justicia referida al comercio y a lo contencioso administrativo, y la gestión ambiental, entre otras áreas.

El mismo día que el Parlamento tomaba esta decisión, el presidente peruano Alan García mantenía una reunión con su homólogo estadounidense, George W. Bush, en Washington. Allí, el presidente de Estados Unidos promulgó la Ley de Implementación del TLC con Perú, felicitando a García por la marcha que tenía la economía peruana.

Indignación por detención de ecologistas bolivianos

En Bolivia, el Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) divulga un comunicado para expresar su ?indignación? por la detención de algunos de sus integrantes, ocurrida ayer durante una movilización contra la construcción de las represas sobre el río Madeira, en el fronterizo Estado brasileño de Rondônia.

La protesta se estaba realizando en la mañana de ayer, domingo, al momento que estaba arribando al país el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Los manifestantes pretendían recriminarle al mandatario brasileño la decisión "irresponsable" de llevar adelante la construcción de las represas Jirau y Santo Antonio sobre el río Madeira, que, según afirman, ?impactarán seriamente en territorio boliviano y brasileño, destruyendo la Amazonía?.

Según el Fobomade, la ?acción pacífica de los activistas? se llevó adelante para apoyar a los ?pueblos indígenas y campesinos de la Amazonía boliviana?.

El comunicado de la organización boliviana agrega: ?En momentos en que en el país se suceden una serie de actos de violencia y delitos por parte de grupos radicales de ultraderecha que no han sido sancionados, la protesta pacífica del grupo de activistas es atropellada por los encargados de Seguridad de la Embajada de Brasil?.

El Fobomade responsabiliza directamente a la seguridad de la sede diplomática de ?provocar la detención de cinco personas, entre ellas dos mujeres, lo que resulta en un hecho insólito y un atentado a la libertad de expresión?.

En otro fragmento del documento divulgado esta mañana los ecologistas bolivianos señalan: ?La detención fue justificada con el argumento de que un acto de protesta daña las relaciones Bolivia-Brasil, cuando la verdadera razón que genera el rechazo hacia el gobierno de Lula da Silva es su defensa irrestricta de los negociados de las multinacionales de la construcción y del capital financiero, del agronegocio, que pretende convertir el bosque amazónico a la producción de agrocombustibles?.

Acusan además al gobierno brasileño por ?entregar el control directo de los ríos? y permitir el ?saqueo rápido de los recursos naturales a las multinacionales?, lo cual puede comprobarse en las licitaciones para la construcción de las represas Jirau y Santo Antonio.

Indígenas bolivianos se desmarcan de la oposición derechista

En Bolivia, las organizaciones indígenas del departamento de Tarija, donde los partidos de derecha están llevando adelante una cruzada autonómica contra la gestión de Evo Morales, se desmarcaron de esas prácticas y marcaron su desacuerdo con los jefes comunales que impulsan esa medida.

Los denominados ?comités cívicos? y la Prefectura de Tarija están respaldando una serie de medidas contra el gobierno boliviano, que incluyen huelgas de hambre y paros de actividades.
Según informa la agencia de noticias Adital, los indígenas de Tarija ?nucleados en el Consejo de Capitanes - están reclamando que las demandas por la Autonomía Departamental ?sean encaminadas en el marco del respeto a la ley?.

Perú: Afectados por minería denuncian al gobierno por ?declararles la guerra?

En Perú, el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, salió al cruce de un proyecto de ley que reduce la cantidad de votos necesarios para que las comunidades puedan aceptar o rechazar las concesiones mineras.

El dirigente señaló en declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) que dicho proyecto forma parte de un ?paquete de medidas? que promueve el gobierno para declararle ?la guerra abierta y frontalmente a las comunidades?.

?El objetivo es arrebatarle las tierras y los territorios, así como los recursos naturales que tienen, a las comunidades, para luego cederlos a las empresas privadas, específicamente, las transnacionales?, sostuvo el activista.

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