 Por azahara
el 19-May-2010 |
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 Said, un marroquí sin papeles de 30 años, logró el jueves pasado el respaldo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Bilbao para renovar su permiso de residencia y trabajo, aunque no cumplía con los requisitos mínimos que exige la Ley de Extranjería para expedir la nueva licencia. La jueza tuvo en cuenta su dificultad para hallar trabajo en plena crisis.
Cuando Said trató de renovar su permiso, en agosto de 2008, había cotizado apenas 143 días en los últimos dos años. El mínimo legal para mantener los papeles en regla son 180 días. El resto de requisitos los cumplía: disponía de un contrato de trabajo en vigor de más de año, no había abandonado voluntariamente el empleo por el que se le dio el permiso inicial y había buscado “activamente” empleo, según la sentencia que dictó el tribunal el jueves pasado.
En su escrito, la jueza, Begoña Diaz Aisa, insta a la Delegación de Gobierno a regularizar la situación de Said, apelando al impacto que la crisis económica ha tenido en el colectivo inmigrante. La magistrada recurrió para ello a la “interpretación flexible de la norma” que permite el artículo 3 del Código Civil: “Las normas se interpretarán según [...]la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.
El requisito de tener un contrato en vigor para renovar los permisos de residencia y trabajo está provocando que, al igual que Said, decenas de miles de inmigrantes estén cayendo en la irregularidad en los últimos meses como consecuencia de la falta de empleo.
El abogado del marroquí, Javier Galparsoro, califica la sentencia de “hito histórico” y asegura que es la primera resolución hecha pública que flexibiliza la Ley de Extranjería por sensibilidad con los inmigrantes en tiempo de crisis.
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, un órgano consultivo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ya solicitó al Gobierno en un informe de diciembre de 2008 que hiciese esta “interpretación flexible” de las condiciones que fija la ley. De lo contrario, “los inmigrantes que perdiesen sus trabajos no podrían renovar sus permisos de residencia”, incide Galparsoro.
El paro del colectivo foráneo era entonces del 12%. En los últimos dos años, ha crecido hasta tasas cercanas al 30%, diez puntos más que la media española.
Said llegó a España en 2002 y regularizó su situación en 2005, gracias al proceso extraordinario de normalización del Gobierno, que regularizó a cerca de 700.000 inmigrantes. En 2006 logró la primera renovación de sus papeles, para un periodo de dos años. Siempre ha trabajado en la construcción, uno de los sectores donde el impacto de la crisis ha sido más fuerte. En 2008, cuando empezó la hecatombe laboral, le despidieron y regresó a Marruecos para cuidar de su padre, que acababa de sufrir una embolia. A su regreso a Ondarroa (Bilbao), en verano del mismo año, trató de renovar su permiso y se topó con la negativa de la Administración.
Durante ocho meses, estuvo inscrito en 12 empresas de trabajo temporal y en el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM. Según la jueza que ha respaldado su demanda, esto prueba que fue la crisis, y no la disposición del trabajador, la que le impidió encontrar trabajo.
Aunque la sentencia dé esperanza a miles de inmigrantes, Galparsoro exhibe sus miedos: “Tengo la convicción de que el Estado, como siempre, recurrirá”.
Publicado por Publico.es
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