La Asociación Española de la Carretera (AEC) propone que se pague por usar las carreteras para recaudar entre 20.000 y 25.000 millones de euros, que se destinarán a mejorar las condiciones de las infraestructuras.

La propuesta, que lleva por nombre ‘Bono por movilidad’, supondrá una recaudación anual que permitirá, según el director general de la AEC, Jacobo Díaz, defender el derecho a la movilidad y mejorar las carreteras españolas.

En una jornada en la que se presentaba la propuesta del nuevo modelo, la AEC ha expresado la necesidad de abrir el debate a nivel político, técnico y social de esta alternativa a las “drásticas reducciones en el presupuesto para el transporte por carretera”.

Dada la disminución en la inversión, desde la AEC proponen el sistema de ‘pago por uso’ que permitiría “guardar el patrimonio viario y mantener en óptimas condiciones la red de carreteras”.

El modelo se basa en delimitar la conducción gratuita hasta un número de kilómetros determinado, que se ajustaría a la media de kilómetros conducidos anualmente por los usuarios, y todos los vehículos que sobrepasen dicho valor pagarían una cuota anual.

En cifras concretas, el director general de AEC ha determinado que la circulación libre para los vehículos ligeros sería hasta los 15.000 kilómetros, y para el transporte profesional, hasta los 100.000 kilómetros.

Asimismo, ha explicado que la cuota a pagar variará en función de algunos criterios, como la gratuidad de los ‘kilómetros nocturnos’ o por carreteras secundarias; así como que circular en hora punta y en las carreteras con más congestión será más caro.

En cualquier caso, Díaz ha reiterado que la condición “exclusiva, indiscutible e innegociable” es que la recaudación del ‘Bono de movilidad’ se destine íntegramente a la mejora de las infraestructuras de las carreteras, ya que “lo que auténticamente vertebra el territorio español es la carretera”.

Por su parte, el presidente de la AEC, Miguel María Muñoz, aseguró este modelo es necesario, ya que “el 70% de la inversión del Gobierno a infraestructuras, sólo beneficia al uno por mil de los usuarios”, pues el presupuesto del Ministerio de Fomento de inversión en carreteras ha pasado de 5.114 millones de euros en 2010, a 2.529 millones de euros en el próximo año, en beneficio de la inversión en infraestructuras ferroviarias.

Para implantar el modelo se necesitaría un horizonte temporal no inferior a cinco años, según Díaz, ya que habría que habilitar no sólo las infraestructuras, sino también los vehículos.

Además, se instalaría un receptor en los vehículos para permitir el control del kilometraje; sin embargo este dispositivo acarrearía problemas de privacidad (que se prevé pueda solucionarse antes de la implantación del modelo) y de generación de multas (ya que también controla la velocidad y los datos pueden ser utilizados por la DGT).

Desde la AEC, son conocedores del debate social que suscita la propuesta, por lo que Báez insiste en que “podrá gustar más o menos”, pero en el contexto actual, donde falta financiación para la conservación y mejora de las carreteras, es necesario buscar soluciones.

Además, destaca que los ciudadanos deben ver el modelo como un “plus de calidad”, que mejorará las infraestructuras, tendrá buenos servicios y aportará más flujos libres en las carreteras.