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Una abogada empleada de la Suprema Corte de Justicia denunció que fue separada de sus funciones, el pasado viernes por pertenecer al a un movimiento cívico, de conciencia ciudadana, llamado "TOY JARTO PERO CREO EN MI PAÍS".

La joven abogada envió una carta a El Nuevo Diario haciendo la denuncia, la cual reproducimos a continuación.

Este es mi testimonio como ciudadana y ex empleada de la Suprema Corte de Justicia, de la cual fui separada de mis funciones el pasado viernes 6 de enero del 2009 por pertenecer a un movimiento cívico, de conciencia ciudadana, llamado "TOY JARTO PERO CREO EN MI PAÍS".

Soy una joven abogada preocupada, como muchos otros, por el clima de corrupción e impunidad que opera en República Dominicana, y esa preocupación me llevó a formar parte de un movimiento de ideales patrióticos, que lucha por los derechos ciudadanos y por el respeto a las leyes.

Para mi sorpresa, y con mucha decepción, el más alto tribunal de nuestro país, cabecera del Poder Judicial, guardiana de la Ley Constitucional Dominicana, ha calificado mis acciones, amparadas por la Constitución, como desleales e incompatibles con la institución.

Como profesional en ciencias jurídicas entiendo y tengo la plena conciencia de que los ciudadanos no solo estamos facultados a ejercer nuestros derechos ciudadanos y sociales, sino que estamos obligados a reclamarlos y exigirlos cuando éstos son vulnerados y debemos cuestionar a aquellos que lo hacen; y que la Suprema Corte de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, debe proteger y respetar tales prerrogativas, en lugar de llegar a esparcir una intolerancia que no se corresponde con la misión de la institución, que es proteger los derechos de los ciudadanos, no constreñirlos.

Si las distintas instituciones que conforman al Estado Dominicano, para mi caso particular la Suprema Corte de Justicia, entienden que sus deberes institucionales se encuentran por encima de los derechos fundamentales de todo ciudadano y ciudadana, es que definitivamente ha llegado el momento de propiciar un nuevo liderazgo que impulse un cambio de mentalidad para que con ello, se inicien nuevas y buenas prácticas. Es que definitivamente debemos abrir los ojos y cuestionar el Estado en el que vivimos.

Hago esta declaración porque quiero proteger a otros ciudadanos y ciudadanas que también poseen un empleo en el Estado. Mi propósito no es la reposición en mis labores, sino la protección del derecho a la libre expresión de todos nosotros. Lo que me ha sucedido a mí es un paradigma con el que tenemos que romper. Todos los empleados públicos trabajan para el Estado y el Estado tiene dolientes, sus ciudadanos, que somos cada uno de nosotros. Por tanto, no dejemos que las órdenes nos lleven a violentar derechos; que los intereses nos hagan violentar las leyes; que los deberes institucionales se superpongan por encima de nuestra dignidad y derechos fundamentales, y cuando eso suceda cuestiónenlos y por sobre todo no callen.

No tengo ninguna instancia judicial a la cual recurrir, porque la instancia que se supone garante de mi derecho constitucional ha sido quien ha promovido su negación por medio de una intolerancia ilimitada. Hoy, mi derecho a la libre expresión fue violentado, mañana puede ser el tuyo. No lo permitas.

Elizabeth Mateo Pérez

Ciudadana

Coordinadora General Movimiento Cívico Toy Jarto