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 El Estado ha ido demorando el compromiso de quitar las casi 1.100 minas que hay en la frontera con Colombia. Venezuela cerró 2008 con una condena en su contra por posponer esa promesa. Rimy Diego Mundaraín* es uno de los dos venezolanos que entran en la lista de víctimas de minas antipersonales. Hace cuatro años que perdió una pierna en Apure por un dispositivo que se desplazó de la zona de riesgo (Cruz Sojo). Un reproche internacional recibió Venezuela de una agencia que hace vida en la Organización de Naciones Unidas. Y en esta oportunidad nada tiene que ver con problemas bilaterales o discursos políticos azuzados desde el mismísimo imperio, sino de una deuda que el Gobierno nacional asumió en 1999 y que -hasta ahora- no ha cumplido: eliminar las 1.073 minas antipersonales que rodean seis campamentos militares de la frontera con Colombia. Se trata de una de las conclusiones del informe Monitor de Minas Terrestres 2008, presentado el pasado 21 de noviembre por la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres, que fue galardonada en 1997 con el Premio Nobel de la Paz y reconocida en el mundo por luchar contra las armas explosivas.
Aunque las autoridades nacionales nunca han desconocido el compromiso de erradicar las minas, han ido aplazado el tema dándole largas al asunto. En marzo de 2008 formalizaron una solicitud para diferir el plazo ante el príncipe de Jordania, Mired Raad Al-Hussein, quien presidió la Convención sobre el Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales, que se llevó a cabo en esa fecha.
A través de un informe de 66 páginas firmado por el coordinador general de los cursos y trabajos de desminado del Ministerio de la Defensa, Alcibíades Paz, y suscrito por el viceministro para América del Norte y asuntos multilaterales, Jorge Valero, el Gobierno nacional solicitó una prórroga de cinco años, que pospone la limpieza de todas las áreas hasta octubre de 2014.
Los principales argumentos que justifican la demora señalan que la remoción de los explosivos debe hacerse en lugares selváticos donde, además de los largos períodos de lluvia, operan grupos irregulares colombianos. Los directivos de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres advierten, no obstante, que son las mismas explicaciones que el Gobierno ha esgrimido desde 1999.
“La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres quiere resaltar su profunda preocupación por el hecho de que, nueve años después de la entrada en vigor de la Convención para Venezuela, las operaciones de desminado aún no han empezado”, manifestaron en la IX Conferencia de los 156 estados miembros de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales.
Sean cuales sean las razones del Gobierno, la ONG considera que Venezuela contradice la letra y el espíritu de la Convención de Ottawa, cuyo artículo 5 estipula que la remoción de las áreas minadas tiene que ser realizada cuanto antes. “Aún más preocupante resulta el hecho de que el cronograma agregado a la solicitud de prórroga prevé que las tareas de desminado no empiecen antes de octubre 2009, es decir después de vencer el plazo establecido para Venezuela según los términos de la Convención”.
Sin voluntad No hay voluntad política con respecto al tema, dice la abogada Rocío San Miguel desde la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
Son pocos los que conocen detalles sobre las 1.073 minas que el segundo gobierno de Rafael Caldera instaló para evitar ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como los que el 25 de febrero de 1995 dejaron a ocho militares muertos en el puesto naval de Guafitas, estado Apure. Pero San Miguel ha venido alertando desde 2007 que las lluvias y la crecida del río Arauca han hecho que varios de esos explosivos se hayan desplazado de las áreas debidamente señalizadas. Tanto así que, basada en fuentes militares, indica que algunos de los dispositivos han ido apareciendo en las copas de los árboles.
La única información disponible sobre las minas antipersonales en Venezuela es la que sale de las cumbres internacionales, porque el Gobierno no rinde cuentas sobre el tema dentro del país. En el Viceministerio para América del Norte, por ejemplo, no precisaron información al respecto, Vía telefónica, sólo dejaron abierta la posibilidad de dar luces después, porque los encargados estaban de asueto navideño.
San Miguel envió el mes pasado solicitudes de información sobre minas antipersonales y otros 99 temas relacionados con diferentes organismos del Poder Ejecutivo y el Ministerio de la Defensa, pero la única respuesta que obtuvo fue una negativa que señalaba que sus demandas tratan sobre asuntos confidenciales de seguridad y defensa nacional.
