Por un renovado pacto social

Las sociedades occidentales redescubren lo que nunca debieron olvidar: la necesidad legítima del Estado democrático, del Estado constitucional, aquel que institucionaliza el pacto social de la modernidad y la sociedad del bienestar, los grandes logros de la ilustración occidental, con su sistema de libertades públicas y su liberalismo humanista (que ese no solamente no ha muerto, sino que hoy debe estar más vigente que nunca si deseamos retornar del abismo al puerto de la cordura y la sensatez colectivos). Cayó el muro de Berlín; tras él, hace agua el marasmo económico ajeno a la teoría de los modelos y a la lógica racional de la prudencia colectiva; a saber: el Estado debe actuar e intervenir democráticamente en la vida pública cuando es, primero, necesario, después, conveniente. Ha sido, justamente, la impugnación de ese principio esencial de la democracia moderna el que se ha visto conculcado de forma brutal en los últimos lustros por el derechismo liberal que, a su vez, ha sepultado la práctica del conservadurismo democrático, que, junto con la socialdemocracia, ha contribuido de forma inequívoca a la conformación de la Europa moderna tras la Segunda Guerra Mundial. Nuestros partidos supuestamente conservadores abrazaron el dogma de que toda anarquía desreguladora era mejor que la legítima acción política y efectiva de la función social de las instituciones que son el Estado mismo. Grave error político, social, histórico y moral.

Escribía el mejor Raymond Aron: "No olvidemos que la democracia es, en el fondo, el único régimen que confiesa o, mejor aún, proclama que la historia de los Estados está y debe estar escrita en prosa y no en verso". Efectivamente. Recuperar ahora, en este momento de tribulación colectiva, la prosa democrática es asunto capital. Dicha prosa es en la que debe reescribirse el renovado pacto social que refunde la confianza colectiva en el Estado como institucionalización democrática de los anhelos colectivos de una sociedad que ya no ve en él un peligro, supuesto o real, sino la plasmación pública de los ideales regulativos de la libertad política, de la urdimbre social misma y de un futuro no hipotecado ni cautivo de la malandanza financiera, el derrumbe paulatino de la seguridad pública y el olvido del bienestar colectivo.

Y un elemento indispensable para reformular el pacto social resquebrajado es la participación, cada vez más activa, del conjunto de los elementos que componen el tejido plural y libre de nuestras sociedades democráticas. Es la hora de la actuación comprometida y fuerte de los gobiernos, de las autoridades financieras, de la legalidad internacional, de los organismos universales que, poco a poco, deben ser reforzados en sus funciones arbitrales y mediadoras de un nuevo orden mundial sustentado en la democracia, la salvaguarda del derecho internacional y la garantía del progreso social de todos.

También, naturalmente, es la hora de la vuelta a la política con mayúsculas. Sí, la política: la acción racional de los ciudadanos de la polis en pro del bien común colectivo y del mantenimiento de nuestro progreso y libertad. Sólo desde el Estado y el Derecho se puede encauzar la crisis internacional que padecemos. Sólo desde el Estado y el Derecho cabe establecer una lucha directa y sin fisuras, también sin atajos, contra el terrorismo internacional (ese verdadero cáncer de la sociedad universal) que hoy nos golpea a todos donde puede, y cada día con mayor saña y violencia. Bien sea en Nueva York, en Madrid, en Bombay y un largo y penoso etcétera colectivo. Y es el momento de repensar a Weber, quien en su conferencia de Múnich de 1919, La política como vocación, escribiera: "Puede decirse que son tres las cualidades decisivamente importantes para el político: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura". Qué lejos están estas loables virtudes de nuestra vida pública española, tan empobrecida, tan encanallada, tan dada al insulto, a la insolencia, a la insolvencia y, en ocasiones, a la estulticia política, intelectual y moral.

Hay que apostar claramente por dignificar de nuevo lo que nunca debió perderse: la dignidad democrática del Estado. El papel esencial del mismo en la vida pública, social y general de todos. Tanto más cuando el Estado, como es el caso español, no es sino la plena institucionalización de un proyecto colectivo de vida en común, sustentado, como indica el preámbulo de la Constitución del 78, en los ideales regulativos de la Ilustración europea: la justicia, la libertad, la seguridad y la promoción del bien de cuantos ciudadanos libres e iguales integran, en el uso de su soberanía, el bien más preciado de la nación española. Justamente, la Constitución establece como objetivo de la vida española toda lograr una sociedad democrática avanzada que busca el fortalecimiento de relaciones universales pacíficas entre todos los pueblos (y para ello es esencial el regreso a la hegemonía política del Derecho Internacional como guía de prudencia, sensatez y moderación a la hora de afrontar los desafíos de nuestro tiempo).

Estos, a mi juicio, son los parámetros sobre los que debemos revitalizar nuestro pacto social democrático. Y no cejar en el empeño, con honradez, determinación y una profunda convicción democrática, ilustrada, moral e histórica. Y éste debe ser el renovado compromiso parlamentario de todas nuestras fuerzas políticas en la hora presente en la que, con coraje cívico y lealtad democrática, deben hacer prevalecer los intereses superiores del Estado al partidismo acrítico de un insensato presentismo historicista. Sí, claro, estoy hablando del patriotismo necesario.

De nuevo, Weber para terminar: "Hay que armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no se quiere resultar incapaz de realizar incluso lo que hoy es posible".