Aunque no estaba en el proyecto original que envió el Presidente, el artículo 30 ha sido el más polémico del proyecto de Reforma. Todos los partidos aprobar el artículo en primera lectura.

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Resaltan que el perfil conservador de la nueva Carta Magna es resultado de una asamblea dominada por legisladores de dos partidos que se hacen llamar ?progresistas y liberales? como son el PRD y el PLD

El proyecto de nueva Constitución que surgió de las manos del Presidente Leonel Fernández marcha con buenos augurios gracias a los vientos considerados oportunistas, más las incoherencias ideológicas y el conservadurismo político recurrentes en la historia dominicana.

La aprobación en primera fase del artículo que convierte la prohibición del aborto en norma constitucional se logró con el concurso en mayor proporción de los legisladores de oposición, lo que se considera una demostración de exceso de oportunismo y ceguera política.

Con el PRSC en un puño y un PRD que se muestra incapaz de adoptar posiciones en medio de sus propias confusiones, el Presidente Fernández seguirá adelante con su proyecto.

El proyecto de nueva Constitución de la República del presidente Leonel Fernández ha partido con buenos augurios, empujado por los vientos oportunistas, incoherencias ideológicas y el conservadurismo político que ha signado la historia dominicana.

La aprobación en primera lectura del artículo que da rango constitucional a la absoluta prohibición del aborto, favorecida en mayor proporción por los legisladores de oposición, demuestra exceso de oportunismo y ceguera política al debilitar las corrientes de disensión en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el bolsillo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) incapaz de adoptar posiciones en un mar de confusiones políticas-ideológicas, el presidente Fernández sacará adelante su Constitución que es a la vez un proyecto continuista de largo alcance.

Concierto apabullante

No era previsible que el artículo 30 que persigue dar rango constitucional a la prohibición absoluta de cualquier género de aborto lograra el 84 por ciento de los votos (167 a 32) en una asamblea dominada en mayor proporción por legisladores de los ?dos partidos más progresistas y liberales?.

Despreciando las opiniones de las organizaciones médicas, de la Academia de Ciencias y de la mayoría de las entidades sociales, incluyendo a las que agrupan mujeres, los asambleistas optaron por incorporar la concepción religiosa sobre el origen de la vida a la Constitución dominicana del siglo 21.

La decisión fue más deplorable por cuanto no había que optar por un texto que legalizara el aborto, que nadie presentó, ni siquiera en los casos en que corra peligro la vida de la mujer o cuando la concepción fuera fruto de la violencia o violación. Se presentó una alternativa: dejar sin definir cuándo se inicia la vida que se declara inviolable, que es el actual predicamento constitucional, o adoptar una fórmula ecléctica como abogó el presidente de la Cámara de Diputados.

Julio César Valentín propuso una transacción adoptando el artículo cuarto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que plantea: ?Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente?. Como se trataba de satisfacer a los sectores religiosos más conservadores, esa formulación tampoco pareció suficiente. Porque las expresiones ?en general? y ?arbitrariamente?, seguían dejando abiertas las posibilidades de que una ley permitiera el aborto terapéutico y en casos de violación, que es lo que personas e instituciones ligadas a la salud y a los derechos de las mujeres vienen reclamando en el país.

¿De conciencia o política?

Si la propuesta y la decisión de la Asamblea Nacional hubiesen sido motivadas por convencimiento o por cuestión de conciencia religiosa, como fruto del debate democrático, no habría nada que objetar. Pero es entendimiento general que ni el presidente Fernández, que propuso el texto, ni la mayoría de los que lo respaldaron lo hicieron por convicciones, sino tratando de comprar el apoyo de los sectores religiosos más conservadores, algunos de los cuales llegaron al chantaje político.

Para peledeístas y perredeístas que se venden en el exterior como progresistas, modernistas o socialdemócratas, la opción del artículo 30 del proyecto de Constitución es vergonzante, ya que la tendencia universal en las últimas décadas es a legalizar el aborto, por lo menos el terapéutico y en caso de violación, que están permitidos en casi todas las naciones del mundo.

Nada de cuestionable puede tener que por razones religiosas una mujer esté convencida de que no puede interrumpir un embarazo fruto de una violación o cuando -por ejemplo- se produce fuera del útero y está condenada a la muerte, arrastrando su propia vida. Pero ya es universal el criterio de que las convicciones religiosas no se les pueden imponer a la totalidad de las personas, sobre todo cuando las mayorías no las comparten.

