SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Cuando un terreno es declarado de utilidad pública los propietarios pierden el derecho de revenderlo, alquilarlo o remodelarlo, debido a que se incurriría en una acción penalizada por la ley o porque podrían malgastar su inversión.

Esta es la situación que mantiene en el ?limbo? a los dueños de los diez terrenos aledaños al Palacio de la Presidencia que fueron declarados de utilidad pública en el 2006, por parte del presidente Leonel Fernández, y que hasta la fecha no han tenido respuestas de las autoridades ni el pago correspondiente a la venta del inmueble.

Según detalla el contrato de venta, la fecha límite para la entrega formal del inmueble era el 26 de junio de 2008. En este documento el gobierno hace constancia de que en este caso estaría representado por el subsecretario administrativo de la Presidencia, José Rafael Pérez Modesto.

El mandatario ordenó la expropiación de estos terrenos (ubicados en la calle 30 de marzo) mediante el decreto 565-06, del pasado 21 de noviembre de 2006, donde se detalla la necesidad del Estado de disponer del entorno del Palacio Nacional, por motivos de seguridad, ornato y eventual ampliación de las oficinas que alojan el lugar.

Asimismo, el decreto indica en su artículo 2 que ?en caso de no llegarse a un acuerdo amigable con los propietarios de los inmuebles que resulten afectados y se encuentran dentro de las porciones de terrenos precedentemente indicadas, para su compra de grado a grado por el Estado, el administrador general de Bienes Nacionales realizará todos los actos, procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo a las leyes, para obtener la expropiación del mismo?.

Según informó a Clave Digital Laudovina Pérez, dueña de una de las propiedades, el valor de su inmueble asciende a RD$10 millones 870 mil 570, de los cuales el gobierno se comprometió, el pasado 26 de mayo de 2008, a efectuarle un primer pago de RD$3 millones y un segundo pago (el 26 de junio de 2008) de RD$7 millones 870 mil 570.

Además, argumentó que el dinero que deberían entregarle por su propiedad no debe ser el mismo valor que se tasó hace más de un año, debido a que en la actualidad los precios de los solares han aumentado.

?Uno no puede ni venderlo ni nada porque uno puede caer preso, pero mira, mi casa está alquilada y ya los inquilinos dejaron de pagarme porque esa propiedad es del Estado y esta es la fecha donde yo no he recibido nada. Mientras, la casa se me cae y no puedo ni siquiera invertir en ella?, expresó.

A través de un recorrido llevado a cabo por reporteros de Clave Digital, se pudo comprobar que algunas de las casas que fueron abandonadas por sus respectivos dueños lucen en pésimas condiciones, lo que -de acuerdo con declaraciones de los residentes de la zona- ha generado que personas ambulantes las utilicen por las noches para consumir drogas o para cometer robos.

De su lado, el presidente de la compañía Alarmas AAA (ubicada en uno de los terrenos expropiados), Juan Bautista Pérez, explicó que por este conflicto ha perdido gran parte de su clientela.

Además, dijo que no puede buscar otro domicilio para su empresa, debido a que no cuenta con los recursos que el gobierno debe entregarle por la venta del inmueble y porque no puede recurrir a una mudanza ?millonaria? sin antes asegurarse de cuánto tiempo más las autoridades permanecerán sin respuestas.

?Nosotros tenemos más de 20 años y a nosotros no nos informaron que estos terrenos se iban a declarar en utilidad pública, no antes de emitirse el decreto. Si nos arriesgamos a tirar un segundo piso de este local, porque estamos estrechos aquí, no podríamos hacerlo, ni vender ni nada?, detalló.

Tanto Laudovina como Bautista Pérez coincidieron en afirmar que hasta el momento una pareja de residentes italianos (propietarios de un terreno donde se aloja una fábrica de embutidos) son los únicos que han recibido una pequeña parte del valor del inmueble, el cual fue tasado en RD$27 millones.

Ante esto, los propietarios exigen el pago del capital o la derogación del decreto.

?Nosotros no estamos en contra ni del gobierno ni del proyecto, sólo queremos que nos den respuestas?, expresaron.