Lo que está en juego en esta discusión democrática sobre la reforma constitucional no es el carácter de legitimidad que posea la Asamblea Revisora o a la Asamblea Constituyente, ambas tienen facultades constitucionales para modificar el texto de la Carta Magna. Lo que pretendemos destacar es que una Asamblea Constituyente representa un marco más amplio y participativo de revisión y exposición de propuestas en relación con la Reforma.

No se puede hacer un análisis descontextualizando el marco político, las fuerzas que intervienen en un debate de este tipo y reducir a criterios de igualación los niveles de representatividad jurídica. Por igual constituye una apreciación unilateral enfocar la reforma constitucional suprimiendo la historia de las reformas constitucionales en nuestro país; nos referimos a las experiencias políticas que se derivan de las confrontaciones que el interés partidista le imprime a las deliberaciones.

En 1844 los constituyentes que elaboraron el texto constitucional y lo aprobaron el 6 de noviembre, actuaron con libertad y sentido profundo de las ideas que normarían el ejercicio jurídico político de nuestro ordenamiento institucional. Sin embargo, a pesar de que los diputados constituyentes no representaban a ningún sector decididamente opuesto al presidente Santana, éste rodeó militarmente y prácticamente obligó a los constituyentes a incluir en la naciente constitución artículos que consagraron poderes ilimitados al Presidente de la República, fundamentados en el peligro latente de las invasiones continuas haitianas que atentaban contra la consolidación de la República.

Esto significa que hay históricamente una influencia determinante del Poder dentro de la representatividad legítima de los reformadores de la Constitución. No es el caso presente: en cuanto Fernández es un demócrata y Santana era un autócrata, pero la gravitación política condiciona ideológica y socialmente a los miembros de la Asamblea. El ejemplo más reciente fue la burda reforma constitucional del 2002 cuando la presión política de un sector del PRD apuntalado por el poder político del Estado impuso un mamotreto constitucional con la única finalidad de legitimar la reelección presidencial, que había sido prohibida en la reforma de 1994, considerada como un logro democrático de la tenacidad y capacidad de lucha de Peña Gómez, quien no era antirreeleccionista obsesivo sino que entendía que en las condiciones históricas nacionales la misma había sido un elemento perturbador de la democracia y una base de fundamentación de gobierno autoritarios y despóticos.

La idea es que una Asamblea Revisora integrada por una mayoría significativa de adeptos de la actual administración de gobierno, no está en condiciones objetivas y de libertad crítica para modificar la constitución, contraviniendo los deseos o la voluntad expresa del primer mandatario consignada en los puntos de referencia de la reforma. Se trata de una voluntad mayoritaria mecánica que igual que en el 2002 no entraría en colisión con lo sugerido implícitamente o bajado como línea política. Es más, se le atribuye a uno de los líderes del Congreso haber dicho cuando recibió el legajo de la propuesta de reforma constitucional, que se aprobaría tal y como había llegado del Ejecutivo, por supuesto observando todos los mecanismos de apertura y discusión formal.

En esas condiciones los miembros de la Asamblea Revisora tendrían dificultades operativas para situarse en posiciones disidentes del interés oficial, interés que no podemos desconocer ingenuamente y que obedece a vínculos ideológicos de partido. No estamos diciendo que es negativo que esos vínculos existan, lo que indicamos es que una reforma de esta magnitud requiere de una participación más amplia en cuanto a la representatividad de sus reformadores. El PRD ha planteado en su proyecto de reforma la consignación de la Constituyente, que estaría representada por un número altamente significativo de integrantes de la sociedad civil, de lo sindicatos, de las entidades sociales, de las fuerzas productivas nacionales.

No tenemos derecho a dudar del carácter mucho más plural y abierto de una Asamblea Constituyente de este tipo. No cuestionamos la legitimidad de la Asamblea Revisora, sabemos que sus integrantes fueron elegidos por el voto popular, pero esa elección estuvo inficionada por acusaciones sustentables de clientelismo burdo y de uso excesivo de los recursos del Estado. Una elección de representantes para la Constituyente provocaría un gran movimiento de agitación social y política basado en propuestas comunes a diferentes clases y grupos sociales sin estar yugulado por la francachela electoralista de nuestros comicios congresuales.

Los diputados a la Constituyente tendrían tiempo limitado, objetivos demandantes, no dispondrían de compensaciones justas ni recibirían exoneraciones, ni podrían jugar a cotizar su voto en función de las veleidades políticas. No hablamos en términos absolutos pues tenemos un alto concepto de muchos de los actuales senadores y diputados, pero estamos privilegiando en el análisis el componente político, la necesidad ciega del Poder y sus intereses que no tienen necesariamente que coincidir con los intereses del país.

La consulta popular arrojó que más de 60% de ciudadanos apoyaron la celebración de una Constituyente. ¿Por qué no se acató esa decisión mayoritaria? ¿A que se le teme, cuando se tiene el poder y la oposición se muestra débil e insuficiente?