Dos víctimas Si no fuera por los peligros que acarrean las minas, este tema no merecería espacio en la agenda noticiosa de un año que empieza con la propuesta de una enmienda constitucional y los augurios de una recesión económica global. Pero resulta que en Venezuela ya hay noticias de dos víctimas de minas antipersonales, a pesar de que la cifra de 1.073 explosivos enterrados en los puestos navales de Atabapo, Cararabo, Guafitas, Isla Vapor, Puerto Páez y Río Arauca Internacional no representan un problema especial si se comparan con países como Rusia, Irak o Colombia.
Con muletas en mano, Rimy Diego Mundaraín se suma a las voces que condenan las minas antipersonales. Razones le sobran: hace ya cuatro años que una de esas bombas le robó la pierna izquierda. Estaba prestando servicio militar cuando cortaba la maleza junto al resto del pelotón. Al terminar, su superior tocó el silbato y los infantes de marina corrieron para formar. Fue en ese instante del 6 de diciembre de 2004, cuando pisó una bomba que se había desplazado de su lugar original.
El informe que la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres publicó en su página web indica que “Venezuela reiteró que el sobreviviente del incidente de 2004 recibió asistencia médica, psicológica y económica”. Pero en el barrio Virgen del Valle de La Guaira, donde reside Mundaraín, hay otro panorama: la ayuda de la que habla el Gobierno se refiere a 8.000 bolívares que recibió después del accidente y un salario mínimo de 794 bolívares, además del seguro médico del que disfrutan todos los militares.
Le habían prometido casa, pero a falta de ella, en este momento ni siquiera cuenta con la prótesis que le financiaron. Él mismo reconoce que ha dejado correr el tiempo sin pelear por una nueva pierna de plástico que sustituya a la que dejó de calzarle hace dos años por los kilos que ha ido ganando desde que pasa mucho tiempo en cama.
Asiente con la cabeza cuando le preguntan si cree que el Estado debe dar más respuestas sobre su situación económica. Aun así, prefiere ser cauto, porque todavía guarda la esperanza de que el Gobierno lo indemnice con una casa, que lo saque del cuarto de cinco metros cuadrados donde vive con su mamá y sus dos hermanos.
Caso único Hay 156 países comprometidos a erradicar las bombas de sus territorios, desde que suscribieron los principios de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales. Entre ellos, los casos de Venezuela y el Reino Unido son especialmente graves para los autores del informe, porque “tienen una contaminación de minas relativa, no excesiva, y no han limpiado ni una sola área en nueve años”.
Grecia, Belarús y Turquía son algunos de los estados con mayor número de minas que no han cumplido con el compromiso de removerlas, pero se trata de casos muy diferentes al venezolano. El último informe de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres destaca que no hay razón para que el Gobierno nacional no haya quitado los pocos explosivos que guardan en 18 hectáreas del territorio nacional.
Si los británicos tienen bombas en las islas Malvinas como herencia de la guerra que sostuvieron con Argentina, el país las conserva en seis puntos específicos de los estados Amazonas y Apure, a pesar de que el último conflicto bélico que se haya registrado formalmente en el país fue superado a mediados del siglo XIX con el fin de la Guerra Federal.
Steve Goose, director ejecutivo de Human Rights Watch, organización a la que pertenece la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres, concluye que al Estado venezolano “no le interesa limpiar las minas, porque le sirven como medio para impedir la entrada de guerrilleros colombianos”.
“Venezuela ni siquiera comenzó a desminar e inclusive sugirió que los campos de minas eran una ventaja militar contra la infiltración” de grupos armados colombianos, agregó el pasado 24 de noviembre Stuart Casey Maslen, en nombre de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres, durante la inauguración de la IX Conferencia de los 156 estados miembros de la Convención de Ottawa.
El Universal
CARACAS, domingo 04 de enero, 2009
Por Joseph Poliszuk
*Rimy Diego Mundaraín es uno de los dos venezolanos que entran en la lista de víctimas de minas antipersonales. Hace cuatro años que perdió una pierna en Apure por un dispositivo que se desplazó de la zona de riesgo (Cruz Sojo)
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