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Es necesario reconocer que la situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes no ha hecho más que continuar deteriorarse en el Estado Español y en Europa, donde unido a la pérdida constante de derechos y la desintegración de lo público, la regulación represiva de los flujos migratorios se ha convertido en una de sus principales señas de identidad. Las fronteras que se abren para el capital se cierran para las personas.

La Directiva de Retorno, llamada de la Vergüenza, que autoriza periodos de internamiento en los CIES de hasta 18 meses fue un primer paso, el segundo y ya en marcha es la Directiva sobre residencia de ciudadanos de terceros países, que establecerá un derecho social comunitario diferente para europeos y ciudadanos de terceros países residentes en la UE con importantes recortes para desplazados y temporeros, así como en materia de pensiones y prestaciones sociales de los inmigrantes.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha hecho todos los deberes a los que se comprometió con su homólogo francés Nicolás Sarkozy en el ?pacto interministerial por la inmigración y el asilo? de los ministros de interior y justicia de la UE : endurecimiento legislativo e impulso de medidas de seguridad y el desarrollo de un racismo institucional frente a los inmigrantes. Son medidas coercitivas las que construyen las murallas de esta Europa fortaleza.

Los mismos migrantes que eran recibidos en el periodo desarrollista de especulación financiera e inmobiliaria para poblar los andamios y el sector de cuidados, han sido por partida doble las primeras víctimas de la crisis. Su tranquilidad duró mientras los patronos tenían sus beneficios. No sólo han perdido sus puestos de trabajo, sus viviendas e incluso su residencia legal ante el acoso de empresarios, entidades hipotecarias, policías y una restrictiva práctica administrativa a la hora de concederles la renovación de sus residencias y la reagrupación de sus familiares.

También en el actual escenario de crisis son sometidos a la culpabilización, estigmatización y discriminación continua, mediante el endurecimiento de la Ley de Extranjería, las continuas redadas racistas con las que el señor Rubalcaba ha poblado nuestros barrios y ciudades y los discursos racistas de políticos oportunistas que dibujan un nuevo fascismo en nuestras comunidades con conflictos como el del empadronamiento en algunos pueblos de Cataluña. Las deportaciones colectivas realizadas en Francia e Italia, donde se ha llegado a penalizar la inmigración irregular no están tan lejos de la política de inmigración del Gobierno.

Ante esta situación, el próximo 18 de diciembre colectivos y organizaciones sociales marcharan por el cierre de los Centros de Internamiento a Extranjeros (CIE) y contra las redadas racistas.

La convocatoria, bajo la consigna ?Cerremos Los CIE. Por un mundo sin muros? se realiza de manera simultánea en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Motril, Granada y Algeciras, para pedir el cierre incondicional de estas cárceles donde miles de migrantes, que no han cometido delito alguno, son encarcelados únicamente por una irregularidad administrativa : no tener la documentación que se les exige para residir y trabajar en España.

Fuente: kaosenlared