La propuesta de reforma constitucional sometida al Congreso por el presidente de la República tiene elementos que realmente reforman positivamente nuestra Carta Magna. Sin embargo, tanto el contexto en que se plantea esta reforma, como la propuesta de unificar las elecciones congresuales y municipales con la presidencial se constituyen en factores de contrarreforma.

Nuestra clase política ha sido incapaz de cumplir las principales disposiciones de la Junta Central Electoral y, principalmente por esa razón, los procesos electorales discurren en medio de violaciones a las reglas de las elecciones internas, de un abusivo y desmedido dispendio de recursos económicos propios y del erario público, escandalosa práctica del transfuguismo, la compra de conciencia, de cédulas, etc.

Por esas circunstancias, fundamentalmente, los procesos electorales se viven en este país como verdaderos traumas políticos, sociales y económicos.

Esa circunstancia ha determinado que muchos, con intereses y motivaciones diferentes, hayan planteado la unificación de las elecciones y que este planteamiento haya sido incluido en la propuesta de reforma arriba mencionado. Lejos de ser una reforma, ésta es una contrarreforma, pues su eventual aprobación significaría la negación de la reforma de años atrás, que separó las elecciones municipales de las presidenciales, buscando de ese modo fortalecer y potenciar los gobiernos municipales del país, con resultados positivos medidos en diversos estudios sobre la gestión municipal, destacándose entre otros el informe del PNUD del 2008 sobre la descentralización el poder local y el desarrollo humano.

Se argumenta que este país no resiste elecciones cada dos años. Pero este intervalo en las elecciones para elegir a los representantes a las instituciones del Estado es común en una enorme cantidad de países y se hace para evitar que una, la presidencial, les reste interés e importancia a las otras. También para evitar que la candidatura del presidente arrastre o prácticamente determina la elección de las otras candidaturas. Si en este país no es posible es por la incapacidad de nuestra clase políticas de cumplir sus propias reglas.

Se dice que son costosas y es verdad, pero dado los niveles de institucionalización y de la práctica de la transparencia en los partidos políticos, nada garantiza que la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales reduzca el costo de los procesos electorales y evite que los candidatos hagan las cuantiosas inversiones que hacen.

Si lo que se quiere evitar es tanto tiempo de campaña, lo que hay que lograr es que se cumplan los periodos de campañas y se regularicen las formas en que éstas discurren porque la fiebre no está en la sábana.

Se pretende con la pretendida reforma que los funcionarios municipales elegidos en el 2010 tengan un mandato hasta el 2012, para que coincidan con las presidenciales de ese año. A quién se le ocurre elegir autoridades municipales por dos años, cómo podrán éstas desarrollar un programa municipal para sólo dos años.

Ese despropósito sólo contribuirá a que tengamos cuatro años de vida municipal perdidos, un limbo en la institución política más cercana al ciudadano y que más puede contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática de cualquier país.

Además de esa contrarreforma, tenemos la que modifica el establecimiento de la nacionalidad y el mantenimiento del principio de la reelección presidencial introducido en la contrarreforma del 2002, ahora acentuada con la brecha que se abre para que no solamente un presidente se reelija, sino que pueda volver, mediado uno o más períodos.

Estos otros aspectos constituyen pasos de retrocesos en el largo y nunca acabado proceso de institucionalización política del país.

Algunos dicen que no es sensato marginarse de la discusión y que las fuerzas políticas con representación en el Congreso deben participar de la misma, pero uno se pregunta si existe un contexto que haga posible una discusión seria sobre un proyecto donde su principal propulsor de antemano dice que tiene la fuerza para que se apruebe en que el Congreso, porque ya ha conseguido los votos necesarios de una fuerza política en desbandada, como el PRSC, y de una parte de su propio partido, que anteriormente se batió para que se eliminase la práctica de la reelección presidencial y que hoy acepta bajo el argumento de la disciplina partidaria, por no decir que es por el resquicio que a sus intereses le ofrece la no reelección por tres periodo.

Esa voluntad de que las cosas sean como en definitiva serán: una aprobación, sin más, del proyecto de reforma, lo indica la opinión de algunos miembros de la comisión encargada de su proceso consulta y redacción, en la manifiestan que no se ha respetado el sentir de la mayoría de los consultados en temas sustantivos, como los relativos a la reelección presidencial y la reforma por constituyente.

Estos, entre otros hechos, independientemente de los avances que pueda tener el proyecto de reforma, nos dicen que estamos no solamente ante una reforma con serios elementos de contrarreforma, sino ante la reiteración de la práctica del hecho consumado como forma de hacer política de un importante sector político del país, ante un sainete que básicamente sólo beneficia a un presidente en ejercicio y a otro que ya lo fue, que pesca en río revuelto para intentar volver a serlo. Lo demás es circo.