Por: Williams Cárdenas Rubio - Si se tratara de un combate de boxeo, estoy seguro que se anunciaría de esta manera. Pero estamos ante algo mucho mas importante: Es la confrontación entre los años de madurez del proceso de evolución del Derecho Penal Internacional, que dio como resultado la creación de una Corte Penal Universal, y el posible proceso a un jefe de estado en activo, presuntamente implicado en delitos contra la humanidad, que tiene mucho poder basado en los altos precios del petróleo y en el uso que ha hecho de este producto energético para exportar la mal llamada Revolución Bolivariana a algunos países de Hispanoamérica. Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, ya ha anunciado el inicio de una investigación preliminar sobre el entramado de alianzas externas de la guerrilla narcoterrorista de las FARC, que según lo declarado recientemente por el mismo Fiscal, ha cometido graves crímenes de lesa humanidad, que pueden ser competencia de la Corte. Detrás de Ocampo hay miles y miles de víctimas de genocidas y violadores a los derechos humanos que han visto por fin hecho realidad aquel sueño que surgió al final de la Primera Guerra Mundial, cuando las atrocidades cometidas por los contendientes hicieron pensar en la necesidad de crear un órgano jurisdiccional supranacional que pudiera juzgar y condenar a los culpables. Un paso trascendental en este sentido fue la conformación al fin de la Segunda Guerra Mundial de los Tribunales de Núremberg y Tokio, para juzgar el genocidio cometido por los nazis contra los judíos, gitanos, polacos y cientos de miles de personas que sucumbieron en el llamado Holocausto. Pero estos fueron Tribunales creados "post bellum" (despues de la guerra), aplicaron retroactivamente la ley para condenar a la horca a más de un delincuente contra la humanidad, y así lo aceptó la comunidad internacional. Sin embargo hoy, después de largos años de estudios, esfuerzos mancomunados en la ONU y de las experiencias de los Tribunales ad hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, creados "durante bello" (durante la guerra), tenemos un Tribunal Penal Internacional, con su Estatuto de Roma, en el que se tipifican, previamente, las conductas que son consideradas genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad y se establecen sus sanciones, cuya entrada en vigencia se produjo el 1º de Julio del 2002, y al cual se han adherido a la presente fecha, 108 naciones, entre las que se encuentra Venezuela. En esta investigación preliminar iniciada por Ocampo sobre las alianzas externas de las FARC, estamos seguros que aparecerán los nombres de funcionarios del alto gobierno venezolano que han mantenido un evidente y demostrable contubernio con la citada organización terrorista, que ha ido más allá de compartir ideales y propósitos comunes. En efecto, recientemente han aparecido pruebas fehacientes de que desde Venezuela, concretamente por parte de autoridades y funcionarios del gobierno nacional, se han suministrado armas e importantes cantidades de dinero a los guerrilleros de las FARC, se han diseñado estrategias, tácticas y brindado apoyo logístico, se ha prestado el territorio venezolano como refugio de muchos de ellos y se han instalado campamentos guerrilleros en nuestras fronteras, lo que coloca a los principales cabecillas de esta red en la condición de presuntos cómplices y copartícipes en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la citada organización terrorista contra el pueblo de Colombia. Recientemente han sido señalados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU, los funcionarios de más alto rango de la inteligencia y seguridad del gobierno venezolano: Ramón Rodríguez Chacín, (ex ministro del Interior); Hugo Carvajal (Director del DIM); y Henry Rangel, (Director de la DISIP), como colaboradores de las FARC y facilitadores del narcotráfico, actividad de la cual la guerrilla colombiana obtiene cuantiosos recursos. Los ordenadores incautados a los guerrilleros Raúl Reyes y Genner García Molina ?Jhon 40?, parecen arrojar pruebas indubitables, que unidas a los múltiples testimonios de los "desmovilizados" , de víctimas y otras muchas evidencias que continuarán apareciendo, sustentarán el andamiaje probatorio que le permitirá al Fiscal Ocampo iniciar formalmente la investigación, e incluir a Chávez entre los investigados, pues la suya es la única jurisdicción con competencia para juzgar a un jefe de estado en activo. En Venezuela, la jurisdicción nacional competente para conocer de aquellos hechos, no hay voluntad para investigarlos, así que no hay ningún obstáculo para que el combate se celebre. Otras jurisdicciones nacionales han iniciado procesos sobre los aliados externos de las FARC, España detuvo a una colaboradora de Reyes, quien ya ha confesado haber trasladado dinero para contactos en Europa; en Tailandia detuvieron a un traficante de armas que estaba preparando una negociación con las FARC; en Costa Rica se recuperaron 500.000 $ pagados a Rodrigo Granda por un secuestro; en Dinamarca han sancionado a otros colaboradores que vendían camisetas y aportaban recursos para los terroristas; en Colombia hay varios parlamentarios que están siendo sometidos al proceso iniciado por la Corte Suprema, entre ellos la senadora Piedad Córddoba, colaboradora de Chávez; en Suiza, Canadá, EE.UU e Italia está ocurriendo otro tanto; INTERPOL libró órdenes de captura contra todos los miembros del Secretariado de las FARC. En la otra esquina, la esquina roja, está Chávez, con todo su poder y capacidad de maniobra como el nº 1 del "ranking", representando la parte mas perversa de lo que un jefe de estado puede hacer en su relación con su pueblo y con los pueblos vecinos: La utilización de su condición de jefe de estado para actuar criminalmente con absoluta impunidad? por ahora, pero sobre quien se extiende un manto de graves sospechas de ser el presunto dirigente de una banda de delincuentes que cumplen sus órdenes e instrucciones, que han violado las leyes por las que tanto ha luchado la humanidad en su esfuerzo para vivir en paz y con respeto a los mas elementales derechos del ser humano. Ahora veremos también hasta donde los aliados geopolíticos de Chávez serán capaces de acompañarlo en el ring y estar junto a él como sus ?segundos? en este encuentro con la justicia universal. Muchos se han beneficiado de los recursos de la Venezuela petrolera dilapidados por el que ha pretendido adueñarse de esta parte del mundo; otros lo continúan haciendo, como el gobierno cubano o los rusos con sus costosísimas operaciones de ventas de armas y maniobras conjuntas. Pero se acerca el momento de la verdad. En Bogotá, con motivo de su visita en Agosto pasado, Ocampo lanzó su primer golpe: ¡Se acabó la impunidad! O los juzgan ustedes, o los juzgamos nosotros! La Corte Penal Internacional afrontará su primer gran reto: Procesar a un jefe de estado en activo con el poder y la fuerza que dice tener Chávez. Éste, en la esquina roja, al sonido de la campana, verá por primera vez en diez años como se le acerca el brazo de la justicia. La pelea está cazada. Se oyen las apuestas. Quienes adelantamos la Campaña Internacional "Juzgar a Chávez", integrada por 45 ONGs de América y Europa apostamos por la Justicia Universal.