En este caso, la fórmula constitucional adoptada no deja espacio a excepciones, lo que en la práctica hace más complejo el problema de los embarazos no deseados que terminan en abortos en cantidades que en el país se estiman entre 75 mil y 100 mil por año, aún cuando está sancionado por el código penal, lo que indica escaso convencimiento religioso. Todavía muchas mujeres pobres mueren en el país por abortos inducidos precariamente. A menudo llegan desangrándose a los hospitales públicos. Las de clases medias y altas pagan el tratamiento en mejores condiciones o viajan al exterior, sin tener que exponerse a métodos rudimentarios.

Alegre politiquería

Si es incoherente que el doctor Leonel Fernández, a quien no se le conoce práctica religiosa, opte un planteamiento eclesial extremo y en confrontación con la ciencia y la práctica universal, es alegre politiquería que obtenga el respaldo de los voceros y legisladores de un partido de oposición, que por demás se alega socialdemócrata. No hay un solo partido de esa corriente ideológica que tenga esa opción en el mundo de hoy.

En el caso de los perredeístas el oportunismo de haber pretendido disputarle al presidente Fernández el apoyo de los jerarcas eclesiales más conservadores se convirtió en craso error político porque, pretendiendo explotar las legítimas disensiones entre los peledeístas, sólo contribuyeron a disiparlas fortaleciendo el carácter retrogrado del proyecto y dando crédito a su autor.

Llama la atención que fuera el vocero de los senadores perredeístas, Roberto Rodríguez, quien propusiera cerrar el debate dejando a muchos sin exponer su disensión, lo que fue inmediatamente aceptado por el presidente de la Asamblea y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, procediendo a someter el artículo a votación, tras recordar a sus compañeros que la formulación era del presidente de la República y de su partido.

Eso se produjo mientras Valentín enarbolaba su transacción, el secretario de Salud Pública, Bautista Rojas, pedía que no dieran dimensión constitucional al tema y cuando más de una veintena de legisladores oficialistas se mostraban activamente en disensión. También el vocero perredeísta entre los diputados, Ruddy González, había desafiado a la bancada peledeísta a ?demostrar que está acorde con el principio de la vida y con su propio Presidente?. Lo complacieron, exceptuando a 26 que no aprobaron la formulación. Sólo 5 perredeístas y un reformista votaron en contra. Los más coherentes fueron los reformistas que siempre se han confesado conservadores.

?E´palante que vamos?

Ayudado por la ceguera, la confusión ideológica y el irrefrenable grupismo perredeísta, el proyecto de Constitución del presidente Fernández ?e´palante que va?. Por lo menos pasó la prueba en uno de sus aspectos más retrógrados y en el que resultaba más fácil disentir al interior del PLD, por no ser esencialmente político y dados los antecedentes ?liberales? del partido. Se abre camino para que sean aprobados otros planteamientos fundamentales, como los que refuerzan el presidencialismo y reducen los demás poderes del Estado, o el referente a la reelección y la unificación de las elecciones.

La aprobación de una nueva Constitución se realiza sin que los partidos hayan consensuado posiciones previas con sus legisladores, especialmente los de oposición que son minoría en la Asamblea Nacional. En los ámbitos políticos se da por hecho que los reformistas están en manos del Presidente de la República y hasta entre ellos mismos se formulan denuncias sobre las negociaciones y hasta los montos que han implicado.

Entre los perredeístas no se descarta que también se produzcan ?colaboraciones?, pero serían innecesarias muchas inversiones, si la sumatoria de los reformistas garantizan los dos tercios de votos necesarios para aprobar reformas constitucionales. Como principal partido de oposición, y con tercera parte de los integrantes de la Asamblea Nacional, el PRD estaba llamado a tener una posición importante en el conocimiento de una nueva Constitución.

Sin embargo, sus luchas internas y los intereses diversos de sus grupos determinan que no hayan podido establecer consenso partidista frente al proyecto oficialista, lo que deja margen para todo género de improvisaciones. Aunque muchos rechazan el proyecto del presidente Fernández otros, como los seguidores del expresidentes Hipólito Mejía, cifran esperanzas en que la aprobación del artículo que autoriza la repostulación después de un período fuera de la presidencia, pueda permitir a éste volver a ser candidato presidencial.

Eso garantiza que por lo menos en un aspecto fundamental del interés constitucional del presidente Fernández los perredeístas no puedan ponerse de acuerdo. Y si los opositores no llegan con posiciones unificadas y firmes hacen más difícil que se manifieste la disensión latente en el seno mismo del partido de gobierno. Por la simple razón de que quienes la encarnan, básicamente los seguidores de Danilo Medina, no pueden ir más lejos que la abierta oposición política, sin exponerse a ser aplastados por el poder.