POR ORLANDO JORGE MERA
Esa es la cuestión que se formula María José Sánchez Apellánz, en un interesante trabajo publicado en el 1999, bajo el título ?¿Regular o educar? El problema de los contenidos audiovisuales? (?Comunicar?, marzo, número 12, 1999). Igualmente aquí, en la República Dominicana, ha estado en el debate, de manera recurrente aunque con escaso eco, si, como consecuencia del avance de la sociedad del conocimiento y de la información, se hace necesario o no regular el contenido audiovisual, incluyendo el Internet.

El marco legal de los medios de comunicación tradicionales es trazado por leyes sectoriales fundamentadas en el principio consagrado en el artículo 8, numeral 6, de la Constitución de la República que dispone: ?Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes. ?Se prohíbe toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o a críticas de los preceptos legales?.

Este precepto legal ha servido para trazar una delgada línea roja entre la libertad de contenido que se transmite por audio, video, o data, en los medios de comunicación y la regulación de radio y la televisión, la cual ha estado concentrada en la provisión del servicio público de telecomunicaciones a través de las concesiones, permisos y autorizaciones establecidas por el órgano regulador, según los objetivos, criterios y requisitos fijados por la ley y sus reglamentos.

Más recientemente, con el avance de la convergencia tecnológica y el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se han implementado leyes y reglamentos que tienen por objetivo garantizar la seguridad de la información que fluye en la red, así como sancionar los delitos tecnológicos. Asimismo, el Estado ha creado la infraestructura legal necesaria para la protección de los derechos del consumidor, eje esencial del Estado regulador.

En el caso del Internet, algunos sectores conservadores, que se resisten a los cambios que ha generado, genera y generará la red, quieren controlarlo y hasta regularlo. Pero, la grandeza del Internet radica en el hecho innegable de que es abierto, y por lo tanto, es fuente de innovación y creatividad. La Internet debe ser neutral, y no puede ser regulada. Así, se ha pronunciado la FCC, órgano regulador de las telecomunicaciones de Estados Unidos, en el ?Caso Comcast? que ha sentado precedente sobre este interesante y complejo tema (Ver:

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/fcc-08-183A1.pdf ).

Por lo tanto, la solución no puede ser más regulación, que pudiera constituirse en amenaza a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Debe fundamentarse en más educación, e iniciarse por la creación de un código de ética a suscribir por los miembros de la industria audiovisual como normativa para la conducta del sector. Hay iniciativas en el reglón publicitario, pero pudieran ser mejoradas y ampliadas, para crear mayor nivel de conciencia social tanto a nivel corporativo como a nivel de los ciudadanos, expuestos a los retos y oportunidades de la revolución que caracterizan a la sociedad del conocimiento.

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