La anunciada reforma de la Constitución para incluir en ella una limitación del déficit es papel mojado. No debe, por tanto, preocuparnos lo más mínimo. Tampoco debe quitarnos el sueño si se convoca o no un referéndum. Para sustentar tales afirmaciones basta examinar la “calidad” de nuestra democracia. Aunque son varios los pilares, mencionaré tan solo dos: separación de poderes e imperio de la Ley.

Sobre el primero baste decir que el sistema electoral elimina de golpe la separación entre ejecutivo y legislativo hasta el punto que ambos se confunden. Los diputados y senadores, cual dóciles borregos, pulsan el botón indicado por su respectivo portavoz y aquí acaba para la gran mayoría su contribución como servidores públicos. En cuanto a la justicia, aún se vislumbraban rayos de esperanza en lontananza, pero la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió la presentación de la coalición Bildu a las elecciones dejó bien claro que era el Gobierno quien dictaba la sentencia. Solo así puede entenderse que dicho Tribunal pasara de ser competente en el amparo de los derechos fundamentales a realizar una nueva valoración de las pruebas e invadiera de esta forma el campo propio del Tribunal Supremo. Adiós definitivo a la separación de poderes.

Nos queda aún el imperio de la Ley. Los servidores públicos deberían dar ejemplo, pero resulta que no hay día en el que los medios de comunicación no informen de autenticas tropelías. Lo peor de todo es que a los políticos les sale gratis incumplir la ley, y no me refiero sólo a los casos más graves de corrupción sino al día a día en la gestión de los recursos públicos. En Zaragoza, por ejemplo, la segunda fase del tranvía se comenzó sin el pertinente permiso de Patrimonio. Se adujo que era más importante comenzar las obras que respetar la ley. Sin duda, un buen ejemplo para los ciudadanos.

¿Qué importancia tiene entonces la reforma de la Constitución? Ninguna. El gobierno de turno la acatará o incumplirá en función de sus intereses, es decir, de cómo ganar las próximas elecciones. El colmo de la inocencia es pedir una reforma integral aprovechando la ocasión ¡Pobres ilusos! ¿acaso creen que somos islandeses?

Actualización (25/08/11 – 21:02): Ni siquiera papel mojado. Los socialistas han convencido a los populares de que la “cifra concreta de déficit no figure en la Constitución sino en una posterior ley orgánica” (El País). Los futuros gobiernos ni siquiera tendrán necesidad de incumplir la Constitución pues les bastará modificar la ley orgánica, un procedimiento más sencillo y menos costoso en términos políticos.