Este jueves el Gobierno de Colombia presentó ante la OEA, y ante la comunidad internacional, pruebas documentadas del apoyo del Gobierno de Venezuela a los grupos narcoterroristas colombianos, en especial a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), primer cartel del narcotráfico del mundo. Ésta no es la primera vez que Colombia presenta en organismos multilaterales denuncias sobre el presunto apoyo del Gobierno de Hugo Chávez Frías a los grupos narcoterroristas de ese país. Colombia viene denunciándolo desde hace más de cuatro años, recibiendo sólo negativas, sornas y boicot comercial de las autoridades venezolanas. Lo que sí es la primera vez, es la presentación de pruebas de que las FARC y el ELN no sólo usan el territorio venezolano como aliviadero, sino que lo utilizan para articular ataques contra objetivos colombianos, como fue el caso del ataque a fuerzas policiales colombianas el 20 de junio de 2010, cuando se efectuaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Así como también para ejecutar secuestros contra venezolanos, que según el embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, suman a más de 150. Con esta presentación, el Gobierno colombiano sigue escalando en las instancias regionales para presionar al Gobierno de Venezuela a acciones claras para reducir la presencia de la narcoguerrilla en su territorio, que ya asciende según el embajador Hoyos a 1.500 guerrilleros. En esta oportunidad, Colombia solicitó que la OEA nombrara una comisión neutral que investigara y confirmara in situ la veracidad, o no, de sus denuncias. ¿La respuesta desde Venezuela? La ruptura total de las relaciones con Colombia. El que calla, otorga. Con ello, le está dando un nuevo argumento a Colombia para demostrar eventualmente ante otras instancias internacionales la renuencia de Chávez a colaborar en el combate contra el narcoterrorismo. ¿Las consecuencias? La percepción a corto plazo tal vez es que Hugo Chávez se anotó dos tantos a su favor al desviar la atención de la opinión pública internacional de las evidencias de su presunta colaboración con grupos de narcoterroristas, repudiados a nivel mundial, y de la opinión pública nacional, del escándalo de los alimentos podridos. La medida ya no tendría mayor incidencia económica y comercial en Colombia, ya que ambos países ya han adaptado sus patrones comerciales ante el boicot no oficial decretado por el presidente Chávez el año pasado. A mediano plazo, Hugo Chávez estaría contra las cuerdas. La percepción internacional pareciera ser que Chávez sí ha cooperado con las FARC, y por tanto, se ejercerá mayor presión para que haga "algo" para solventar esta situación.A largo plazo, el Gobierno de Hugo Chávez podría tener que responder incluso ante la Corte Penal Internacional, si se concreta la decisión de llevarlo ante esta instancia como lo anunció el Fiscal General de Colombia este jueves.
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